El Senado de Chile aprobó el miércoles tres proyectos de acuerdo sobre la crisis en Venezuela.
La declaración principal fue aprobada por 27 votos a favor, de los senadores del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracias Cristiana; y uno en contra, del senador por el Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro Navarro.
En el texto el Senado chileno “expresa su preocupación por los niveles de conflictividad social y política que vive Venezuela".
Asimismo, “declara su condena por los casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, que ejerciendo el derecho a la protesta social legítima, supuestamente habrían sido abatidos por las fuerzas de seguridad o por milicias armadas; que han sido privados de libertad o conculcado su derecho a la expresión libre de sus ideas”.
“En este sentido –continúa diciendo el proyecto-- solicitamos al gobierno Bolivariano de Venezuela adoptar las medidas necesarias para obtener la libertad inmediata de las personas que se encuentran privadas de libertad por razones políticas, poniendo término a la represión que ejercen tanto los cuerpos de seguridad del Estado como de los grupos paramilitares y/o milicias armadas que actúan como fuerzas de choque, y levantando la censura que afecta a los medios de comunicación cuya actividad ha sido prohibida por parte del gobierno de Venezuela a raíz de sus opiniones políticas".
Los senadores llaman por otra parte a "los opositores de cualquier gobierno” a “emplear medios legítimos y pacíficos de manifestación, respetando siempre la institucionalidad democrática vigente".
La cámara alta del Congreso de Chile también "rechaza cualquier intento de terceras potencias extranjeras de intervenir en el conflicto interno venezolano, por la vía de financiar o armar a grupos radicales, desarrollar operaciones de desestabilización de la democracia en el país".
Previamente se habían aprobado en ese foro por 15 votos a 2, y 16 a 2 respectivamente, dos proyectos de acuerdo que piden al presidente de Chile llamar a consulta al embajador en Venezuela , y solicitar la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA; manifestar su condena de los actos de violencia ocurridos en Venezuela; e insistir con los actores en un diálogo pacífico.
También, requerir la excarcelación de los líderes políticos y estudiantes privados de libertad; y hacer presente al Gobierno de Venezuela su deber de garantizar la seguridad y derechos de todos sus ciudadanos.
La declaración principal fue aprobada por 27 votos a favor, de los senadores del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracias Cristiana; y uno en contra, del senador por el Movimiento Amplio Social (MAS) Alejandro Navarro.
En el texto el Senado chileno “expresa su preocupación por los niveles de conflictividad social y política que vive Venezuela".
Asimismo, “declara su condena por los casos de violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, que ejerciendo el derecho a la protesta social legítima, supuestamente habrían sido abatidos por las fuerzas de seguridad o por milicias armadas; que han sido privados de libertad o conculcado su derecho a la expresión libre de sus ideas”.
“En este sentido –continúa diciendo el proyecto-- solicitamos al gobierno Bolivariano de Venezuela adoptar las medidas necesarias para obtener la libertad inmediata de las personas que se encuentran privadas de libertad por razones políticas, poniendo término a la represión que ejercen tanto los cuerpos de seguridad del Estado como de los grupos paramilitares y/o milicias armadas que actúan como fuerzas de choque, y levantando la censura que afecta a los medios de comunicación cuya actividad ha sido prohibida por parte del gobierno de Venezuela a raíz de sus opiniones políticas".
Los senadores llaman por otra parte a "los opositores de cualquier gobierno” a “emplear medios legítimos y pacíficos de manifestación, respetando siempre la institucionalidad democrática vigente".
La cámara alta del Congreso de Chile también "rechaza cualquier intento de terceras potencias extranjeras de intervenir en el conflicto interno venezolano, por la vía de financiar o armar a grupos radicales, desarrollar operaciones de desestabilización de la democracia en el país".
Previamente se habían aprobado en ese foro por 15 votos a 2, y 16 a 2 respectivamente, dos proyectos de acuerdo que piden al presidente de Chile llamar a consulta al embajador en Venezuela , y solicitar la convocatoria del Consejo Permanente de la OEA; manifestar su condena de los actos de violencia ocurridos en Venezuela; e insistir con los actores en un diálogo pacífico.
También, requerir la excarcelación de los líderes políticos y estudiantes privados de libertad; y hacer presente al Gobierno de Venezuela su deber de garantizar la seguridad y derechos de todos sus ciudadanos.
