Contra la censura
Conoce a los periodistas cubanos acosados por la Seguridad del Estado en 2019
A continuación reproducimos íntegramente el Informe sobre Cuba ante la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
La cárcel vuelve a hacerse una realidad para el periodismo independiente. Esta es la única "reforma" que ha traído el gobierno en este semestre para la prensa, con el encarcelamiento, el 11 de septiembre, de Roberto de Jesús Quiñones Haces, del portal Cubanet, condenado a un año de prisión por delitos de "desobediencia y desacato", luego de que intentara cubrir un juicio a unos pastores religiosos y fue detenido con violencia.
En este periódico se registra una creciente conectividad a internet, impulsada por el monopolio estatal ETECSA, de baja calidad y a precios muy caros.
En la primera semana de mayo, el presidente del Tribunal Supremo Popular amenazó en redes sociales con aplicar la "Ley Mordaza", oficialmente Ley 88 "de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba", que aplica varios años de prisión a quienes colaboren "por cualquier vía con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros".
El 11 de mayo, una marcha LGBT convocada por activistas independientes tras la cancelación de la tradicional marcha oficial, terminó en represión y detenciones, entre estas las de los reporteros Ileana Hernández, de Cibercuba y Boris González Arenas, de Diario de Cuba.
El 4 de julio se publicó el Decreto 360 del 2019, "Sobre la Seguridad de la Información y la Comunicación y la Defensa del Ciberespacio Nacional", el cual prohíbe que los ciudadanos administren sitios webs alojados en el extranjero, lo que representa un aumento de la represión a los medios independientes. El gobierno no permite que se alojen en dominios nacionales aquellas páginas o medios que cuestionen al régimen.
En julio fue detenido el reportero Ricardo Fernández Izaguirre al salir de la sede sitiada del grupo Damas de Blanco. Pasó nueve días de detención, incomunicación con el exterior y deportación desde La Habana hasta su provincia de residencia. Luego fue detenido dos veces y amenazado con ir a prisión. Varios de sus entrevistados para un videorreportaje publicado en La Hora de Cuba fueron interrogados por agentes de la Seguridad del Estado en un intento de presentar contra él una denuncia por "usurpación de capacidad legal".
El 17 de agosto se practicó un megaoperativo contra los directivos de tres medios independientes en La Habana (Yoani Sánchez, de 14ymedio; José Jasán Nieves, de El Toque y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo), a quienes se les prohibió salir de su domicilio.
Ese día había sido convocada una protesta de usuarios de SNET, una red digital autónoma e ilegalizada por las autoridades, que también derivó en restricciones de circulación o vigilancia para otros colegas.
A la casa del periodista Henry Constantin, quien estaba fuera del país, acudió un individuo con visible protección policial, armado con un machete, asegurando que iba a matar al periodista. El hecho ocurrió luego de la publicación de un texto en que cuestionaba la gestión del Ministerio del Interior para descubrir a un abusador sexual en serie de menores.
Se mantiene el entramado jurídico que norma la represión, como la nueva Constitución, el Código Penal con sus castigos a la crítica a funcionarios públicos y la penalización de los impresos clandestinos.
Una nueva ley de rectores y directores de universidades discrimina sobre quiénes pueden cursar maestrías o doctorados, según el comportamiento político.
El Decreto 370 ilegaliza las hasta ahora toleradas redes privadas por WiFi, obligándolas a colocarse bajo el control de una entidad estatal.
Se observa un incremento de la presión gubernamental sobre los empleados estatales a los que se les ha facilitado el acceso a internet. Según informes de personas amenazadas por sus expresiones en redes sociales, les obligan a colocar contenido favorable al gobierno.
Los periodistas Iliana Hernández Cardosa, Yunia Figueredo, Yoe Suárez, Alejandro Hernández Cepero, Daniel González Oliva, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Pablo Morales Merchán, Jesús Jank Curbelo, una fotógrafa que le acompañaba, y Henry Constantín, han sufrido arrestos, interrogatorios y amenazas.
