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Cuba

Cuba estrena “Ley Mordaza” con una sola novedad, la “publicidad socialista”

ARCHIVO. La policía arresta al periodista independiente Boris González Arenas, en la marcha del orgullo LGBTI, en La Habana, en mayo de 2019 (AP/Ramon Espinosa)
ARCHIVO. La policía arresta al periodista independiente Boris González Arenas, en la marcha del orgullo LGBTI, en La Habana, en mayo de 2019 (AP/Ramon Espinosa)

Inspirada en “el legado” del dictador cubano Fidel Castro y con una fuerte carga ideológica, la Ley de Comunicación Social fue aprobada este jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, durante sesión extraordinaria, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

“Su mayor valor radica en el reconocimiento de las potencialidades y beneficios de la comunicación social para el desarrollo del país”, declaró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, presente en los debates, y agregó que “el largo período de confrontación y la agresividad que caracteriza la criminal política del gobierno estadounidense impacta en todos los ámbitos de la sociedad cubana y, de manera particular, en lo comunicacional”.

La prensa oficialista y sus representantes han acogido la noticia con júbilo. La teórica y diputada Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), comentó al medio oficialista Cubadebate que la aprobación de la Ley de Comunicación Social fue “un día histórico”, debido a que en Cuba no existía una norma similar que ordenara el sistema de comunicación desde hacía más de medio siglo.

“Vamos a tener la primera Ley de Comunicación derivada de la Constitución directamente y, además, de una Constitución socialista. A mi juicio, eso no sólo es histórico, porque va a producir eso en Cuba, sino que es mucho más importante y trascendente fuera del ámbito de la geografía nacional”, expresó.

Para Elizalde, quien también fue fundadora de Cubadebate y su Editora Jefa hasta 2017, la cubana es “la primera ley de comunicación de América Latina que integra los distintos sistemas que coinciden dentro del ámbito comunicacional”, al coordinar a todos los actores de la comunicación. “Eso es muy relevante y pone a Cuba a la vanguardia en este tipo de diseño de ley”, dijo.

Sin embargo, donde Elizalde percibió una virtud, la periodista y profesora cubana Iliana Medina percibió una debilidad: “El problema de cualquier ley cubana, y de esta Ley de Comunicación, específicamente, parte de esa Constitución aprobada en 2019, que en el Artículo 1 recoge que Cuba es, por definición, un ‘Estado Socialista’; en el Artículo 4, que ‘la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano’; en el Artículo 5, que ‘el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista-leninista... es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado’; en el Artículo 13-g, que la función del Estado es ‘afianzar la ideología inherente a nuestra sociedad socialista’, y así, sucesivamente”.

“En este contexto, hablar de la Ley de Comunicación casi que daría risa, si no fuera por lo grave que es la situación de pobreza y falta de libertades en que malviven nuestros compatriotas. Esta ley, como todas las demás, y la Constitución misma, y todo el lenguaje que de facto utilizan los medios de comunicación estatales de Cuba, es un intento falaz de manipular y disfrazar conceptos que se usan en los países democráticos, como democracia, participación y transparencia, pero que no tienen ningún sentido si no se parte del principio básico de pluralidad política. Allí son puros eufemismos, palabras huecas”, aseguró Medina desde Tenerife, España, donde reside.

Desde la isla, el periodista y escritor Jorge Enrique Rodríguez, colaborador de Diario de Cuba, tampoco recibió con entusiasmo la normativa. “Esto es una extensión de una ley mordaza que ellos han profundizado luego de su experiencia con el 11J (11 de julio), que fue gracias a las redes sociales, y ellos lo tienen claro”, dijo a Martí Noticias.

Rodríguez también opinó que la normativa busca arremeter, principalmente, contra la sociedad civil, los cubanos de a pie, y los perfiles de humoristas e influencers que ridiculizan con memes y otros contenidos a los dirigentes comunistas cubanos y sus políticas. “Al ellos perder el control de la narrativa de lo que pasa en Cuba, están intentando amedrentar con este tipo de ley”, agregó.

La versión 34 del proyecto, que se publicó a comienzos de mayo de este año, revela desde sus fundamentaciones una explícita subordinación a los intereses del Partido Comunista de Cuba, al considerar que la comunicación social contribuye a “fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria”, en un escenario “de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución cubana”.

“El Proyecto, primero que sobre esta materia se promueve en el país, se inspira en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el gran comunicador de la Revolución, se nutre de la práctica cubana en este campo y constituye un texto teórica y conceptualmente fundamentado que distingue a las personas y su acción transformadora como centro de los procesos de comunicación social”, sostiene más adelante.

Sus 64 páginas, compuestas principalmente por 19 capítulos y 107 artículos, fueron el resultado del análisis de acuerdos y planteamientos de congresos y otros foros de la UPEC, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz; así como de la consulta de 312 documentos legales, éticos y políticos sobre la práctica comunicacional desde la etapa colonial y más de 90 tesis de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país.

Además, según el documento, entre los meses de julio y octubre se 2022 se desarrolló un proceso de consultas a lo largo de la isla que implicó más de 60 reuniones y la participación de 6 mil 638 personas, entre ellas estudiantes y profesores universitarios, periodistas, artistas, comunicadores sociales, delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y diputados, dirigentes políticos y gubernamentales, empresarios y nuevos actores económicos.

Dicho proceso de consulta conllevó a la versión 32 del proyecto, que estuvo disponible en noviembre de 2022, y se sometió a evaluación en el Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido, el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, antes incluso de que los más de 400 diputados pudieran discutirla. Supuestamente, en diciembre de 2022, el parlamento debía aprobar la norma, pero el Consejo de Estado “propuso” retrasar su aprobación, debido a su complejidad y a una serie de cambios que había tenido. Y casi un mes más tarde, el 11 de enero, la Asamblea publicó otra versión, la número 33.

