América Latina
¿Qué medidas han sido implementadas contra el Gobierno de Nicaragua a una semana de la ley Renacer?
Tras la aprobación de la ley Renacer por el Congreso de Estados Unidos y la posterior firma del presidente Biden, el Gobierno norteamericano ha empezado a mover ficha para seguir presionando al oficialismo nicaragüense.
MIAMI, EE. UU. — Hace una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que tiene que como objetivo presionar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La medida, que ha recibido el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, ya está teniendo sus efectos.
Sanciones a la Fiscalía y a otros funcionarios
El lunes, pocos días después de entrar en efecto la ley Renacer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba la primera gran decisión: iban a castigar al Ministerio Público y a otros nueve cargos del Gobierno de Nicaragua y varios alcaldes.
Desde EE. UU. se les señala cómo actores clave en los actos de represión que tuvieron lugar durante las marchas pacíficas de 2018, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por las reformas sociales en el país.
La lista completa de afectados es:
- Luis Ángel Montenegro Espinoza: trabaja directamente como funcionario del Gobierno de Nicaragua desde 2007. Había ordenado a los bancos auditar y entregar información de 13 altos ejecutivos y empresarios del país de conformidad con la Ley 1055.
- José Adrián Chavarría Montenegro: es el viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
- Rodolfo Francisco López Gutiérrez: es el gerente de las empresas de distribución eléctrica, propiedad del estado, DISNORTE y DISSUR.
- José Antonio Castañeda Méndez: es el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua.
- Mohamed Farrara Lashtar: es el embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos.
- Salvador Mansell Castrillo: es el ministro de Energía y Minería de Nicaragua.
- Sadrach Zeledon Rocha: es el alcalde de la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). Se considera que él “contribuyó a la violencia contra los nicaragüenses que participaron en las protestas que comenzaron en abril de 2018”.
- Leonidas Centeno Rivera: es el alcalde Jinotega (Nicaragua). Está relacionado con episodios de represión en las protestas de 2018 y “el uso de armamento pesado por parte de paramilitares que mataron a 4 personas”.
- Francisco Ramón Valenzuela Blandón: es el alcalde de Esteli (Nicaragua) y se considera que él fue quién decidió poner a francotiradores para atacar a los manifestantes que salieron a protestar por las calles de esa ciudad en 2018.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., indicó que, como resultado de estas sanciones, “todas las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas”.
“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más de esas personas”, agregaron desde la agencia federal.
Ortega y Murillo, vetados en EE. UU.
Un día después, el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaba una proclama en la que se prohibía expresamente la entrada al país norteamericano al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclama", indicaba el mandatario estadounidense en su escrito oficial.
De nuevo, Biden justifica que “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, en una clara alusión a las acciones represivas que se han agravado en estos últimos tiempos, a medida que se acercaba la cita electoral del 7 de noviembre, contra miembros de la sociedad civil, periodistas y precandidatos presidenciales.
¿Qué funcionarios nicaragüenses no pueden entrar a Estados Unidos?
La suspensión de entrada a EE. UU. también va dirigida a todos los funcionarios electos y su personal, funcionarios del servicio de Seguridad, entre los que se incluyen la Policía, el Ejército y otras fuerzas especiales, así como los grupos paramilitares.
Son enlistados en la prohibición de entrada integrantes del poder Judicial, las penitenciarías y el Ministerio del Interior.
También los integrantes de “agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.
Prórroga a la Emergencia Nacional para Nicaragua
Además de estas medidas restrictivas y punitivas, la Casa Blanca también ha confirmado la prórroga de la Orden Ejecutiva 13851 de Emergencia Nacional contra el Gobierno de Nicaragua.
La disposición fue suscrita en 2018 tras las acciones violentas y represivas de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes que salieron a marchar por el país para expresar su rechazo a la reforma social, que se saldaron con más de 300 personas fallecidas.
¿Por qué se extiende la Emergencia?
A juicio de Biden, la situación en el país centroamericano “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Ya en noviembre del año pasado, el expresidente Donald Trump, que estaba al frente del Gobierno de EE. UU., extendió esta medida.