Luz Escobar, Lien Estrada, Sol García Basulto, Katherine Bisquet, Luis Cino, José Jasán Nieves, Ricardo Fernández Izaguirre e Isel Arango, fueron citados para interrogatorios. Alejandro Hernández Cepero, Ricardo Fernández Izaguirre y Henry Constantin, han sido amenazados con enjuiciamiento.
A Yoe Suárez y Alejandro Hernández Cepero le decomisaron equipo de trabajo. A Ricardo Fernández Izaguirre le retuvieron temporalmente su teléfono. Saimi Reyes, Ernesto Guerra, Eillen Sosin y Ailyn Martin, fueron forzados a dejar sus puestos de trabajo estatales, y Katherine Bisquet fue expulsada de su alquiler.
Familiares de Augusto César San Martín (su esposa), José Raúl Gallego (su madre), Inalkis Rodríguez Lora (su padre), Mario Ramírez, Yoani Sánchez y Henry Constantín, han sido acosados a través de visitas de agentes, prohibición de viajar al extranjero, citaciones e interrogatorios.
La fotógrafa Iris Mariño fue perseguida en la calle por agentes de la Seguridad del Estado, y su casa estuvo bajo vigilancia durante la visita de Díaz-Canel a Camagüey. La fachada de la casa de Henry Constantín e Inalkis Rodríguez fue vandalizada la madrugada del 26 de julio.
Las autoridades han empleado diferentes recursos de agresión digital, como trolles, bulling, amenazas, suplantación de identidad, intentos de hackeo, contra Yoani Sánchez, Iris Mariño, Lien Estrada, Rafael Almanza, Vladimir Turro y Henry Constantín. Yoani Sánchez también ha recibido hostigamiento telefónico.
A Roberto de Jesús Quiñones Haces le prohibieron salir de su ciudad de residencia, y a Yoe Suárez y Ricardo Fernández Izaguirre los han "deportado" de los lugares donde estaban trabajando a sus sitios de residencia. A Sandra Haces, Henry Constantin, Yunier Gutiérrez y Ariel Maceo, se les prohibió el acceso a zonas donde se desarrollan eventos noticiosos.
Fuentes de información y algunos lectores de Ricardo Fernández Izaguirre y Henry Constantín han sido hostigados.
A Inalkis Rodríguez Lora, Yoe Suárez y Henry Constantín se les han practicado revisiones exhaustivas de equipaje en aeropuertos.
A Jesús Jank Curbelo y Henry Constantín les han aplicado actas de advertencia.
El régimen les ha prohibido la salida del país a Adrián del Sol, Iris Mariño, Sol García Basulto, Inalkis Rodríguez Lora, Isel Arango, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Manuel Alejandro León, Osmel Ramírez, la diseñadora Rosalia Viñas, el webmaster Javier Valdés, Henry Constantín, Julio César Álvarez, Saimi Reyes, Ernesto Guerra, Eileen Sosin, Ailyn Martin, Marta Liset Sánchez y José Antonio Fornaris.
Además, prohibió la entrada al periodista norteamericano Michael Lavers, y Claudia Ordoñez, de la organización Article 19, fue forzada a abandonar el país.
Los portales 14ymedio, Cubanet, Diario de Cuba, Martinoticias, El Estornudo, El Toque, ADN Cuba y Cuba te Cuenta, han sido bloqueados. Los sitios de la SIP, la Fundación Gabo, Amnistía Internacional, Change.org y más de una veintena, se mantienen bloqueados.
Facebook es el medio más extendido y más difícil de controlar para las autoridades; sin embargo, algunos medios de prensa independiente siguen encontrando obstáculos cuando se ingresa a través de páginas de empresas que se ubican en el país.
