Amnistía Internacional denunció que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud "siguieron enfrentándose a un entorno hostil" en 2021 en Nicaragua, y que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega encarceló "arbitrariamente" a algunos de ellos.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, denunció además las condiciones "precarias" en las que se encuentran los opositores encarcelados, los allanamientos a medios de comunicación y la "criminalización" de la que son objetos los defensores de los derechos humanos.
"Con frecuencia se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores de los derechos humanos y periodistas", señaló la organización con sede en Londres.
En el documento, Amnistía recordó que en mayo pasado las autoridades abrieron una investigación sobre la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por acusaciones relacionadas con blanqueo de dinero.
Por ese caso, las autoridades mantienen bajo custodia a la directora de la Fundación, la periodista Cristiana Chamorro, que la semana pasada fue condenada a ocho años de prisión.
Chamorro, vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Asimismo, Amnistía Internacional anotó que las sedes de la revista Confidencial y el programa de televisión "Esta Semana" fueron allanadas en mayo, y que su director, Carlos Fernando Chamorro, se vio obligado a exiliarse de nuevo.
Advirtió en ese sentido que "las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del Gobierno" y que hasta diciembre pasado permanecían en prisión 160 personas "detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018".
En el documento, Amnistía también denunció que los pueblos indígenas siguieron "soportando violencia", y que las autoridades no proporcionaron "información precisa sobre la pandemia de la Covid-19".
