El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hizo pública una condena al régimen de Daniel Ortega por haber cancelado jurídicamente a veinticinco ONGs que se ocupan de velar “por la salud, la educación, los derechos civiles y políticos y la protección a los pueblos indígenas de la Costa Caribe”.
Según el CENIDH, esta acción, que coloca a estas organizaciones en la ilegalidad, “Es un ataque directo al derecho a defender los derechos humanos”.
Tras denunciar el precario estado en que se encuentra la población nicaragüense debido a la mala administración del régimen de Daniel Ortega, CENIDH lo acusa de “carente de cordura” y de ser “una amenaza para el pueblo de Nicaragua” y de inmediato, demanda “medidas más rigurosas de la comunidad internacional” y hace un llamado “al pueblo de Nicaragua a profundizar la lucha”.
Por su parte, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se hizo eco de la denuncia de CENIDH en su cuenta de Twitter:
“Ortega continúa persecución contra sociedad civil en Nicaragua, cancelando registro de 25 OCS que se suman a decenas más que desde el 2018 han sido canceladas, incluyendo universidades y ONGs de Derechos Humanos. Es urgente que el UN-HRC (Consejo de Derechos Humanos de la ONU) establezca mecanismo internacional para ayudar a Nicaragua”.
El régimen Ortega-Murillo se ha dedicado, aún antes de ganar las recientes elecciones, a desmantelar todo vestigio de identidad particular dentro de Nicaragua, empezando por los principales líderes opositores, detenidos antes de las votaciones de noviembre pasado, además de la continua persecución contra los medios de prensa no simpatizantes con el orteguismo.
