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ONU condena que régimen de Daniel Ortega se niegue a cooperar con investigaciones de la organización


Manifestantes ayudan a un hombre herido durante una protesta contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 21 de enero de 2019.
Manifestantes ayudan a un hombre herido durante una protesta contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 21 de enero de 2019.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura han condenado de forma conjunta que el Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, se niegue a cooperar con las investigaciones de los dos organismos.

"Es la primera vez que los dos órganos adoptan una acción conjunta respecto de un Estado parte que no coopera", ha especificado el presidente del Comité, Claude Heller, agregando que, "en vista de la gravedad de la situación", han decidido publicar un informe confidencial sobre la visita del Subcomité al país en 2014.

Por su parte, la presidenta del Subcomité, Suzanne Jabbour, ha alegado que esta decisión "tendrá un efecto preventivo". "Esperamos que pueda ser útil para todos los agentes en el terreno", ha indicado, explicando que Nicaragua no aportó "la información requerida" sobre las recomendaciones formuladas tras dicha visita.

El organismo también ha explicado que en julio Nicaragua se negó a enviar una delegación para participar en la revisión de un informe periódico del Comité, por lo que se examinó el texto en ausencia del Estado y se transmitieron las observaciones finales a las autoridades, que tampoco remitieron una respuesta.

El Comité ya lamentó el viernes en otro comunicado que Nicaragua ignorara su obligación de informar sobre el proceso bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Asimismo también expresó preocupación por la violencia policial, los actos de tortura y las detenciones arbitrarias durante las manifestaciones de abril de 2018, a la par que instó a las autoridades a garantizar los derechos de todas las personas detenidas.

(Europa Press)

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