Si usted es un residente permanente de Estados Unidos y tiene su tarjeta de residencia o “Green card” vencida o a punto de vencer será uno de los beneficiados de una reciente extensión de validez del documento por hasta 36 meses que otorgó la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

Para calificar a esta extensión, el residente permanente debe haber enviado apropiadamente el formulario I-90 para solicitar el reemplazo del documento. Este formulario tiene un costo de $415 dólares y se debe presentar en línea.

Si el portador de una “Green card” depende de este documento como prueba de elegibilidad para el trabajo y/o demostración de su estatus legal en EEUU, USCIS ha informado que bastará presentar la notificación de recibo del formulario I-90 junto a su tarjeta de residencia vencida.

Cabe resaltar que las notificaciones de recibo del formulario proporcionaba previamente una extensión de la validez de la también llamada “Tarjeta verde” por 24 meses, tiempo que ahora se exttiende a 36 meses.

El 10 de septiembre, USCIS comenzó a imprimir notificaciones de recibo enmendadas con la nueva fecha para las personas que tienen un formulario I-90 pendiente.

Por otro lado, si la persona ya no tiene su tarjeta de residente permanente y necesita evidencia de su estatus de residente permanente legal mientras espera recibir su tarjeta de reemplazo, puede solicitar una cita en una oficina local de USCIS comunicándose con el Centro de Contacto de USCIS.

En este lugar podrán emitirle un Sello de Documentación, Identificación y Telecomunicaciones para Extranjeros (ADIT) después de presentar el Formulario I-90.

¿Quiénes deben reemplazar su tarjeta de residencia?

• Si la tarjeta de residente permanente caducó o caducará dentro del plazo de seis meses.
• Si su tarjeta anterior se perdió, fue robada, mutilada o destruida.
• Recibió su tarjeta antes de cumplir 14 años de edad y ahora los ha cumplido (a menos que su tarjeta caduque antes de que cumpla 16 años).
• Su estatus ha sido convertido automáticamente al de residente permanente legal (esto incluye los solicitantes que son trabajadores agrícolas especiales que se convirtieron al estatus de residente permanente legal).
• Usted tiene una versión anterior de la tarjeta de inscripción de extranjero (por ejemplo, el Formulario AR-3, Formulario AR-103 o Formulario I-151 de USCIS – ninguno de los cuales es válido en la actualidad para probar su estatus de inmigración) y debe reemplazarla con una tarjeta de residente permanente actual.
• Su tarjeta contiene información incorrecta.
• Usted ha cambiado legalmente su nombre u otra información biográfica que consta en la tarjeta después de que recibió su tarjeta.
• Nunca recibió la tarjeta anterior que le emitimos.

Estados Unidos lanzará el aerostato atado “Argos 2” para mejorar la capacidad de las autoridades en el monitoreo y control de aeronaves de bajo nivel y pequeñas embarcaciones que se acercan a la frontera, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El aerostato Argos 2, considerado una poderosa herramienta de vigilancia utilizada por el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, se ubicará en Cudjoe Key, en el condado de Monroe, junto con un sistema de radar que ha estado en funcionamiento desde 1980. La medida de seguridad responde al aumento del contrabando ilegal y las actividades de inmigración en la zona, dijeron las autoridades.

"Los despliegues anteriores de aerostatos han mejorado la postura de seguridad fronteriza de la CBP, han ampliado sus capacidades de conocimiento de la situación y han aumentado el alcance y la capacidad de la Guardia Costera de Estados Unidos y otras organizaciones de aplicación de la ley estatales y locales", recoge el comunicado.

El sistema de radar de aerostato atado o TARS utiliza helio para su despliegue a alturas de hasta 10.000 a 12.000 pies. "Esto permite que los radares de largo alcance superen las limitaciones de la línea de visión causadas por la curvatura de la tierra y otras limitaciones del terreno", indicaron.

CBP aclaró además que la tecnología de vigilancia específica a bordo del aerostato está diseñada para recopilar información sobre el tráfico transfronterizo y las actividades asociadas y no tiene como objetivo interferir en actividades no delictivas.

142 migrantes han muerto o desaparecido en el estrecho de la Florida en lo que va de año

Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades han muerto o desaparecido entre enero y septiembre durante la travesía del estrecho de la Florida, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Esa ruta ha sido utilizada durante décadas por los cubanos que escapan de la isla con el objetivo de llegar a Estados Unidos. De acuerdo a las estadísticas compiladas por la organización, al menos una treintena de esos 142 eran balseros de la isla.

Las autoridades de EEUU han advertido reiteradamente sobre los peligros de lanzarse al mar. Justo esta madrugada,la Guardia Costera interceptó a un grupo de 43 ciudadanos de la isla que desembarcaron en los Cayos de Florida en un pequeño barco pesquero de madera.

La mayoría de los migrantes que entran a territorio estadounidense de forma irregular son repatriados a sus países de origen.

