Como ya ha sido anunciado, en abril del próximo año se celebrará el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Desde el momento del anuncio hasta el primer cuatrimestre de ese año, se realizarán asambleas municipales y provinciales, la preparación de cuadros, de militantes, y la aprobación de documentos que aún no han sido revelados.
También se dio a conocer una nueva Ley Electoral que, con algunas novedades en la actual normativa vigente desde 1992, deja la puerta entreabierta para una próxima reforma constitucional.
El Gobierno cubano ha dado sobradas muestras de no actuar con transparencia, mucho menos de improvisar, por el contrario, sigue a pie juntillas un elaborado guión donde ocultar información a los ciudadanos es vital.
Y para que no nos sorprenda el "cómo", el "cuándo" y el "por qué", cabría preguntar, entonces: ¿Estará el Gobierno cubano preparando terreno para llevar adelante una remodelación de su propio modelo político?
Según ya se ha publicado, la nueva Ley Electoral reglamentará las elecciones del 2017, año en que curiosamente serán elegidos los hombres y mujeres que gobernarán la isla a partir de febrero del 2018, pero también vencerá el plazo de los polémicos 10 años que –como propuso el propio general Raúl Castro– le sacará de la Presidencia de Cuba.
Me inclino a pensar que en cualquier calle del mundo se puede hacer proselitismo, llamar la atención, buscar financiamiento, organizar marchas y más; pero la verdadera oposición política solo se hace en el parlamento. Por ello busco atrapar la atención de quienes ahora podrán demostrar si en realidad merecen el título "líderes de la oposición" porque –como también he escuchado– esta nueva legislación extenderá a todo el país el discreto experimento que desde hace algún tiempo se aplica en las occidentales provincias de Mayabeque y Artemisa, donde se prueba (con cierto éxito) un nuevo modelo de funcionamiento en el que se encuentran separadas las direcciones del partido y los gobiernos locales.
La Ley Electoral vigente regula el procedimiento para la elección de diputados, la selección de los miembros y del Presidente del Consejo de Estado que, además, es el Jefe de Estado y de Gobierno de la República de Cuba. ¿Por qué restarle poderes al próximo presidente? Porque los militares no quieren que suceda en La Habana lo que sucedió en Moscú con Mijail Gorbachov.
Por supuesto, descarto la opción del pluripartidismo en Cuba; pero aceptemos que este paso podría dinamitar el monopolio de poder que desde hace más de medio siglo ejerce el Partido Comunista, y facilitaría la elección de ciudadanos (no partidistas) al rango de diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular cubana.
Claro, cabe señalar que el parlamento cubano, con sus 612 integrantes, es el mayor legislativo del hemisferio en que vivimos. Y es ridículo, y hasta risible, que un país con algo más de 11 millones de habitantes, mantenga una población parlamentaria que supera el número de integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La nueva Ley Electoral reducirá el número de parlamentarios porque es lógico, y porque como dice la canción del Gran Combo de Puerto Rico, "No hay cama p'a tanta gente". Los 612 diputados actuales no caben, ni soñando en el nuevo hemiciclo que próximamente dará espacio a la sede de la Asamblea en el Capitolio Nacional.