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La periodista cubana Lucila Morales intervino en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en Miami para rendir un informe sobre la situación de la prensa en Cuba. La comunicadora habló en representación de Henry Constantin, director del medio digital La Hora de Cuba, y actual vicepresidente regional de la SIP, a quien el régimen de La Habana le prohíbe salir de la isla. Morales presentó el informe semestral sobre el estado de la libertad prensa y la situación de la prensa independiente en Cuba y explicó a Radio y Televisión Martí que en el informe de este año, donde no hay un nuevo escenario sino nuevos casos de violaciones a la libertad de prensa, donde destaca el proceso contra el periodista de Cubanet Roberto Jesús Quiñones Haces, en prisión desde el pasado 11 de septiembre. |
[Informe de la SIP y reporte de Alvaro Alba]
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Jorge Fernández Era y otros dos intelectuales cubanos, citados a Villa Marista
"Está claro que el cerco de la Seguridad del Estado se cierra sobre nosotros. Demasiado reciente la expulsión de Alina Bárbara López Hernández de la UNEAC y mi posterior renuncia", subrayó Jorge Fernández Era.
El comunicador y humorista Jorge Fernández Era fue citado por la Seguridad del Estado a Villa Marista, en La Habana, para este miércoles a las 8:30 a.m., y también a la unidad de la PNR en la calle Aguilera a las 10:00 a.m. del mismo día.
"Hoy me llegó una de tantas citaciones. Esta vez —inmenso honor— es para Villa Marista... tendré como anfitriona a la invicta teniente coronel Kenia (Morales)", declaró Fernández en un post publicado el martes en Facebook, bajo el título, "Mi Primera Vez".
"Está claro que el cerco de la Seguridad del Estado se cierra sobre nosotros. Demasiado reciente la expulsión de Alina Bárbara López Hernández de la UNEAC y mi posterior renuncia, así como la combativa declaración aparecida en Granma con el título 'Los valientes y los cobardes'", subrayó el humorista. "Vaya encabezamiento para un texto en que los 'valientes' no ponen su nombre ni se menciona quiénes son los 'cobardes'".
Ante los comentarios de una lectora de Granma, quien señaló que no tiene "dominio del tema en cuestión", Fernández Era explicó que "el tema en cuestión es que no encuentran manera de cerrar nuestros expedientes para juzgarnos por lo que esté más a mano, siempre bajo la premisa de que no somos presos de conciencia, sino vulgares delincuentes".
"Connotados perturbadores del orden público son incluso los muy jóvenes Alexander Hall y Raymar Aguado, a quienes también se les ha citado para 'entrevistarlos'", afirmó.
Alina Bárbara López Hernández, Jenny Pantoja y Fernández Era suelen protestar los días 18 de cada mes, para pedir reformas democráticas en el país. En ese contexto, el comunicador aseveró que ir "por vez primera a conocer la hermosa casona de la calle San Miguel del reparto Sevillano precisamente un día 18 no es casual", y que la meta es "neutralizar la protesta pacífica que desde hace más de un año realizamos Alina, yo y otras personas con reclamos que harían palidecer a la más inocente de las voces críticas de la historia de la humanidad".
Luego reflexionó sobre la reacción del régimen comunista a las protestas mensuales de un pequeño grupo de personas: Tiene que estar muy jodida una "Revolución" para que le tema a que unas pocas personas se paren pacíficamente durante una hora frente al monumento al héroe que más soñó con una patria de inconformes.
Añadió que está consciente "de los riesgos a que se exponen mis 61 años y mi salud si la pasantía de mañana se extiende más allá del récord de once horas que constituyó la excursión el pasado mes a Santiago de las Vegas, pero no les temo, ni a ellos ni a las consecuencias de mis actos. Soy y seré libre, esa es una felicidad que no me quitarán ni inquisidores ni abyectos".
Al concluir su mensaje, pidió a las autoridades una mejor coordinación de las citaciones, ya que durante la redacción del post en Facebook recibió una llamada desde la Unidad de la PNR de Aguilera, en la cual la capitana Viviana le pidió presentarse el viernes a las 10:00 de la mañana.
