Cuba es uno de los países que han desencadenado una ola de violaciones a la libertad de expresión durante la pandemia de coronavirus, con arrestos arbitrarios, detenciones y hostigamiento a periodistas, blogueros, influencers, académicos, artistas, estudiantes, activistas de derechos humanos y figuras de la oposición, señala un informe de Human Rights Watch.
Desde enero de 2020, al menos 83 gobiernos, entre ellos el de la isla, han utilizado la pandemia de COVID-19 como una oportunidad para “silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas que criminalizan el discurso”, subrayó la organización.
"En algunos países, las violaciones fueron limitadas. En otros, como China, Cuba, Egipto, India, Rusia, Turquía, Venezuela y Vietnam, las violaciones gubernamentales afectaron a cientos o miles de personas", dijo HRW.
El reporte señala que estos gobiernos han cometido “miles de abusos” en cinco áreas clave. Cuba se ve reflejada en cuatro de ellas:
- Las fuerzas de seguridad o funcionarios estatales agredieron físicamente a periodistas o blogueros que informaban sobre las políticas de Covid-19, así como a manifestantes, activistas de la oposición y abogados.
- Los gobiernos han utilizado las leyes y medidas relacionadas con el COVID-19 para arrestar, detener, procesar y multar, o encarcelar arbitrariamente, a los críticos de las respuestas gubernamentales a la emergencia, o las han utilizado para atacar a los críticos de políticas no relacionadas con la pandemia.
- Los gobiernos han utilizado múltiples herramientas para censurar la cobertura de la pandemia en los medios y las redes sociales, que incluyen la adopción de leyes y otras medidas que penalicen la difusión de información errónea sobre salud pública u otros temas que el gobierno considere prohibidos; también han utilizado medidas nuevas y pre pandémicas para amenazar a los críticos con enjuiciamiento y bloquear informes de medios relacionados con COVID-19. Las autoridades también han investigado, amenazado y despedido al personal sanitario por hablar públicamente sobre la respuesta de las autoridades a la pandemia.
- Las autoridades han prohibido o disuelto arbitrariamente las protestas relacionadas con COVID-19, o han utilizado medidas de distanciamiento social para poner fin a otras protestas críticas con las políticas gubernamentales no relacionadas con el coronavirus.
Las fuerzas de seguridad en Cuba, entre abril y noviembre de 2020, utilizaron regulaciones diseñadas para evitar la propagación del COVID-19 para "acosar y encarcelar a los críticos", deteniendo y agrediendo arbitrariamente a varios activistas de la oposición por supuestamente violar esas restricciones de salud pública, incluido el uso indebido de una mascarilla.
HRW recuerda en su informe la detención en noviembre pasado de 14 activistas del Movimiento San Isidro, que protestaban por el encarcelamiento del rapero contestatario Denis Solís.
“Las autoridades cubanas están utilizando las reglas del COVID-19 para expandir sus herramientas represivas contra los críticos”, dijo entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización.
En mayo, el activista y abogado Enix Berrio Sardá fue detenido por violar las restricciones de circulación relacionadas con el COVID-19, cuando presentaba una impugnación constitucional al Decreto Ley 370, cuya imposición se recudeció durante los primeros meses de la pandemia.
El informe también menciona el caso de la activista Keilylli de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, quien fue arrestada el 12 de abril de 2020 cuando se quitó la mascarilla para fumar un cigarro mientras caminaba hacia su vivienda desde la casa de un familiar.
En un caso similar, ocurrido en abril de 2020, fue juzgado sin abogado, y condenado a seis meses de prisión, Juan Miguel Pupo Arias, del Movimiento de Opositores por una Nueva República.
El reporte cita, además, la detención arbitraria de Mileidy y Daniel Salcedo, la imposición de levadas multas al opositor Raux Denis Rodríguez y el hostigamiento al activista de la UNPACU Yordanis Labrada Tellez, por supuestos incumplimientos de las medidas de control adoptadas para frenar el contagio de coronavirus.
HRW subraya que las autoridades cubanas también han aprobado legislaciones específicas sobre la pandemia.
En mayo de 2020, el gobierno aprobó una resolución que exige que las personas usen una mascarilla cuando estén fuera de sus hogares. Un decreto de agosto, aplicable solo a la provincia de La Habana, establece multas de 2.000 pesos cubanos, aproximadamente el doble del salario mensual promedio, para las personas que, entre otras transgresiones, celebren fiestas, no usen correctamente una mascarilla, o por “obstaculizar en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”.
Las multas se duplicarán si no se pagan en un plazo de 10 días. Según el código penal cubano, las personas que no paguen las multas también pueden ser condenadas a hasta seis meses de prisión.
La organización subraya que, según las bases del derecho internacional, ciertos derechos humanos básicos no pueden restringirse ni siquiera en tiempos de emergencia, entre ellos la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales de un juicio justo y no ser objeto de detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de la detención y la libertad de pensamiento.
“Las restricciones a otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, debidas a una emergencia de salud pública grave solo podrán justificarse cuando tengan una base jurídica, sean estrictamente necesarias y proporcionadas al objetivo de salud pública, de duración limitada, sujetas a revisión, y su aplicación no sea arbitraria ni discriminatoria”, añade HRW.
Entre los abusos cometidos en esta área, menciona la represión, en junio de 2020, contra personas que organizaban una protesta contra la violencia policial.
Los manifestantes, indica el informe, planeaban reunirse en La Habana y otras partes de Cuba el 30 de junio para protestar por el asesinato de Hansel Ernesto Hernández Galiano, de 27 años, el 24 de junio en La Habana. Las autoridades cubanas dijeron que los policías encontraron a Hernández Galiano robando y le dispararon mientras huía y arrojaba piedras a la policía. Antes de la protesta planificada, las autoridades cubanas hostigaron y detuvieron a decenas de personas, y acusaron a algunas del delito de "propagación de epidemias".
“La detención arbitraria de personas para evitar que se manifiesten pacíficamente demuestra lo que el gobierno cubano está dispuesto a hacer para evitar que se escuchen voces críticas”, dijo entonces Vivanco.
“Esto es parte de un patrón más amplio en el que las autoridades cubanas encontrarán cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar la disidencia como un crimen, en lugar de establecer formas de permitir que las protestas pacíficas ocurran de manera segura”, añadió el representante de HRW.