La rápida devolución por parte de Cuba de un matrimonio prófugo a las autoridades norteamericanas, ¿es una prueba de un cambio en la actitud oficial de Cuba hacia EE.UU.?
La reacción inminente y eficiente de las autoridades cubanas en el caso del matrimonio deportado a EE.UU. por estar asociados al secuestro de sus dos hijos menores, es una actuación destacable y digna de celebrar, pero no necesariamente es una evidencia de un cambio de la actitud oficial de Cuba hacia EE.UU. en temas migratorios.
Partamos de que se trata de un caso de dos delincuentes comunes, asociados a figuras delictivas perseguibles en ambos países y que no implicaban ningún trasfondo político para el gobierno de La Habana.
Estamos en presencia de un caso que permite a las autoridades cubanas demostrar un espíritu cooperativo y buenas intenciones para con su vecino del norte.
A lo largo de los últimos años, Cuba ha mantenido este nivel de cooperación con las autoridades norteamericanas en casos de delitos comunes.
Cuba coopera eficientemente con las autoridades norteamericanas en casos de ciudadanos norteamericanos asociados a delitos como el secuestro infantil, el tráfico de drogas y delitos contra la vida.
Pero la cooperación se reduce a cero cuando se trata de casos con implicaciones políticas o de enormes montos financieros.
En Cuba permanecen refugiados delincuentes asociados a asesinatos políticos en EE.UU., como miembros de las organizaciones “panteras negras” o “los macheteros”.
Cuba es además el destino seguro de delincuentes acusados de desfalcar a programas de salud y cuidado médico dentro de los EE.UU. y de garantizar protección bancaria al fruto de estos delitos.
Casos como el del matrimonio recientemente deportado, favorecen la imagen pública del gobierno de La Habana y le permiten tomar distancia de delitos tan reprochables como el secuestro infantil o el tráfico de drogas.
Pero no representan la forma habitual de actuar del gobierno cubano ante la llegada a su país de personas buscadas por la justicia norteamericana.
La cooperación de las autoridades cubanas con las autoridades norteamericanas está condicionada al impacto internacional del caso y a las repercusiones monetarias y políticas que en sí pueda tener para los intereses cubanos.
La reacción inminente y eficiente de las autoridades cubanas en el caso del matrimonio deportado a EE.UU. por estar asociados al secuestro de sus dos hijos menores, es una actuación destacable y digna de celebrar, pero no necesariamente es una evidencia de un cambio de la actitud oficial de Cuba hacia EE.UU. en temas migratorios.
Partamos de que se trata de un caso de dos delincuentes comunes, asociados a figuras delictivas perseguibles en ambos países y que no implicaban ningún trasfondo político para el gobierno de La Habana.
Estamos en presencia de un caso que permite a las autoridades cubanas demostrar un espíritu cooperativo y buenas intenciones para con su vecino del norte.
A lo largo de los últimos años, Cuba ha mantenido este nivel de cooperación con las autoridades norteamericanas en casos de delitos comunes.
Cuba coopera eficientemente con las autoridades norteamericanas en casos de ciudadanos norteamericanos asociados a delitos como el secuestro infantil, el tráfico de drogas y delitos contra la vida.
Pero la cooperación se reduce a cero cuando se trata de casos con implicaciones políticas o de enormes montos financieros.
En Cuba permanecen refugiados delincuentes asociados a asesinatos políticos en EE.UU., como miembros de las organizaciones “panteras negras” o “los macheteros”.
Cuba es además el destino seguro de delincuentes acusados de desfalcar a programas de salud y cuidado médico dentro de los EE.UU. y de garantizar protección bancaria al fruto de estos delitos.
Casos como el del matrimonio recientemente deportado, favorecen la imagen pública del gobierno de La Habana y le permiten tomar distancia de delitos tan reprochables como el secuestro infantil o el tráfico de drogas.
Pero no representan la forma habitual de actuar del gobierno cubano ante la llegada a su país de personas buscadas por la justicia norteamericana.
La cooperación de las autoridades cubanas con las autoridades norteamericanas está condicionada al impacto internacional del caso y a las repercusiones monetarias y políticas que en sí pueda tener para los intereses cubanos.