Un fuerte sentimiento de indignación e impotencia es lo que genera el conocer los nuevos detalles del caso del accidente que costó la vida a Oswaldo Payá y Harold Cepero. Las nuevas declaraciones de Ángel Carromero nos dan más datos sobre la truculencia del suceso y arrojan nueva luz sobre el proceder del régimen en un caso que requiere una investigación internacional pero, además, que sea llevada a cabo por expertos totalmente imparciales, sin ningún tipo de enlace con el gobierno cubano.
Está claro que lo de la investigación del asunto con plenas garantías entra hoy por hoy en el capítulo de los sueños irrealizables, porque se le pide justicia y verdad precisamente a un ente, el llamado artificiosamente como “gobierno cubano”, que promueve todo lo contario, es decir, la injusticia y, que además, basa su existencia en la mentira. Es poco probable que entestarse en llamar y considerar gobierno a la asociación de individuos que maneja los hilos del poder en la Isla sea el mejor camino para esclarecer los hechos. Pero es evidente que no queda otra solución. Con esa gente habrá que verse las caras.
Ahora bien, ¿se les puede obligar? ¿Se les puede de algún modo coaccionar para que esa exploración se lleve a cabo en Cuba de forma segura y confiable? ¿Por qué un gobierno ilegal –de acuerdo a su mantenimiento en el poder en base a un sistema antidemocrático- dispone todavía de este margen de actuación e impunidad frente a una población sin instrumentos para defenderse, ni tan siquiera de una mínima libertad de expresión? La familia Payá habla de nuevos testimonios que han ido llegando progresivamente en los últimos meses desde dentro de la Isla. Está claro que habría que procurar inmediatamente protección a esas personas, dado que sus versiones serían relevantes para determinar lo que pasó ese fatídico 22 de julio en las proximidades de Bayamo.
Hasta este momento no se ha producido una reacción por parte del régimen a las nuevas declaraciones de Carromero, pero está claro que no van a dar fácilmente su brazo a torcer, acostumbrados como están a que nadie se decida a meterlos en cintura y a sacar pecho incluso cuando todas las evidencias están al descubierto. Van a usar la militancia de Carromero en un partido conservador para desviar la atención y, ayudados por sus contactos en España, van a insistir en el asunto del carnet retirado y en otros detalles como que los diplomáticos españoles calificaron de impecable el proceso judicial llevado a cabo por la dictadura.
Resulta entonces muy poco probable que la verdad sobre el caso Payá pueda determinarse en poco tiempo, básicamente porque no existe una voluntad política internacional para que se esclarezca. Tampoco resulta probable, aunque sería una sorpresa agradable si así sucediera, que la Audiencia Nacional española admitiera a trámite una virtual querella de los Payá contra las autoridades cubanas. Hay que recordar, en este sentido, que tenemos precedentes en este ámbito. En 2007 esta misma Audiencia Nacional ya archivó una querella contra Fidel Castro presentada por un grupo opositor en el exilio denunciando las muertes de un grupo de prisioneros cubanos en los hechos de la Bahía de Cochinos en 1961.
En este asunto no faltará tampoco la ayuda que cierta prensa española del ala izquierda prestará, como es de costumbre, a la casta castrista de la que jamás son capaces de emitir juicios adversos. Es curioso que aquellos que sistemáticamente critican gobiernos e instituciones democráticas (y está bien que así sea) no encuentren ni el más mínimo motivo para dudar de la palabra de un régimen comandado desde 1959 por una pandilla de militares cuyos miembros hoy ya se acercan a su cien aniversario. Si por un momento esta gente se pusiera al lado de la justicia, quizás entonces estaríamos unos pasos más cerca de la verdad. De momento, a esperar y confiar en un nuevo giro.
Está claro que lo de la investigación del asunto con plenas garantías entra hoy por hoy en el capítulo de los sueños irrealizables, porque se le pide justicia y verdad precisamente a un ente, el llamado artificiosamente como “gobierno cubano”, que promueve todo lo contario, es decir, la injusticia y, que además, basa su existencia en la mentira. Es poco probable que entestarse en llamar y considerar gobierno a la asociación de individuos que maneja los hilos del poder en la Isla sea el mejor camino para esclarecer los hechos. Pero es evidente que no queda otra solución. Con esa gente habrá que verse las caras.
Ahora bien, ¿se les puede obligar? ¿Se les puede de algún modo coaccionar para que esa exploración se lleve a cabo en Cuba de forma segura y confiable? ¿Por qué un gobierno ilegal –de acuerdo a su mantenimiento en el poder en base a un sistema antidemocrático- dispone todavía de este margen de actuación e impunidad frente a una población sin instrumentos para defenderse, ni tan siquiera de una mínima libertad de expresión? La familia Payá habla de nuevos testimonios que han ido llegando progresivamente en los últimos meses desde dentro de la Isla. Está claro que habría que procurar inmediatamente protección a esas personas, dado que sus versiones serían relevantes para determinar lo que pasó ese fatídico 22 de julio en las proximidades de Bayamo.
Hasta este momento no se ha producido una reacción por parte del régimen a las nuevas declaraciones de Carromero, pero está claro que no van a dar fácilmente su brazo a torcer, acostumbrados como están a que nadie se decida a meterlos en cintura y a sacar pecho incluso cuando todas las evidencias están al descubierto. Van a usar la militancia de Carromero en un partido conservador para desviar la atención y, ayudados por sus contactos en España, van a insistir en el asunto del carnet retirado y en otros detalles como que los diplomáticos españoles calificaron de impecable el proceso judicial llevado a cabo por la dictadura.
Resulta entonces muy poco probable que la verdad sobre el caso Payá pueda determinarse en poco tiempo, básicamente porque no existe una voluntad política internacional para que se esclarezca. Tampoco resulta probable, aunque sería una sorpresa agradable si así sucediera, que la Audiencia Nacional española admitiera a trámite una virtual querella de los Payá contra las autoridades cubanas. Hay que recordar, en este sentido, que tenemos precedentes en este ámbito. En 2007 esta misma Audiencia Nacional ya archivó una querella contra Fidel Castro presentada por un grupo opositor en el exilio denunciando las muertes de un grupo de prisioneros cubanos en los hechos de la Bahía de Cochinos en 1961.
En este asunto no faltará tampoco la ayuda que cierta prensa española del ala izquierda prestará, como es de costumbre, a la casta castrista de la que jamás son capaces de emitir juicios adversos. Es curioso que aquellos que sistemáticamente critican gobiernos e instituciones democráticas (y está bien que así sea) no encuentren ni el más mínimo motivo para dudar de la palabra de un régimen comandado desde 1959 por una pandilla de militares cuyos miembros hoy ya se acercan a su cien aniversario. Si por un momento esta gente se pusiera al lado de la justicia, quizás entonces estaríamos unos pasos más cerca de la verdad. De momento, a esperar y confiar en un nuevo giro.