"Imposible", respondió Fernández Era. "A esa hora estaré en Villa Marista, adonde acudiré a través de una citación entregada por un policía. ¿Por qué no se ponen de acuerdo?". "Ah, no, acuda a Villa Marista. Nos vemos entonces el jueves", contestó Viviana. "Estos muchachones del Minint son una gozadera", recalcó el humorista.
Otros dos intelecuales recibieron también citaciones de la Seguridad del Estado para acudir a su centro de operaciones en Villa Marista, el ensayista Alexander Hall y el crítico de arte Raymar Aguado.
"Un joven como yo, quien solo escribe lo que piensa, dice lo que piensa y vive como piensa, necesita estar rindiendo cuentas de sus actos porque, al parecer, es una 'amenaza' para la Seguridad del Estado. Ni me voy a callar, ni dejaré de escribir, ni dejaré mi actividad política. No existe intimidación efectiva que consiga lo contrario", dijo Aguado, quien fue citado para este miércoles, 18 de septiembre, a las 3:00PM.
Hall, colaborador del medio independiente El Toque, denunció a través de un video en Facebook lo que ha calificado como "nueva escalada represiva" contra él y el portal digital.
"Por esta vía denuncio una nueva arremetida policial y mediática por los órganos de la Seguridad del Estado, contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, manifestación y pensamiento político en Cuba", dijo el joven, quien recibió una citación en su casa para presentarse en Villa Marista, el 19 de septiembre, a las 8:30AM.
"Fuerza paramilitar al servicio de dictadores", así calificó a la UNEAC un escritor cubano en su carta de renuncia
El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era denunció a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba como un instrumento represivo del régimen comunista y fue respaldado por reconocidas figuras de la cultura cubana.
Como una "fuerza paramilitar al servicio de dictadores" calificó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el intelectual cubano Jorge Fernández Era, en una carta pública en la que anunció su renuncia a esa institución.
Indignado por la reciente expulsión de la UNEAC de la profesora y académica matancera Alina Bárbara López Hernández, el humorista hostigado por las autoridades cubanas denunció que con esta acción la organización de escritores y artistas "se suma a capítulos tan repugnantes como las UMAP, la Parametración, la Primavera Negra, el manotazo del ministro..., que no representan otra cosa que la consecución al pie de la letra de la excluyente máxima “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
En su carta dirigida a la Presidencia de la UNEAC, que actualmente ocupa la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, el escritor les increpa: "La “Revolución” que honran ustedes con semejante sanción es la misma que defienden el Partido que nos malgobierna y los esbirros que pretenden acallar voces incómodas como las de Alina. Ellos violan con descarada impunidad derechos que nos otorga la Constitución y normas legales dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con su complicidad, la Uneac se devela como la fuerza paramilitar que es, al servicio de los dictadores de turno".
Fernández Era recuerda que la UNEAC se ha plegado "de la manera más servil" a las acusaciones que le hacen tanto a él como a Alina Bárbara "quienes temen al debate y a la polémica y acuñan el término “contrarrevolución” a cuanto amenaza la estabilidad de la complacencia y la mentira".
La carta de renuncia del humorista recibió en redes sociales el respaldo de otros miembros del gremio intelectual y artístico. Como las académicas Ines Casal, Jenny Pantoja, Carmen Lezcano; los humoristas Omar Franco y Rigoberto Ferrera; los cineastas Ricardo Figueredo Oliva y Manuel Alejandro Rodríguez, el crítico de arte Antonio Enrique González Rojas, el escritor Jorge Angel Pérez y la investigadora Miryorly García.
En agosto de 2020, la UNEAC expulsó al escritor e investigador camagüeyano Pedro Armando Junco López, luego de que publicara una exhortación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y llamara a Cuba un sistema autocrático.
