Este lunes vuelve a entrar en vigor la medida del anterior gobierno estadounidense, en virtud del cual los solicitantes de asilo en EE. UU. están obligados a esperar la resolución de sus casos en México.
CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO — Miles de migrantes siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Uno de ellos, José Chávez, cuenta desde Ciudad Juárez que lo último que quiere después de haber pasado dificultades y peligros, es “quedarse en México”, en alusión a la orden de un juez que, desde el lunes 6 de diciembre, obliga a quienes cruzan la frontera para solicitar asilo a esperar en México por sus audiencias procesales.
“Siempre tengo miedo, como este lugar es bastante peligroso por las noticias que se escuchan y yo tengo miedo salir a trabajar”, dijo a la Voz de América Chávez.
La orden judicial obligó a la restitución de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), más conocido como el programa Permanecer en México, y tiene a la Casa Blanca, a miles de migrantes y a entidades humanitarias ante una nueva encrucijada.
“El hecho es que esta Administración no sólo está reimplementando el programa que ha sido fallido, porque ha puesto a migrantes y refugiados en peligro, sino que ahora también se expande, hacia otras comunidades como la haitiana y la brasileña”, lamentó ante la VOA Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
La postura de la Casa Blanca
Sin embargo, tras la orden judicial, el actual secretario del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, criticó el programa, que fuera instaurado bajo la Administración del republicano Donald Trump.
Al llegar a la presidencia en enero pasado, el presidente Joe Biden prometió emprender una reforma inmigratoria, basada en mecanismos más humanos y viables.
“Esta Administración está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario. El MPP no ayuda a lograr este objetivo", sentenció Mayorkas en una declaración en octubre pasado.
Alrededor de 70.000 solicitantes de asilo han estado sujetos a la norma, que una vez que entre nuevamente en vigor el próximo lunes, se aplicará en ciudades limítrofes con Texas, Arizona y California.
Desde la oposición, en la parte republicana, las críticas a la administración demócrata se han enfilado en calificar de "crisis humanitaria", lo sucedido en la frontera sur, con la masiva afluencia de migrantes, procedentes principalmente de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala).
Vaticinio: ¿una crisis?
Aunque los nuevos términos del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos refuerzan la atención humanitaria -incluida la salud- y las medidas de seguridad; los refugios ya no dan abasto con la demanda de ayuda.“El regreso de campamentos de refugiados (...) no van a tener agua potable, medicina, comida, ni apoyo legal en condiciones deplorables”, señaló García, el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
Para los activistas, la preocupación aumenta al estar activo también el Título 42, una norma implementada en marzo de 2020 tras la declaración de la pandemia de coronavirus, y que, según ellos, deja sin derecho a pedir asilo a los inmigrantes.
“Es falso esto de que las personas tienen acceso a una corte, porque es muy difícil encontrar abogado, y es muy difícil pelear tu caso cuando no sabes, cuando no tienes la seguridad para ti, ni para tu familia”, declaró Linda Rivas, directora para las Américas en el Centro de Defensa de Inmigrantes.
Está previsto que Washington asigne 22 jueces para tratar de acelerar estos casos en un plazo de 180 días.
México esgrime razones humanitarias
En consecuencia, las autoridades mexicanas han determinado una temporada de gracia "temporal" a aquellos inmigrantes que lleguen a la nación azteca en busca de asilo.
“El Gobierno de México, por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertas personas que esperarán en México su proceso ante cortes estadounidenses”, dijo en un video divulgado el viernes Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de relaciones Exteriores mexicana.
La decisión fue tomada tras la promesa de la Casa Blanca de atender “las preocupaciones de carácter humanitario” de los solicitantes, explicó el funcionario.
[Con la colaboración de Luis Felipe Rojas, desde Miami, y Celia Mendoza, desde Nueva York.]
