29 de julio, 2014
Estimado Sr. Secretario:
Aunque muchos desafíos apremiantes en todo el mundo requieren su atención, le instamos a emplear todas las herramientas diplomáticas, políticas y económicas a su disposición para hacer frente a los continuos ataques contra los derechos humanos en Venezuela.
Desde febrero de este año, los ciudadanos de Venezuela salieron a las calles de su país para protestar contra los alarmantes índices de crimen y violencia, los crecientes niveles de inflación y las penurias económicas y la escasez generalizada de alimentos y bienes de consumo esenciales que habían llegado a caracterizar su realidad cotidiana.
En lugar de atender las legítimas preocupaciones de sus ciudadanos, el Gobierno de Venezuela respondió con un apabullante despliegue de brutalidad y represión que fue visto alrededor del mundo. las tropas de seguridad del gobierno utilizaron reiteradamente fuerza excesiva contra los manifestantes, incluyendo detenciones ilegales, violentas golpizas, disparos a quemarropa de armas de fuego y balas de goma, casos documentados de tortura y asesinatos extrajudiciales.
En su informe publicado en mayo, Human Rights Watch encontró que las fuerzas de seguridad venezolanas habían participado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos dirigidas a "castigar a las personas por sus opiniones políticas". En muchos casos, el sistema judicial venezolano fue cómplice de estos abusos, encarcelando a manifestantes por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de reunión.
Aunque las protestas callejeras han sido menos visibles en los últimos meses, la cifra total de manifestaciones en el país supera ya las 6.000 en el 2014, y más de 100 presos políticos continúan en las cárceles. El gobierno ha destituido de forma ilegal a legisladores y alcaldes de la oposición. Y hasta la fecha, ni un solo funcionario del gobierno venezolano o miembro de las fuerzas de seguridad ha tenido que rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos desde principios de año.
Además, la semana pasada el gobierno venezolano inició su juicio orquestado contra el líder opositor y preso de conciencia Leopoldo López. Después de mantenerlo encarcelado en una prisión militar por cinco meses, la juez Susana Barreiro se ha negado a permitir que López y su abogado presenten prueba alguna en su defensa. Esta subversión de la justicia no es de extrañar, pues, como escribió recientemente en el Washington Post la esposa de López, Lilian Tintori, "para un preso político en Venezuela no existen la presunción de inocencia ni las garantías procesales”.
Aunque líderes de América del Sur y representantes vaticanos han tratado de mediar en el diálogo entre el presidente Maduro, sus aliados y la oposición política, estos esfuerzos fueron abandonados hace más de un mes, después de que no se llegara a ningún resultado tangible.
Mientras el deterioro de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela continúa impunemente, los Estados Unidos deben mostrar liderazgo y enviar una enérgica señal en defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Le instamos a utilizar las facultades existentes de que dispone la Administración para imponer sanciones específicas contra las personas que han sido cómplices de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Estamos listos para apoyar sus acciones.
Sinceramente,
Senadores Robert Menendez; Marco Rubio; Bill Nelson; Ted Cruz; Benjamin L. Cardin; Lamar Alexander; Tim Kaine; John McCain; Mark Kirk