La UNEAC expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández
En un documento que tituló “Sanciones que honran”, la profesora Alina Bárbara López Hernández dio a conocer que fue expulsada de la UNEAC, cuyos directivos la acusaron de criticar la revolución y alta dirigencia del régimen comunista.
La historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por causas que la intelectual calificó de “infamias”.
En una reunión a la que fue citada por el Comité provincial de la entidad, en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló “Sanciones que honran”, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
“Yo soy una científica social, soy una ensayista de literatura histórico social. La naturaleza de mis escritos, por los cuales yo entré a la UNEAC, siempre fue crítica y vengo estudiando la historia del Partido Comunista desde antes de los años 40 del pasado siglo. Tengo ensayos premiados sobre esto, uno de mis libros fue Premio Nacional de investigación cultural”, indicó en conversación con Martí Noticias.
“Ahora ellos consideran que mi labor como articulista es algo que la organización no puede aceptar cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy, pero, sencillamente la UNEAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional”, sostuvo.
Los directivos de la UNEAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el “movimiento del 11 de julio”.
“Debí aclararles que el 11 de julio ocurrió en Cuba un estallido social, que no fue estructurado, ni organizado por ninguna instancia ni tuvo un liderazgo reconocible; fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento”, escribió López Hernández en su texto.
“Les dije que, efectivamente, he analizado en artículos las causas del estallido social y he solicitado la libertad de los presos políticos pues me parece injusto que cumplan altas penas de prisión personas que solo se manifestaron gritando consignas o grabando videos de lo ocurrido”, afirmó.
De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como Desobediencia y Atentado.
“Ambas imputaciones, una que llegó a condena por Desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales que ni siquiera han sido a través de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, sino son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas y evitar que sigan actuando de una manera que el gobierno considera inaceptable”, señaló.
“Por un lado, la Desobediencia en sí misma no es un delito grave, es un delito leve. La pena fue una multa y además no tengo antecedentes penales porque, precisamente, no era un delito grave, como ponen ahí en el documento infame de la UNEAC y, por otro lado, el Atentado es una acusación que está en fase de instrucción, ni siquiera se ha llevado a juicio. Por tanto, ante la ley, yo soy inocente y la UNEAC está desconociendo esos que son principios legales, al menos están recogidos en el Código Penal”, resaltó.
Otra acusaciones que hace la UNEAC a la académica es el haber hecho público el proceso disciplinario al que estaba sometida y ofender a un miembro de la organización gubernamental, así como violar, de manera grave, los estatutos y el reglamento de la UNEAC.
“Jamás intentaría apelar una decisión que parece dictada más por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas. Además, no se tomaron el trabajo de buscar asesoría jurídica profesional para, al menos, dar un cariz argumentado a las causas que esgrimen para aplicar tal medida”, apuntó López Hernández en su denuncia.
Los dirigentes de la UNEAC puntualizaron que López Hernández no puede criticar la infalibilidad del Partido Comunista de Cuba (PCC).
“No puedo criticar nada que venga del Partido porque la organización acepta, en sus reglamentos y en sus estatutos, el papel dirigente del partido”, comentó. “Yo ejerzo derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 56 de la Ley de leyes: libertad de expresión y de manifestación pacífica”.
“Le recordé que el reglamento de la UNEAC no puede desconocer a la Constitución de la República”, recalcó.
Alina Bárbara López Hernández lleva a cabo una protesta el día 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas, para demandar la elección democrática de una Asamblea Nacional para redactar una nueva Constitución, la libertad para los presos políticos "sin exilio obligatorio", el cese del hostigamiento a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y "que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza".
Es secundada por otros activistas que se manifiestan o intentan hacerlo, el mismo día, en diferentes parques y plazas de las ciudades donde residen: la antropóloga Jeny Pantoja y el periodista y humorista Jorge Fernández Era, entre otros.