El más reciente informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indica que, en lo que va de año fiscal 2024, la cifra de cubanos que han llegado a territorio estadounidense asciende a 208.308. Esto incluye a todos los migrantes que ingresan al país a través de las fronteras terrestres y marítimas.

Un grupo de 43 cubanos fue detenido en hora de la madrugada de este martes después de desembarcar en los Cayos de Florida en un intento de emigrar a Estados Unidos de forma irregular por vía marítima, confirmaron las autoridades.

Los migrantes llegaron a Sombrero Beach, cayo Marathon, en un pequeño barco pesquero de madera, informó Andrew Scharnweber, jefe interino del Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La embarcación, anclada en la playa, deja ver un letrero en azul y blanco pintado en la popa que reza “Habana”.

Tras la detención, el grupo de cubanos pasó bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza para ser procesados. Los migrantes que entran a territorio estadounidense de forma irregular se exponen a la repatriación a su país de origen y a otras medidas que afectarían su capacidad de emigrar legalmente en el futuro.

Las autoridades de EEUU han advertido reiteradamente sobre los peligros de lanzarse al mar y atravesar el Estrecho de Florida a bordo de embarcaciones sin las condiciones adecuadas. Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades han muerto o desaparecido este año mientras realizaban la peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos. Decenas de ellos eran balseros cubanos.

Agentes federales, estatales y locales del sudeste estadounidense, junto a un Grupo de Trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, patrullan por tierra, aire y mar para rescatar y repatriar a los migrantes que, a pesar de las advertencias, se arriesgan a emprender esta ruta.

En lo que va de año fiscal 2024, que culmina el próximo 30 de septiembre, la cifra de cubanos que han ingresado a territorio estadounidense asciende a 208 mil 308, según estadísticas divulgadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU.

Un total de 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto último, informó en su más reciente actualización la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés).

Con esa cifra, la menor registrada desde julio de 2023 (7.749), ya son 208.308 los cubanos que han llegado a EEUU en el actual año fiscal, que concluye el próximo 30 de septiembre.

A pesar de la reducción gradual del flujo migratorio del último trimestre, la cifra de este año ya superó la de 2023, cuando se registraron 200.287 ingresos. En 2022 el número ascendió a 224.607.

En junio pasado el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a EEUU. Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50%, según cifras oficiales.

El informe actualiza las estadísticas del parole humanitario aprobado por la actual administración de Joe Biden. El programa, para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, estuvo paralizado varios meses tras una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto.

CBP indica que un total de 530.000 personas han llegado a EEUU desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero de 2023, de ellos más de 110.000 son cubanos.

En el caso de la frontera, las autoridades procesan 1.450 citas cada día a través de la aplicación CBP One, la mayoría de manera aleatoria, y el resto a los solicitantes que han estado esperando más tiempo.

De acuerdo al documento, más de 813.000 migrantes han programado citas a través de la aplicación. En agosto fueron procesadas un total de 44.700.

Los arrestos en la frontera suroeste de EE UU han disminuido en más del 50%

El más reciente informe de CBP muestra una disminución de más de un 50% en los arrestos de migrantes que cruzan la frontera sur de EEUU. En la frontera norte también se ha registrado una caída del 30% de las detenciones.

En agosto último se registraron 58.000 detenciones, lo que representa un 68% menos de detenciones con igual período del año anterior.

CBP reportó además "un aumento significativo en el número de migrantes expulsados y devueltos a sus países de origen y una disminución en el número de personas liberadas (en Estados Unidos) en espera de sus procedimientos de expulsión".

Durante tres días, el personal de una clínica médica de Orlando alentó a una mujer con dolor abdominal que llamó a la línea de triaje a que fuera al hospital. Ella se resistió, atemorizada por una ley de Florida de 2023 que requiere que los hospitales pregunten si un paciente está en Estados Unidos con permiso legal.

La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles que avisaban a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.

“Intentamos explicar esto una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris, directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.

Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.

“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.

Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto.

Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.

Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de la Florida son limitados.

Blaise Ingoglia, el senador republicano estatal de Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de AP sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.

Luis Isea, un médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.

Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían de manera global.

Pero muchas de las llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de la Florida como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo.

El gobierno de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.

Otros, dicen los defensores, reistieron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su hijo si daba a luz en el hospital.

“Tenía mucho miedo (pero) terminó por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.

Los datos que Florida y Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones, sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud, dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de la Florida podría tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.

Por un lado, es autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8 % de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7 % de quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1 % de las personas que acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.

La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga.

También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los porcentajes de la inmigración ilegal”.

La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de la Florida ha disminuido.

En la Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.

Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22 % de población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6 %.

En ese punto, dijo, “generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.

Los grupos comunitarios, legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de Every Texan.

Y en la Florida, aunque los temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la ley.

“Cuánto de esto es una política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.