El Gobierno de Argentina ya acordó pagos por unos $6.160 millones y 1.535 millones de euros por su deuda en default desde 2001, según diferentes acuerdos alcanzados desde principio de febrero con acreedores por litigios en Nueva York y otras partes del mundo.
Este lunes, Argentina llegó a un principio de acuerdo con los dos principales fondos especulativos que le ganaron juicios en la justicia federal estadounidense, NML Capital y Aurelius, así como otros dos grupos, para pagarles $4.653 millones.
Este es un resumen de los compromisos ya cerrados por la nueva Administración del presidente centroderechista Mauricio Macri:
–1 de febrero. Preacuerdo con 50.000 bonistas italianos para pagar al contado 150% del importe original del capital de $900 millones por títulos en default; es decir, un total de "1.350 millones de euros", según su representante Nicola Stock.
–5 de febrero: Principio de acuerdo con EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, por $849.2 millones y $298.66 millones, respectivamente.
–16 de febrero: Precuerdo con un grupo de querellantes de una demanda colectiva, cuyo tamaño exacto aún se desconoce.
–18 de febrero: Preacuerdo con Capital Markets Financial Services por $110 millones.
–22 de febrero: Precuerdo con fondos Lightwater Corp, Old Castle Holdings, VR Capital, Procella Holdings y Capital Ventures International por $250 millones y 185 millones de euros.
–29 de febrero: Preacuerdo con NML Capital, Aurelius, Davidson Kempner y Bracebridge Capital por $4.653 millones.
"Fondos buitre", una victoria difícil de repetir
Los fondos "buitre" ganaron la apuesta con Argentina, pero esta victoria será difícil de replicar en los mercados de la deuda soberana, ya que esta larga guerrilla judicial dejó algunas lecciones.
Aprovechar un "defaut para comprar bonos a precio de remate, rechazar las condiciones de la reestructuración y después exigir un pago mayor al precio desembolsado es la estrategia adoptada desde hace muchos años por algunos inversores.
Tras una larga batalla judicial con Argentina, los fondos especulativos deberían cobrar $6.500 millones, luego de aceptar una quita de 25%, mientras que otros acreedores tuvieron que resignarse a recortes del 70% en sus negociaciones de 2005 y 2010.
Pero la pregunta es si esta técnica, utilizada por el multimillonario Paul Singer, que controla uno de los fondos victoriosos en el caso contra Argentina, podrá establecer jurisprudencia en el mercado de bonos estatales.
No necesariamente, y las posibilidades cada vez menguan más, ya que los países emergentes han escarmentado por las lecciones que dejó este largo episodio y comenzaron a blindar sus emisiones de deuda.
"El caso argentino es un caso particular y su resolución será muy difícil de extrapolar a otros países emergentes", estimó René Defossez, especialista en mercados de obligaciones de la firma Natixis.
Para él, la prueba es que tras el anuncio del acuerdo, "no se registraron inquietudes sobre los rendimientos de los bonos de Argentina, pero tampoco de los Brasil o Venezuela".
"Del caso argentino se extrajeron importantes lecciones y se debería prestar una mayor atención a los términos y las cláusulas de los contratos de emisión de deuda para proteger tanto a los acreedores como a los emisores", destacó Alexandra Wentzinger, economista de BNP Paribas.
