¿En que favorece esta medida al gobierno cubano?
El sistema judicial cubano se encuentra ahogado en su propia red burocrática y por su propia incapacidad para lograr una acción legal expedita.
Desde hace más de 20 años el sistema judicial cubano ha intentado encontrar una vía expedita para la aplicación del derecho penal y la celebración de juicios de forma rápida.
Pero hasta el momento no se habían atrevido a implementar ninguno de los proyectos desarrollados porque violentaban arbitrariamente los derechos del acusado y no conseguían disimular esta parcialización.
El sistema de derecho germánico francés imperante en Cuba parte de la base de presumir la inocencia del acusado en cualquier condición, por lo que herramientas del sistema inglés como la justicia pactada, no pueden ser aplicados en Cuba.
Como justicia pactada se entiende el acuerdo entre la parte acusadora o fiscalía y el acusado, basado en que si este último reconoce su culpabilidad se le ofrecen sanciones menores que las que le corresponderían. Un acuerdo que además será supervisado y aprobado por un juez.
Los legisladores cubanos han imitado esta justicia pactada con este absurdo decreto ley 310 que excluye a los profesionales del derecho y les permite resolver en las propias unidades policiales un elevado porcentaje de los casos que habitualmente se llevarían ante tribunales y demorarían meses en resolverse.
Hay una evidente economía procesal pero en detrimento de los derechos legales del acusado, ya que se renuncia a la formalidad de tener que probar la culpabilidad del acusado independientemente a si se declara responsable o no.
Esta nueva norma también representa menos trabajo para los órganos de instrucción policial del país, quienes no tendrán que investigar la mayoría de los casos.
Es además una herramienta represiva eficiente que les permitirá sancionar de manera inmediata a disidentes y opositores, facilitándoles la creación de un expediente penal en su contra de forma acelerada.
También les permite sancionar y reprimir a los ciudadanos, sin necesidad de incrementar la población penal en las abarrotadas cárceles del país. Danto tratamiento de contravención a delitos que habitualmente conducían a la cárcel al acusado.
Permitirá también a los agentes chantajear y coaccionar a los acusados para que reconozcan los delitos y paguen las mutas a cambio de un cierre inmediato de las actuaciones y en muchos casos para evitar antecedentes penales.
Es una especie de modificación judicial expresa disfrazada de aparente despenalización.
El sistema judicial cubano se encuentra ahogado en su propia red burocrática y por su propia incapacidad para lograr una acción legal expedita.
Desde hace más de 20 años el sistema judicial cubano ha intentado encontrar una vía expedita para la aplicación del derecho penal y la celebración de juicios de forma rápida.
Pero hasta el momento no se habían atrevido a implementar ninguno de los proyectos desarrollados porque violentaban arbitrariamente los derechos del acusado y no conseguían disimular esta parcialización.
El sistema de derecho germánico francés imperante en Cuba parte de la base de presumir la inocencia del acusado en cualquier condición, por lo que herramientas del sistema inglés como la justicia pactada, no pueden ser aplicados en Cuba.
Como justicia pactada se entiende el acuerdo entre la parte acusadora o fiscalía y el acusado, basado en que si este último reconoce su culpabilidad se le ofrecen sanciones menores que las que le corresponderían. Un acuerdo que además será supervisado y aprobado por un juez.
Los legisladores cubanos han imitado esta justicia pactada con este absurdo decreto ley 310 que excluye a los profesionales del derecho y les permite resolver en las propias unidades policiales un elevado porcentaje de los casos que habitualmente se llevarían ante tribunales y demorarían meses en resolverse.
Hay una evidente economía procesal pero en detrimento de los derechos legales del acusado, ya que se renuncia a la formalidad de tener que probar la culpabilidad del acusado independientemente a si se declara responsable o no.
Esta nueva norma también representa menos trabajo para los órganos de instrucción policial del país, quienes no tendrán que investigar la mayoría de los casos.
Es además una herramienta represiva eficiente que les permitirá sancionar de manera inmediata a disidentes y opositores, facilitándoles la creación de un expediente penal en su contra de forma acelerada.
También les permite sancionar y reprimir a los ciudadanos, sin necesidad de incrementar la población penal en las abarrotadas cárceles del país. Danto tratamiento de contravención a delitos que habitualmente conducían a la cárcel al acusado.
Permitirá también a los agentes chantajear y coaccionar a los acusados para que reconozcan los delitos y paguen las mutas a cambio de un cierre inmediato de las actuaciones y en muchos casos para evitar antecedentes penales.
Es una especie de modificación judicial expresa disfrazada de aparente despenalización.