Una lluvia de detonaciones sacudió a Dilcia Holanda Mendoza la mañana del 14 de julio de 2006. En medio de las ráfagas continuas, Mendoza reconoció la voz de su hijo Carlos Alberto, de 19 años.
"En lo que suena ese disparo, yo escucho el grito de mi hijo que dice: ¡Nooo! Y yo digo: ¡Dios mío, es Carlitos! Y empiezo a pegar gritos: No me maten a mi hijo. Ese es mi hijo, no lo maten”.
Mendoza corrió por las empinadas escalinatas que la llevaban desde su casa hasta el lugar donde sospechaba provenía el fuego, pero no había rastros de Carlos Alberto, quien aquel día, se preparaba para inscribirse en clases de Criminalística.
Pero oficiales de la extinta Policía Metropolitana se toparon con él, en medio de allanamientos para dar con el paradero de delincuentes, en la barriada del oeste de Caracas donde vivía. Según testigos, el joven fue sometido por los uniformados y encerrado en una vivienda de la zona. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Al cabo de unas horas, Mendoza supo que su hijo había muerto.
Desde ese momento, hace 16 años, y hasta hoy, Mendoza ha perdido la cuenta de cuántas veces ha visitado los órganos de justicia de Venezuela para exigir una investigación.
"Yo dejé el cadáver de mi hijo aún tibio y me dirigí a hacer las respectivas denuncias", relató a la VOA.
Según la versión oficial, Carlos Alberto fue abatido en un enfrentamiento con las autoridades. Sin embargo, Mendoza tiene en su poder los informes forenses que le hacen dudar de esa versión.
"Mi hijo tenía 9 agujeros en su cuerpo, nueve impactos de bala", dijo.
De acuerdo con el centro de investigación Monitor de Fuerza Letal, este tipo de procedimientos, en los que los uniformados entran disparando a las barriadas en busca de criminales, no ha resuelto el problema de la inseguridad en Venezuela, pero sí ha dejado cifras alarmantes. Según un informe de esta organización, en Venezuela un tercio de los asesinatos que se cometen se le atribuyen a policías o militares.
“Vemos con extrema preocupación lo que sucede en Venezuela. Es un caso extremo que debería ser revertido. Un gobierno que se dice popular hace un uso excesivo de la fuerza en áreas marginales”, dijo a la VOA Ignacio Cano, miembro del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y parte del equipo de Monitor de Fuerza Letal.
"Por cada agente público muerto, víctima de homicidio en un enfrentamiento, hay más de 30 a 40 civiles muertos. El límite aceptable es de 10 a 1. Más de 10 a 1, se considera que hay un exceso de la fuerza letal. El siguiente país es el Salvador con 20”, detalla Cano.
