El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, avisó hoy que la "represión" en Nicaragua podría llevar a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que contempla gestiones diplomáticas contra un Estado miembro.
"Hoy sucede algo terrible en Nicaragua, ya es demasiada la sangre en Nicaragua, llegó la hora de exigir y reclamar y solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia, nada surge de eso, ni gloria, ni historia, sólo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse y democratizarse", afirmó Almagro.
"La continuidad de las políticas represivas obligará a acudir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana", añadió Almagro, que intervino al finalizar una sesión del Consejo Permanente sobre Nicaragua.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.
Su artículo 20 establece que el secretario general, o cualquier Estado miembro de la OEA, puede pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización "se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
Entonces, el Consejo Permanente decide si existe esa "alteración" del orden democrático y, a partir de entones, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.
De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA y en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que "se ha producido la ruptura del orden democrático".
Los cancilleres de las Américas intentaron abrir el proceso para suspender a Venezuela durante una reunión en Cancún (México) en 2017, pero ese intentó fracaso.
Sin embargo, en la Asamblea General celebrada en junio en Washington, la OEA aprobó una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela.
Esa resolución, de por sí, no supuso el inicio del proceso formal de salida de Venezuela, pero constituye un compromiso formal de los países para suspender al país caribeño, la mayor sanción de la que dispone la OEA y que, en sus 70 años de historia, solo ha aplicado a dos países: Cuba y Honduras.
Venezuela, sin embargo, ya pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones procedimentales no será efectiva hasta dos años después, en 2019.
(Con información de la agencia EFE)
