El gobernante cubano Raúl Castro habla de una manera y actúa de otra muy diferente, según pone de relieve un editorial que publica el diario The Washington Post en el que contrasta las demandas públicas del general exigiendo “civilidad” y el estado de terror y persecución en que viven los que se oponen a su gobierno.
El periódico alude al discurso pronunciado por Castro el mes pasado ante la Asamblea Nacional en el que despotricó contra la sociedad cubana por no respetar “el derecho de otros” con conductas que van desde gritar y decir malas palabras en público hasta dejar de pagar en las guaguas y pintar grafitis sobre las paredes.
“Siete días después de que el señor Castro dijo esas palabras –señala el Post— el grupo de la sociedad civil Damas de Blanco marchó por la libertad y los derechos humanos en la provincia de Matanzas…Un grupo de seguidores del gobierno interceptó la marcha y procedió a golpear y acosar a las participantes”.
Tras subrayar que se trató de un nuevo acto de hostilidad e intimidación contra los disidentes cubanos, el editorial dice que “el tipo de civilidad que es reconocido en todo el mundo como dignidad esencial –la libertad de expresarse y reunirse, de escoger a sus propios líderes, de vivir sin miedo a los servicios de seguridad del régimen—no está en la mente de Castro”.
El Post destaca que las autoridades cubanas “siguen amenazando y persiguiendo a quienes se atreven a desafiar su legitimidad”, y cita las recientes declaraciones hechas al diario español El Mundo por Ángel Carromero, testigo de primera mano en la muerte el 22 de julio de 2012 del opositor Oswaldo Payá.
Carromero ha formulado nuevas interrogantes—dice—sobre el accidente tras el que murieron Payá y el también disidente Harold Cepero, y ha sugerido que ambos podían haber estado vivos cuando fueron conducidos a un hospital y haber muerto después, “tal vez a manos de un estado que no los quería”.
Las declaraciones de Carromero “refuerzan la necesidad de una investigación”, según el periódico, que dice sentirse alentado después de que la nueva embajadora de EE.UU. en la ONU, Samantha Power, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demandaron que se lleve a cabo una pesquisa fiable.
“Quizá sea demasiado sugerir que el señor Castro podría permitir una investigación genuina de esas trágicas muertes sin importar los resultados–concluye el Post—. Eso sería un verdadero acto de civilidad”.
El periódico alude al discurso pronunciado por Castro el mes pasado ante la Asamblea Nacional en el que despotricó contra la sociedad cubana por no respetar “el derecho de otros” con conductas que van desde gritar y decir malas palabras en público hasta dejar de pagar en las guaguas y pintar grafitis sobre las paredes.
“Siete días después de que el señor Castro dijo esas palabras –señala el Post— el grupo de la sociedad civil Damas de Blanco marchó por la libertad y los derechos humanos en la provincia de Matanzas…Un grupo de seguidores del gobierno interceptó la marcha y procedió a golpear y acosar a las participantes”.
Tras subrayar que se trató de un nuevo acto de hostilidad e intimidación contra los disidentes cubanos, el editorial dice que “el tipo de civilidad que es reconocido en todo el mundo como dignidad esencial –la libertad de expresarse y reunirse, de escoger a sus propios líderes, de vivir sin miedo a los servicios de seguridad del régimen—no está en la mente de Castro”.
El Post destaca que las autoridades cubanas “siguen amenazando y persiguiendo a quienes se atreven a desafiar su legitimidad”, y cita las recientes declaraciones hechas al diario español El Mundo por Ángel Carromero, testigo de primera mano en la muerte el 22 de julio de 2012 del opositor Oswaldo Payá.
Carromero ha formulado nuevas interrogantes—dice—sobre el accidente tras el que murieron Payá y el también disidente Harold Cepero, y ha sugerido que ambos podían haber estado vivos cuando fueron conducidos a un hospital y haber muerto después, “tal vez a manos de un estado que no los quería”.
Las declaraciones de Carromero “refuerzan la necesidad de una investigación”, según el periódico, que dice sentirse alentado después de que la nueva embajadora de EE.UU. en la ONU, Samantha Power, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demandaron que se lleve a cabo una pesquisa fiable.
“Quizá sea demasiado sugerir que el señor Castro podría permitir una investigación genuina de esas trágicas muertes sin importar los resultados–concluye el Post—. Eso sería un verdadero acto de civilidad”.
