El uso de tarjetas de crédito en Cuba, autorizado por la Administración Obama, no viola la ley del embargo, asegura el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero sus críticos sostienen lo contrario.
Un extenso artículo publicado por El Nuevo Herald sobre el tema y la autorización a empresas hoteleras para operar en Cuba, asegura que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), encargada de supervisar el programa de sanciones contra Cuba “no considera el uso el uso de tarjetas de crédito por los viajeros autorizados en Cuba para adquirir bienes y servicios como transacciones, sujetas a la prohibición establecida en el artículo 103”, del Título 1 de la ley Helms-Burton (The Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act) de 1996.
El artículo, firmado por la periodista Nora Gámez Torres, recuerda que desde enero de 2015 la Administración Obama permitió el uso de tarjetas de crédito y débito en Cuba a los viajeros autorizados, aunque no fue hasta este mes que el banco Stonegate, de la Florida, anunció que sus usuarios podrán usar en la isla una tarjeta de crédito Mastercard.
Expertos legales y analistas políticos citados en el reportaje, no solo discrepan en torno a la legalidad de esta medida, sino también de la licencia que la Administración otorgó a la firma hotelera Starwood para operar dos hoteles en Cuba, uno de ellos en asociación con el Grupo de Turismo Gaviota, que opera las Fuerzas Armadas.
El debate gira en específico en torno al artículo 103 del Título 1 de la Ley Helms-Burton que prohíbe el financiamento indirecto a Cuba.
Para el excongresista Lincoln Díaz-Balart, citado en el artículo, la Administración estaría violando la ley al permitir la extensión de financiamiento (préstamo o crédito) para transacciones en las que se podrían ver involucradas propiedades confiscadas a personas o compañías estadounidenses.
“La prohibición expresada en el artículo 103, no tiene excepciones, por el lenguaje en que está redactado”, dijo, Mauricio Claver-Carone, director del US-Cuba Democracy PAC, quien calificó de “inconsistente” la licencia otorgada a Stawood con la política de “empoderamiento del pueblo cubano”, pues los beneficios no irían al pequeño sector privado sino a una empresa militar.
Para Pedro Freyre, abogado de Ackerman Senterfitt que asesora a compañías con interés en negociar con Cuba, la intepretación de la ley que hace la actual Administración “es la correcta”, porque considera “que la intención del Congreso no era limitar las transacciones de tarjetas de crédito para viajes autorizados”.
"Estudios legales, alineados con ambos lados del debate político sobre Cuba, llegan a conclusiones distintas, pero ambos indican que la sección 103 tendría precedencia", subraya el reportaje.
En enero de 2015, la firma Steptoe & Johnson LLP concluyó que las medidas que autorizan las importaciones cubanas, como el alcohol y el tabaco, y el uso de tarjetas de crédito y débito en Cuba “eran inconsistentes con las prohibiciones en la ley de EEUU relacionadas con financiamiento indirecto de propiedad confiscada en Cuba”.
En ese sentido, El Nuevo Herald cita también un estudio de la firma Hogan Lovells, comisionado en 2011 por el Cuba Study Group, el cual concluyó que aunque el Presidente podría permitir a los bancos de EEUU ofrecer financiamiento a transacciones incidentales a servicios o exportaciones autorizadas a Cuba, “cualquier autorización, sin embargo, estaría sujeta a las prohibiciones en la sección 103 de la ley Helms-Burton”.
“Por el momento, la Administración está ganando el debate sobre qué interpretación de la ley predomina. Una decisión contraria tendría que ser tomada en una corte, y para llegar a ese punto, quienes se oponen a la nueva política reconocen que el camino es largo y arduo”, señaló el reportaje.