Demócratas y republican apoyan las medidas
La situación se ha tensionado aún más tras la cita electoral del 7 de noviembre, que fue tildada de “farsa electoral” por la mayoría de países y otros organismos de la comunidad internacional. Este escenario está llevando, como hemos visto, al país norteamericano anunció un paquete de sanciones a la fiscalía y a otros altos funcionarios nicaragüenses.
“Esa elección fue un fraude completo. Casi todos los candidatos serios fueron encarcelados, no es legítimo. Dijeron que el 60 por ciento de la población había votado y creemos que solo lo hicieron el 20 por ciento. Todos los candidatos que se quedaron (sin cárcel) son amigos de Daniel Ortega, así que estoy contento”, dijo el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, en declaraciones a la Voz de América.
Desde las bancadas demócratas el mensaje es muy similar. “Estamos presenciando el peor asalto autoritario de una democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece haber liderado este esfuerzo en el Congreso para actuar decisivamente para que el régimen Ortega-Murillo sepa que habrá consecuencias por la pseudo-coronación de su dictadura dinástica”, comentó por su parte el senador demócrata Bob Menéndez.
¿Impactará a la economía?
El vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, dijo a la VOA que el paquete de sanciones y otras medidas que puedan venir con la ley Renacer debe servir para “moderar el comportamiento” de Managua, así como también “reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos”.
Pese a todo, Farnsworth subraya que esas acciones no están repercutiendo directamente en las arcas públicas de Nicaragua.
“Hasta este punto Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra le economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar”, dijo poniendo como ejemplo las restricciones al comercio del azúcar de ese país a Estados Unidos.
Precisamente, la ley Renacer contempla que desde Estados Unidos se puedan sentar las bases para que, a través de la diplomacia, se puedan promover las elecciones democráticas en Nicaragua y, también, se revise la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.
“El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica que incluye a República Dominicana y que permite a Nicaragua el acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa”, agregó.
“Todas las medidas son positivas”
Muñeca Fuentes, una activista nicaragüense que en los últimos meses ha intensificado su participación desde el exterior para denunciar “los actos violentos y la represión del Gobierno de Nicaragua”, considera que “todo lo que tenga que ver con quitarles la paz a los régimenes de Latinoamérica es positivo”.
Sin embargo, apunta que “el cambio definitivo vendrá por los nicaragüenses” y no por la presión diplomática, tal y como pretende la ley Renacer. “Nicaragua va a ser libre por los nicaragüenses, porque la libertad tiene que venir desde adentro del pueblo”, dijo.
Con todo, dijo estar convencida de que “estas elecciones, a pesar de haberse convertido en un circo electoral, han servido para que la oposición se una” en pro de una “Nicaragua libre y democrática”.
Llamado a una oposición unida
“La verdadera oposición se tiene que unir y creo que estas elecciones falsas son un llamado al pueblo de Nicaragua para que nos unamos los verdaderos opositores”, comentaba la mujer.
María Esperanza Vallejo, otra activista residente en Miami que desde hace tres años y medio protesta semanalmente ante el consulado de Nicaragua por “las atrocidades que está cometiendo el Gobierno de Ortega y Murillo”, también opina que, a pesar de las presiones diplomáticas, “el cambio tiene que venir desde dentro del país”.
Pese a esa postura, celebró que se haya dado luz verde a la ley Renacer por parte de Estados Unidos y que ya se estén viendo sus consecuencias.
El exilio nicaragüense defiende las sanciones
“Cada nicaragüense desde dentro del país está haciendo su parte. Nosotros aquí en el exilio estamos haciendo nuestra parte y pidiendo que apliquen todas las leyes, todas las sanciones posibles al dictador Daniel Ortega y a su cómplice intelectual Rosario Murillo”, comentó la mujer, que reside en el sur de la Florida desde hace más de dos décadas.
Esperanza Juanch, otra exiliada nicaragüense en Miami, Florida, valoró el papel del mundo en poner presión a Managua.
“Tiene que ser también la comunidad mundial la que diga basta. Las sanciones son muy importantes porque Daniel Ortega fue muy vivo e hizo creer a la comunidad internacional que él era democrático y, por eso, todavía hoy recibe millones de dólares de bancos y de instituciones que no usa para el pueblo sino para metérselo en el bolsillo o para asesinar”, afirmó.
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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