Cuba se alineó el viernes en Ginebra por octava ocasión con Rusia y China, en la pequeña minoría de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votan en contra de resoluciones de condena al régimen sirio de Bashar al-Assad por sus violaciones de derechos humanos en el conflicto interno de ese país.
En esta ocasión el Consejo extendió por seis meses el mandato de su investigación sobre crímenes de guerra en Siria, y condenó los abusos cometidos por fuerzas del gobierno sirio a lo largo del conflicto. Una resolución presentada por los países árabes obtuvo en el foro de 47 miembros, 41 votos a favor, tres abstenciones, y los ya habituales votos en contra de Moscú, Pekín y La Habana.
La resolución "condena en los términos más severos el número creciente de masacres en Siria" y pide que se "extienda" el mandato de la comisión, para que continúe documentando las "graves violaciones de los derechos humanos" y presente un informe actualizado de la situación en la próxima sesión del Consejo.
El embajador sirio, Faysal Jabbaz, rechazó el texto como altamente politizado y selectivo alegando que no traduce la realidad sobre el terreno.
Desde que el organismo encomendó hace un año la pesquisa, encabezada por el jurista brasileño Paulo Pinheiro, han sido entrevistadas más de mil víctimas, refugiados y desertores, a pesar de que a los investigadores se les ha negado le entrada en Siria.
Además de renovar el mandato, el Consejo decidió reforzar la comisión dotándola de más recursos y financieros y al menos dos expertos más. Sus miembros realizan las investigaciones entrevistando personalmente a refugiados y disidentes que se encuentran en los países vecinos, o telefónicamente a personas que aún permanecen en el interior del país.
La embajadora de Estados Unidos, Eileen Chamberlain Donahoe, resaltó la importancia de la tarea de la comisión investigadora, porque “mientras sigue documentando los nombres de los individuos responsables, ayuda a asegurar que no primará la impunidad, sino que los que cometieron crímenes contra el pueblo sirio se enfrentarán a la justicia”.
En su discurso de explicación a su voto contrario, la delegación rusa se refirió a la matanza de Houla a fines de mayo, en la que murieron centenares de civiles, y negó que se pueda concluir que las fuerzas del régimen fueran las responsables. La resolución aprobada este viernes condena dicha matanza y recuerda que la comisión investigadora comprobó que las milicias Shabbiha, controladas por el Ejército, fueron las responsables.
Cuando el Consejo condenó en mayo la matanza de Houla, con los mismos votos contrarios chino, ruso y cubano, la agencia Notimex entrevistó acerca de la posición de Cuba al jurista español Fernando Mariño, uno de los miembros del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
El catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, describió el voto de La Habana como una decisión política, fruto de una visión que divide al mundo en dos, amparándose en las doctrinas de no intervención y soberanía.
En la XVI Cumbre del Movimiento No Alineado en Teherán el pasado agosto, el número dos del gobierno de Raúl Castro confirmó esa perspectiva.
Tras acusar a las potencias occidentales de utilizar “mortíferas guerras para fragmentar naciones con el fin de recolonizar territorios y restablecer zonas de influencia”, José Ramón Machado Ventura enfatizó que “los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados son inviolables”.
Mariño, el experto consultado en junio por Notimex sobre la posición de Cuba, señaló en aquella entrevista que el gobierno de la isla no distingue los crímenes de los que no lo son, sino que se enfoca en distinguir el campo amigo del enemigo, una distinción que –dijo--no se puede aplicar al tema de los derechos humanos.
En esta ocasión el Consejo extendió por seis meses el mandato de su investigación sobre crímenes de guerra en Siria, y condenó los abusos cometidos por fuerzas del gobierno sirio a lo largo del conflicto. Una resolución presentada por los países árabes obtuvo en el foro de 47 miembros, 41 votos a favor, tres abstenciones, y los ya habituales votos en contra de Moscú, Pekín y La Habana.
La resolución "condena en los términos más severos el número creciente de masacres en Siria" y pide que se "extienda" el mandato de la comisión, para que continúe documentando las "graves violaciones de los derechos humanos" y presente un informe actualizado de la situación en la próxima sesión del Consejo.
El embajador sirio, Faysal Jabbaz, rechazó el texto como altamente politizado y selectivo alegando que no traduce la realidad sobre el terreno.
Desde que el organismo encomendó hace un año la pesquisa, encabezada por el jurista brasileño Paulo Pinheiro, han sido entrevistadas más de mil víctimas, refugiados y desertores, a pesar de que a los investigadores se les ha negado le entrada en Siria.
Además de renovar el mandato, el Consejo decidió reforzar la comisión dotándola de más recursos y financieros y al menos dos expertos más. Sus miembros realizan las investigaciones entrevistando personalmente a refugiados y disidentes que se encuentran en los países vecinos, o telefónicamente a personas que aún permanecen en el interior del país.
La embajadora de Estados Unidos, Eileen Chamberlain Donahoe, resaltó la importancia de la tarea de la comisión investigadora, porque “mientras sigue documentando los nombres de los individuos responsables, ayuda a asegurar que no primará la impunidad, sino que los que cometieron crímenes contra el pueblo sirio se enfrentarán a la justicia”.
En su discurso de explicación a su voto contrario, la delegación rusa se refirió a la matanza de Houla a fines de mayo, en la que murieron centenares de civiles, y negó que se pueda concluir que las fuerzas del régimen fueran las responsables. La resolución aprobada este viernes condena dicha matanza y recuerda que la comisión investigadora comprobó que las milicias Shabbiha, controladas por el Ejército, fueron las responsables.
Cuando el Consejo condenó en mayo la matanza de Houla, con los mismos votos contrarios chino, ruso y cubano, la agencia Notimex entrevistó acerca de la posición de Cuba al jurista español Fernando Mariño, uno de los miembros del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
El catedrático de Derecho Internacional en la Universidad Carlos III de Madrid, describió el voto de La Habana como una decisión política, fruto de una visión que divide al mundo en dos, amparándose en las doctrinas de no intervención y soberanía.
En la XVI Cumbre del Movimiento No Alineado en Teherán el pasado agosto, el número dos del gobierno de Raúl Castro confirmó esa perspectiva.
Tras acusar a las potencias occidentales de utilizar “mortíferas guerras para fragmentar naciones con el fin de recolonizar territorios y restablecer zonas de influencia”, José Ramón Machado Ventura enfatizó que “los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados son inviolables”.
Mariño, el experto consultado en junio por Notimex sobre la posición de Cuba, señaló en aquella entrevista que el gobierno de la isla no distingue los crímenes de los que no lo son, sino que se enfoca en distinguir el campo amigo del enemigo, una distinción que –dijo--no se puede aplicar al tema de los derechos humanos.