Ciertas “leyes” en Cuba permiten condenar a las personas sin juicio previo, de forma esporádica o permanente, según el criterio de las autoridades. Estas reglas se identifican dentro de un estatuto llamado “peligrosidad”, cuya aplicación tiene marcadas intenciones políticas.
Caso reciente: la cumbre de la CELAC. Al directo, la policía del régimen, bajo el liderazgo de sus órganos aquí llamados Departamento de la Seguridad del Estado, limitó la capacidad de movimiento de aquellos opositores políticos evaluados como “peligrosos”. Los activistas antigubernamentales fueron advertidos de mantenerse en sus casas, evitar reuniones públicas o cualquier acto posible de ser considerado como desorden público, bajo pena de ser inmediatamente encarcelados.
No es la primera vez, tal actitud se mantiene desde hace años, buscando el menor protagonismo posible en la vía pública para los disidentes, cuyo número aumenta año tras año. La contrapartida es permitirle a un Presidente, en este caso el chileno Sebastián Piñera, reunirse con algunas figuras connotadas de la oposición.
La táctica es impedir a toda costa que estos líderes reúnan simpatizantes, ganando la calle como muestra de su creciente influencia entre las masas.
El temor de las autoridades castristas es real, como se demostró recientemente en la ciudad de Holguín, cuando centenares de trabajadores por cuenta propia desafiaron a la policía, reclamando sus derechos, violados por una decreto gubernamental injusto que permitió confiscarles sus mercancías, retirándoles la licencia, además de imponerles elevadas multas en dinero.
Otra muestra de miedo a las ideas ajenas sucedió el pasado miércoles en el conocido parque de La Plaza de Armas, en la muy turística Habana Vieja, cuando dos jóvenes cristianos de la iglesia Mormona predicaban el Evangelio y fueron detenidos por la policía, con el absurdo de decirles que se trataba de un área pública no clasificada como aceptable para sus prédicas. Los cristianos terminaron provisionalmente en los calabozos de la Policía Nacional Revolucionaria.
Como es práctica común en Cuba, las leyes tienen un origen al parecer loable, luego tergiversado cuando se aplican. El tristemente célebre “peligro” surgió amparado por luchar contra los delincuentes comunes, particularmente los muy violentos, incluyendo a los relacionados con la drogadicción.
Se implementó un sistema que, bajo el control policial a nivel de barrio, con las opiniones del Comité de Defensa de la Revolución y el Partido Comunista, suponía un consenso para aceptar la detención y procesamiento, hasta cuatro años de privación de libertad, para aquellas personas que según ellos eran peligrosas, aún sin probarles debidamente un delito.
Una mayoría aceptó el hecho, suponiendo que así estarían las calles más tranquilas. Lo cierto es que la delincuencia campea por sus respetos, la violencia no se detiene, pero el margen “legal” creado permite sacar de circulación a los opositores políticos, previa advertencia, cuando exista una situación juzgada por el gobierno como contraria a la seguridad del estado.
La doctrina es que la calle es para los revolucionarios, o sea, los simpatizantes del gobierno, en tanto cualquier imagen de apoyo popular a los disidentes es considerada como un mal ejemplo. La Revolución será defendida a todo trance, nos dicen, aun violando las elementales normas del derecho establecidas en cualquier nación del planeta.
Publicado en el blog "La Santanilla" febrero 7 de 2014.
Caso reciente: la cumbre de la CELAC. Al directo, la policía del régimen, bajo el liderazgo de sus órganos aquí llamados Departamento de la Seguridad del Estado, limitó la capacidad de movimiento de aquellos opositores políticos evaluados como “peligrosos”. Los activistas antigubernamentales fueron advertidos de mantenerse en sus casas, evitar reuniones públicas o cualquier acto posible de ser considerado como desorden público, bajo pena de ser inmediatamente encarcelados.
No es la primera vez, tal actitud se mantiene desde hace años, buscando el menor protagonismo posible en la vía pública para los disidentes, cuyo número aumenta año tras año. La contrapartida es permitirle a un Presidente, en este caso el chileno Sebastián Piñera, reunirse con algunas figuras connotadas de la oposición.
La táctica es impedir a toda costa que estos líderes reúnan simpatizantes, ganando la calle como muestra de su creciente influencia entre las masas.
El temor de las autoridades castristas es real, como se demostró recientemente en la ciudad de Holguín, cuando centenares de trabajadores por cuenta propia desafiaron a la policía, reclamando sus derechos, violados por una decreto gubernamental injusto que permitió confiscarles sus mercancías, retirándoles la licencia, además de imponerles elevadas multas en dinero.
Otra muestra de miedo a las ideas ajenas sucedió el pasado miércoles en el conocido parque de La Plaza de Armas, en la muy turística Habana Vieja, cuando dos jóvenes cristianos de la iglesia Mormona predicaban el Evangelio y fueron detenidos por la policía, con el absurdo de decirles que se trataba de un área pública no clasificada como aceptable para sus prédicas. Los cristianos terminaron provisionalmente en los calabozos de la Policía Nacional Revolucionaria.
Como es práctica común en Cuba, las leyes tienen un origen al parecer loable, luego tergiversado cuando se aplican. El tristemente célebre “peligro” surgió amparado por luchar contra los delincuentes comunes, particularmente los muy violentos, incluyendo a los relacionados con la drogadicción.
Se implementó un sistema que, bajo el control policial a nivel de barrio, con las opiniones del Comité de Defensa de la Revolución y el Partido Comunista, suponía un consenso para aceptar la detención y procesamiento, hasta cuatro años de privación de libertad, para aquellas personas que según ellos eran peligrosas, aún sin probarles debidamente un delito.
Una mayoría aceptó el hecho, suponiendo que así estarían las calles más tranquilas. Lo cierto es que la delincuencia campea por sus respetos, la violencia no se detiene, pero el margen “legal” creado permite sacar de circulación a los opositores políticos, previa advertencia, cuando exista una situación juzgada por el gobierno como contraria a la seguridad del estado.
La doctrina es que la calle es para los revolucionarios, o sea, los simpatizantes del gobierno, en tanto cualquier imagen de apoyo popular a los disidentes es considerada como un mal ejemplo. La Revolución será defendida a todo trance, nos dicen, aun violando las elementales normas del derecho establecidas en cualquier nación del planeta.
Publicado en el blog "La Santanilla" febrero 7 de 2014.