El proyecto El Toque Jurídico, coordinado por el abogado cubano Eloy Viera, destacó en un análisis reciente que solo las tres últimas versiones fueron dadas a conocer a la ciudadanía y que en cada una se percibió una evolución negativa. “El proyecto definitivo eliminó o edulcoró los elementos que más señalaron un sector del funcionariado y la opinión pública favorables al Gobierno cubano (que lo consideraba un riesgo porque entendían que la norma abría la posibilidad para impulsar una glasnost cubana)”, explicó.

“La influencia de esos sectores hizo que desaparecieran del proyecto definitivo prerrogativas como la facultad de la ciudadanía para exigir información pública a las entidades estatales; que se establecieran claras limitaciones a los contenidos que pueden ser difundidos; que se restringiera y controlara mucho más el tema de las formas de financiamiento de la prensa estatal; y que se terminara por autorizar la inclusión de la publicidad ‘socialista’”, precisó.

Uno de los avances más mencionados de la Ley de Comunicación Social es que -en sus artículos 37, 38 y 39- permite a “los medios fundamentales de comunicación social” comercializar sus productos y servicios dentro y fuera de Cuba, vender publicidad, recibir patrocinio y optar a cooperación nacional e internacional; aunque sin conceder a dichos medios total autonomía, pues para dar cualquiera de esos pasos necesitan “el aval de su titular y la aprobación de los organismos de la Administración Central del Estado”. Y, en el caso de la publicidad, el visto bueno del Instituto de Información y Comunicación Social.

Además, los llamados en el texto “otros medios de comunicación social” pueden sostener su producción con “fuentes lícitas y transparentes de financiamiento, cuya procedencia no tenga como objetivo subvertir el orden constitucional establecido en el país”.

Pero para los medios independientes del Estado no hay iguales derechos, ni siquiera con limitaciones. La norma jurídica sólo reconoce dos tipos de medios: los fundamentales y otros. Los fundamentales (artículo 28) son las “organizaciones mediáticas que tienen un carácter estratégico en la construcción del consenso, cumplen funciones de servicio público y constituyen mediadores políticos, ideológicos y culturales”; como las agencias de noticias, la radio, la televisión y los medios impresos y digitales, y “son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.

Mientras, “los otros” tienen objetivos y perfil editorial específicos, en correspondencia con la misión o la actividad económica o social que desarrolla su titular, y pertenecen a organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales, o a otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos.

“El principal problema de esta ley y de todas las que hagan es que no cuestionan el orden establecido (que es el problema). Al contrario, lo apuntalan. Más allá de que esta ley no reconozca al periodismo independiente, que es lo que muchos le han señalado, el problema principal está en que sigue siendo pensada para sostener al sistema y reconoce al PCC como rector de la comunicación social”, dijo el periodista e investigador cubano José Raúl Gallego, residente en México, en conversación con Martí Noticias.

Gallego afirmó que el documento no trae muchas novedades y que constituye un esfuerzo más del régimen cubano por mostrar a la comunidad internacional una imagen de cambio e institucionalización. “Mientras se mantenga intacta la base de la estructura política de Cuba y los medios subordinados a ella, es imposible que el sistema de medios estatales produzca periodismo y no propaganda, entendido el primero como una actividad que tiene en su centro el cuestionamiento del poder”, argumentó.

“El sistema de medios cubanos, como lo fue el soviético en su momento, está diseñado a la medida del poder que busca legitimar. Los medios en Cuba no son autónomos, ni se conciben como un contrapeso del poder. Al contrario, se conciben, y así lo dicen explícitamente, como un instrumento del trabajo del poder”, añadió.

Para Medina, las concepciones que sustentan la nueva ley corresponden a “ese estadio primitivo de la comunicación de masas” que los teóricos llamaron teorías hipodérmicas, en el que la comunicación se entiende como un fin propagandístico, que debe ‘inyectar’ en la gente una determinada ideología y servir a los fines del Estado.

“Parece que en las sucesivas 34 versiones que se hicieron, los derechos, en lugar de ampliarse, se fueron reduciendo, hasta caer en la paranoia cerrada y en el lenguaje quintacolumnista del que siempre han hecho gala, año tras año, y ley tras ley. Saben que cualquier apertura podría significar un castillo de naipes sin control que redundará en la pérdida del poder absoluto”, concluyó la profesora.

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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte

Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
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Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.

Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer

El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. (Facebook)
El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. (Facebook)

Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.

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En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.

Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.

El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.

El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.

En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.

“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.

Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.

El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.

También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.

Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.

“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.

De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.

“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.

Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:

“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.

Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.

"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.

El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.

El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas

Las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, de izquierda a derecha. (Fotos: Facebook).
Las intelectuales cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, de izquierda a derecha. (Fotos: Facebook).

“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.

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Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.

La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:

“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.

Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.

El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.

“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.

Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.

Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:

“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.

“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.

También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.

Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.

El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.

“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.

“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.

Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:

“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.

“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.

Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.

Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba

Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por las nuevas normas, según expertos.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por las nuevas normas, según expertos.

Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.

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Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.

Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.

Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.

Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.

"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.

El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.

"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.

Info Martí | Régimen acorrala al sector privado cubano
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Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.

Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.

"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.

El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.

Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.

Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.

Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.

Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar

José Manuel Barreiro Rouco junto a una copia de la sentencia. (Collage/Facebook)
José Manuel Barreiro Rouco junto a una copia de la sentencia. (Collage/Facebook)

El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.

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El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.

El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.

Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.

“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.

“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.

De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.

El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.

Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.

“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.

“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.

El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.

Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.

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