“Ellos [las autoridades cubanas] se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión que yo considero al final una manera de honrarme. Yo ciertamente no voy a bajar la cabeza, no voy a aplaudir lo que no se puede aplaudir, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana; derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste”, subrayó la académica.
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) criticó la exclusión de la historiadora en una nota de prensa y catalogó el ataque contra la investigadora como una grave violación de los derechos culturales.
“Se suma a la honrosa lista de censurados por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba - UNEAC, organización que opera como brazo represivo de la Seguridad del Estado contra los intelectuales cubanos”, afirma la organización independiente.
“La obra de Alina lleva implícito su compromiso con Cuba y con el tiempo en que le ha tocado vivir, es ejercicio permanente de honestidad intelectual”, precisó en su comunicado.
Fundación para la Democracia Panamericana intercede por periodista de Santa Clara
Han solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, ex preso político del 11J.
La Fundación para la Democracia Panamericana interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a dos citaciones policiales. El 22 de julio fue enjuiciado nuevamente y sentenciado a ocho meses de privación de libertad por el delito de "desobediencia", sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Juan Carlos Vargas, el coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo a Martí Noticias que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente.
Vargas recordó que Morales Rodríguez "ha sido víctima de represalias por sus publicaciones en redes sociales y por realizar precisamente su trabajo, que es el de informar".
"Carlos no debería ser sometido a constantes violaciones y torturas. Hay que recordar que él ha realizado una huelga de hambre producto de su detención, de su prisión y por lo tanto, frente a esta persecución, el centro de denuncias realizó un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar y pueda otorgarle, lo antes posible, esta medida cautelar porque un comunicador no debería ser perseguido por realizar su trabajo”, declaró el coordinador.
Estando encarcelado en la prisión La Pendiente de Villa Clara, Morales Rodríguez realizó dos huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud, al punto de tener que ser hospitalizado.
Aumentan violaciones en Cuba contra la libertad de expresión y prensa en el espacio digital, denuncia ICLEP
Los 101 incidentes violarios registrados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensanmuestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en Cuba estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46, señaló el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en su informe mensual.
“Hubo un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. Antes, durante y después del cumplirse el tercer aniversario, la policía política cubana la emprendió con cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión a periodistas y activistas que quisieran hacer cualquier tipo de actividad o reportar sobre este evento”, dijo a Martí Noticias Normando Hernández, director del ICLEP.
Días más tarde, para el aniversario de los asaltos al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, “la represión de la Seguridad del Estado se hizo sentir”, asegura el informe.
Los 101 incidentes violarios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en nueve provincias: La Habana, Sancti Spíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río.
En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Igualmente, compila que 48 personas fueron víctimas de violaciones, “18 mujeres, 1 no binario y 29 hombres, varios de ellos con más de un incidente en diferentes momentos del mes”.
De acuerdo a la recopilación de ICLEP, sobre los comunicadores y los activistas se hizo más fuerte la represión con vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios.
La Seguridad del Estado, secundada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fueron las protagonistas de las acciones autoritarias contra la sociedad civil.
Los periodistas Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa; y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, fueron citados a estaciones policiales de las localidades donde residen y advertidos de no reportar ningún incidente el 11 de julio.
“El día 10 de julio vino a mi casa el jefe de sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba tomarían otras medidas. Al día siguiente a las 8 y 10 más o menos llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí sentada. Nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme, Hasta que el 'carpeta'[ de la unidad policial], me dice que puedo irme, que el oficial que me iba a atender tuvo problemas y no vino".
El ICLEP también alerta sobre los asedios a Camila Acosta, José Luis Tan y Carlos Michael Morales, periodistas hostigados por la policía política.
No se pueden tolerar ni normalizar las constantes violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba, indica el ICLEP en su informe.
“El llamado desde el ICLEP es a denunciar ante la comunidad internacional cada agresión que se comete en la isla contra los periodistas, activistas, opositores y ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana”, concluye.
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