La corrupción política en España está desatada. Pero aunque ahora resuene con más fuerza en nuestros periódicos, ha estado allí siempre y con la misma intensidad. Lo que probablemente nadie paraba tanta atención al asunto. Los escándalos económicos, la mezcla de intereses políticos con el dinero se revelan, en un momento de crisis profunda, de manera más descarnada, y así la indignación aumenta, la desconfianza de la ciudadanía no para de crecer. Nunca como antes habíamos tenido tanto interés en conocer dónde está todo el dinero y qué hacen nuestros políticos con él y quién fue el avaricioso que se lo comió todo.
Ahora bien, este es un problema de comportamiento humano, y no de sistema democrático, en el sentido de que no es la democracia la que conduce a esta situación, sino al revés, el déficit democrático es lo que facilita que la corrupción se extienda sin control. Al leer la prensa cubana uno se puede llevar la idea contraria, pretenden hacer pasar los problemas de corrupción y económico como una tara del sistema. No es así. Por el momento, en España tenemos las herramientas suficientes para hacer frente al temporal. Hay medios y periodistas que indagan y publican informaciones comprometedoras para los partidos políticos, todos, y existen instancias judiciales que procesan a personalidades públicas sean quienes sean, como es el caso, por ejemplo, del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Doña Cristina.
Es importante preservar las instituciones democráticas y una de ellas es la prensa y la libre circulación de información, así como también la opinión. Proteger la pluralidad y defender el derecho a expresarse de los demás como si fuera el nuestro. Cuando alguien denuncia un caso de corrupción no está denunciando algo que le compete única y exclusivamente a él, está denunciando algo que nos afecta a todos. Hay que impedir por todas las vías posibles que el Estado pueda cercenar nuestra libertad de expresión y el acceso a la información, hay que situar la transparencia como valor central de nuestras democracias. Es preciso marginar las intenciones de aquellos que han cogido la política para llevar a cabo sus proyectos vitales acomodaticios y lo que es peor, a costa del esfuerzo y sacrificio de los demás.
Cuba está lejos de tener la posibilidad de denunciar e investigar la corrupción política. Los casos que se han conocido hasta el momento han sido solo a través de sucintas notas informativas publicadas en el periódico oficial Granma. Notas que se publican por indicación y que quieren dar a entender que se actúa contra la corrupción que lo corrompe absolutamente todo. De todas formas, es sabido que la justicia en Cuba no es la misma para todos y los casos en los que estén vinculados los altos dirigentes del régimen no llegan a conocimiento general. El sistema cubano ha cortado todas las vías para que la verdad pueda ser de conocimiento público. En este sentido, no queda más que confiar en que en este horizonte que algunos perciben de “apertura” y de “cambios” en Cuba se introduzca también algo que tenga que ver con esto: la capacidad de todos de conocer, de saber, de opinar y expresarse en contra de lo que va contra todos.
Ahora bien, este es un problema de comportamiento humano, y no de sistema democrático, en el sentido de que no es la democracia la que conduce a esta situación, sino al revés, el déficit democrático es lo que facilita que la corrupción se extienda sin control. Al leer la prensa cubana uno se puede llevar la idea contraria, pretenden hacer pasar los problemas de corrupción y económico como una tara del sistema. No es así. Por el momento, en España tenemos las herramientas suficientes para hacer frente al temporal. Hay medios y periodistas que indagan y publican informaciones comprometedoras para los partidos políticos, todos, y existen instancias judiciales que procesan a personalidades públicas sean quienes sean, como es el caso, por ejemplo, del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, marido de la Infanta Doña Cristina.
Es importante preservar las instituciones democráticas y una de ellas es la prensa y la libre circulación de información, así como también la opinión. Proteger la pluralidad y defender el derecho a expresarse de los demás como si fuera el nuestro. Cuando alguien denuncia un caso de corrupción no está denunciando algo que le compete única y exclusivamente a él, está denunciando algo que nos afecta a todos. Hay que impedir por todas las vías posibles que el Estado pueda cercenar nuestra libertad de expresión y el acceso a la información, hay que situar la transparencia como valor central de nuestras democracias. Es preciso marginar las intenciones de aquellos que han cogido la política para llevar a cabo sus proyectos vitales acomodaticios y lo que es peor, a costa del esfuerzo y sacrificio de los demás.
Cuba está lejos de tener la posibilidad de denunciar e investigar la corrupción política. Los casos que se han conocido hasta el momento han sido solo a través de sucintas notas informativas publicadas en el periódico oficial Granma. Notas que se publican por indicación y que quieren dar a entender que se actúa contra la corrupción que lo corrompe absolutamente todo. De todas formas, es sabido que la justicia en Cuba no es la misma para todos y los casos en los que estén vinculados los altos dirigentes del régimen no llegan a conocimiento general. El sistema cubano ha cortado todas las vías para que la verdad pueda ser de conocimiento público. En este sentido, no queda más que confiar en que en este horizonte que algunos perciben de “apertura” y de “cambios” en Cuba se introduzca también algo que tenga que ver con esto: la capacidad de todos de conocer, de saber, de opinar y expresarse en contra de lo que va contra todos.
