El Ejecutivo acaba de inyectar 2.900 millones de reales (unos 900 millones de dólares) a la gobernación de Río de Janeiro para solventar la grave crisis financiera que atraviesa ese estado y costear los salarios de policías y bomberos.
A un mes del inicio de los Juegos, el Gobierno brasileño asumió hoy la seguridad de las instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos, que serán vigiladas por la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo de elite que depende del Ministerio de Justicia y está integrado por policías de todos los estados del país.
Los policías protestaron este lunes por la precariedad de su situación en una manifestación en el aeropuerto, en la que desplegaron pancartas en las que decían "Bienvenidos al infierno, policías y bomberos no reciben salarios y cualquiera que visite Río no estará seguro".
El Gobierno brasileño aseguró este martes que no existe "probabilidad" de que se produzca un atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del próximo agosto, aunque sin descartar que pueda ocurrir. "Todas las agencias de inteligencia internacionales dicen que hoy no tenemos probabilidad de un evento terrorista. La posibilidad de que ocurra uno hay en todo el mundo", dijo el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, en una rueda de prensa celebrada a un mes de la ceremonia de inauguración de los Juegos.
El ministro afirmó que el Gobierno "trabaja como si hubiera" probabilidad de un ataque terrorista y aseguró que "la población puede estar tranquila".
Del mismo modo, Moraes aseguró que la operación de seguridad será realizada con todas las garantías, lo que incluye la "normalización" del pago de salarios atrasados a la policía de Río de Janeiro.
