Cuba
- Rolando Cartaya
- Iván López
Amnistía Internacional: Díaz-Canel continúa represión en Cuba
La nueva constitución cubana termina limitando los derechos que pretende proteger, señaló en entrevista EXCLUSIVA para Radio Televisión Martí la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
El nombre de Erika Guevara Rosas es familiar y esperanzador para quienes en el continente americano intentan defender sus derechos y libertades frente a los abusos de Estados avasalladores y sus agentes.
Los medios suelen buscar el comentario de Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cada vez que en esta mitad del mundo se suscitan noticias que hunden sus raíces en la situación de los derechos humanos en la región.
Y aunque los abusos en el área se extienden mucho más allá, y tienen orígenes más profundos que los hechos noticiosos y las crisis, la abogada mexicana accedió a hablar con Radio y Televisión Martí sobre varios puntos críticos del mapa hemisférico de los derechos humanos que han estado encendiendo las alarmas.
Cuba
Ustedes han reportado recientemente que entre las formas que tiene el gobierno cubano para silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por ellas. ¿Qué evidencias han tenido a través de los años para llegar a esta conclusión?
Sin duda alguna el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas ante sus obligaciones en materia de derechos humanos; pero por otro lado, y yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades a ir transformando su red de represión de diferentes formas.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en las formas de criminalización contra los activistas defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general; y una son estas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Pero lo que hemos visto es que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular, o inclusive espontáneo, en la defensa de derechos humanos se convierten en enemigos del Estado, y así son tratados por esta red de represión del gobierno, ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además, de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, como los de peligrosidad, cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión, que inclusive afectan a las personas en su habilidad de ejercer su derecho al trabajo, la educación etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización, y en muchos casos terminan pasando un período importante de tiempo en prisión.
Ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el Decreto-Ley 349, que prácticamente criminaliza la actividad artística libre. El señor Díaz-Canel es el responsable porque este decreto-ley se emite ya bajo su administración. Al mismo tiempo, se están tratando de introducir en un proyecto de nueva constitución algunos principios básicos de derechos humanos. Considerando que hay un cuerpo de leyes que criminalizan derechos como la libre expresión, ¿cómo ve laperspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?
Primero, hablar del decreto, que yo creo que es una señal en este mismo proceso de reforma constitucional.
Este Decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba y entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, y en virtud de él todas las personas con actividades artísticas ─colectivos artísticos, quienes se dedican a la música─ tienen que solicitar una probación del Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción relacionada con su actividad artística.
Entonces eso es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y como esas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del Decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, censura, limita la libertad de expresión y que además intenta controlar la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas del gobierno.
Yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que, finalmente, constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país.
Entonces, en este contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que, en nuestras lecturas preliminares de las reformas propuestas, a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos. Pero que cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, encontramos que termina por un lado buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos.
Y le voy a poner un ejemplo muy específico: por un lado la nueva constitución propone que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales; y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas ─es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer e inclusive otras para prevenir y responder a la tortura─ cuando uno lee bien el texto, y su naturaleza y espíritu, dice claramente, en la misma oración, cuando afirma que van a integrarlos a la ley local, que la constitución revisará que estas provisiones de las convenciones internacionales estén “domesticadas”, esto quiere decir, que estén en acuerdo a las provisiones de la ley nacional.
Quiere decir que tomarán en cuenta las convenciones pero tendrán que ser “tropicalizadas” en un contexto en que estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso ya de por sí contraviene las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez que se ha ratificado un convenio, este tiene que ser parte integral de la legislación y en muchos casos es una legislación “supra”, lo que quiere decir que está por encima de las leyes locales.
Y así lo vamos leyendo en el texto: por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado, en la misma oración, termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que, además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Recientemente, en la conclusión del Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra, su representante, Marianne Lilljenberg, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitan a Amnistía Internacional entrar en Cuba; y el Embajador de Cuba finalmente respondió: no le van a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción internacional sobre Cuba esta negativa constante a permitir entrar a organizaciones internacionales e incluso a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas?
Primero, decir, que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la Evaluación Periódica Universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores. Lamentablemente, no fue sorpresa escuchar en las palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas donde no tenemos acceso. Hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno, y nunca nos habían contestado. Así que finalmente hemos tenido una respuesta.
Pero, más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones, a través de las revisiones periódicas universales u otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, el embajador ha dado asimismo respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Yo creo que efectivamente esto constituye no sólo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos. La imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales, una imagen de cierre total, de hermetismo, y una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.
México
El relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?
Efectivamente, sobre la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las comisiones estatales, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades, nosotros en Amnistía Internacional hemos hecho investigación en los últimos años.
El último informe que sacamos fue sobre la tortura sexual. Entrevistamos a cien mujeres que se encuentran encarceladas, y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Estas mujeres están presas con la única evidencia de su testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura: tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del Ejército o de la Policía Federal o estatal.
El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente ha publicado un informe donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde se señala que esa tendencia a obtener testimonios y confesiones a través de la tortura se ha convertido en una práctica normalizada por las autoridades precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero cuando se investigan, son nulos los casos en los que se ha traído a los perpetradores ente la Justicia.
Venezuela
Por último, sobre Venezuela: recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos y Canadá pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro ¿Qué significado tiene esto y qué perspectivas le ve a que progrese esa petición?
Sin duda alguna Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos, las personas allí están enfrentando un contexto de masivas violaciones de derechos humanos en todo sentido: se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias por motivos políticos, ya sean líderes de oposición, o también personas que se ven enfrentadas a la criminalización por simplemente oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales.
Pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis dramática de violaciones a estos derechos, por información inclusive oficial, de los últimos años, en donde se expone información con respecto a la salud que del 2015 al 2016 se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65 %, y de la mortalidad infantil, de más de un 30 %. Estos ya son indicadores gravísimos de la situación.
Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional hacia países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay 1,2 millones de personas, desde Venezuela, en necesidad de protección internacional; y todos los demás países suramericanos donde están buscando esa protección, que hoy día llega según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a 2,3 millones de personas en los últimos cuatro años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años. Estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados, y de graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo la venezolana, la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población.
Ya la fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, antes de la presentación de la denuncia por estos países, y esperamos que la Corte pueda determinar, de manera urgente y lo más pronto posible, si tiene competencia para la investigación, y conocer de estas graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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