La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en una sesión virtual de la Organización de Estados Americanos el informe "Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua" que aborda la grave crisis política, social y de derechos humanos en ese país.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, presentó el informe que indica que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene instalado un “régimen de supresión de todas las libertades” mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y “la represión” ejercida desde las instituciones de seguridad estatales.
“Este año, la CIDH constató la intensificación de la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la presidencia, las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y opositoras al gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales”, dijo Urrejola.
Añadió que la Comisión también observó la cancelación de personerías jurídicas de 3 partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el cierre del espacio democrático y de la prensa independiente, señalando que “con estas acciones, el gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”.
La presidenta de la CIDH declaró que la Comisión ha identificado “hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión. Todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo”.
Urrejola opinó que, en el marco de la grave crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 y el profundo deterioro de la institucionalidad democrática que afecta al país, las elecciones generales de noviembre de 2021 representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia.
“Sin embargo, todas las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”, añadió.
Por su parte, el régimen de Nicaragua calificó de “golpistas” y “resabios de maldad” a algunos miembros de la Organización de los Estados Americanos por debatir el informe.
Michael Campbell, un alto funcionario nicaragüense, dijo durante la sesión virtual de la OEA que su país no participaría en esa reunión, ya que promociona “golpes de Estado y alimenta el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional".
