Cuba
Denuncia busca eliminar la “esclavitud” de los cubanos
El ingeniero, inversor y filántropo cubano-español Javier Larrondo, es presidente de Prisoners Defenders, organización no gubernamental, cuya misión es combatir la represión política en el mundo. La primera sección de este grupo de análisis y acción es Cuban Prisoners Defenders (CPD), que ha denunciado diversos atropellos del régimen comunista a los ciudadanos cubanos, sobre todo el caso de los presos políticos en la isla.
Pero hace unos días, una denuncia por “esclavitud” -considerado un crimen de lesa humanidad- contra varios miembros de la dirigencia castrista, ha llevado a Larrondo a declarar en importantes foros del orbe. Una denuncia nunca antes presentada.
Uno de los casos más conocidos de la llamada “esclavitud moderna” es el de los médicos cubanos enviados a misiones internacionalistas, sobre todo a Venezuela, y anteriormente a Brasil, a quienes se les cataloga como “esclavos de bata blanca”, por las condiciones en que laboran fuera de su país, víctimas de acuerdos arbitrarios, cobrando injustas cuotas, impedidos de encontrarse con sus seres queridos por largas temporadas y bajo permanente vigilancia, amenazas y acoso por parte de agentes de la policía política que operan en estos países.
En representación de CPD y la agrupación opositora Unión Nacional Patriótica de Cuba (UNPACU), Larrondo ha presentado en la Corte Penal Internacional (CPI), en la Organización de Estados Americanos y otras instituciones, una denuncia por “la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos”, recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte de La Haya, adoptado en la capital italiana en 1998.
“Con esto lo que buscamos es la libertad de Cuba. Por ahí se empieza. Eso es lo que nos motiva. Porque si esta demanda se restringe a los profesionales que están en el extranjero, no es porque nosotros tengamos una especial predilección en demandar en ese ámbito, sino porque es la patita débil del castrismo. El haber querido exportar todo eso y el haber caído en jurisdicciones haciéndolo”, dijo Larrondo a Radio y Televisión Martí en entrevista exclusiva con el programa “Karen a las 8”, conducido por la periodista Karen Caballero.
“Pero no sólo hay médicos que son y continúan siendo víctimas de este modelo, catalogado como un crimen de lesa humanidad. Hay también ingenieros, maestros, músicos, deportistas, todo tipo de profesionales que trabajan fuera de su país esclavizados”, destacó el activista, quien inició su carrera en operadoras españolas como Vodafone, para luego lanzar al mercado diferentes negocios digitales, ser directivo de multinacionales y a la par, velar por los derechos humanos. “Desde joven, he estado comprometido con la defensa de los derechos de la gente, y aunque nací en España, siendo hijo de cubanos, me siento cubano”.
Más de un centenar de testimonios
La elaboración de esta demanda, basada en la recopilación y análisis de cientos de documentos y testimonios, le ha tomado a CPD un “arduo año de trabajo”, y cuenta en España, según Larrondo, con el apoyo de dos importantes partidos, Ciudadanos y el Partido Popular.
“Hemos almacenado y estudiado información sobre qué está pasando con las misiones [internacionalistas], y hemos llegado a la conclusión de que se podía procesar a Cuba en diferentes organismos internacionales, porque lo que el Estado cubano realiza con estas misiones, son violaciones de numerosos acuerdos internacionales y crímenes de lesa humanidad en países donde los ciudadanos residentes, también los cubanos, están protegidos”, señaló.
Los hechos y documentos que componen la denuncia abarcan un periodo de 17 años, desde 2002 a 2019. Entre los más de 100 testimonios recogidos, hay buena parte de galenos desertores del programa Mais Medicos, en Brasil, unos han permitido hacer públicos sus nombres y otros han preferido mantenerlos en privado, por temor la represión castrista contra ellos o sus familiares.
La denuncia, explica Larrondo, ha sido presentada en un amplio abanico de cortes penales. Además de La Haya, también en 5 comités de las Naciones Unidas y varias relatorías, que “ya están trabajando” en el análisis de estas violaciones a os derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Los implicados
Los 6 señalados en esta demanda son: Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (órgano rector de la sociedad cubana según la Constitución vigente) y quien estuviera al frente del gobierno entre 2006 y 2018; Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Ministros; José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública; Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera; el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, y Margarita González Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
“Los crímenes de lesa humanidad son cometidos por el poder político de forma sistemática, y se presupone que hay una jerarquía, que tú no procesas a 200 sino que procesas al jefe de los 200. Sin embargo, en este caso, la involucración de cada uno es importante porque en cada uno de esos ministerios existen leyes que rigen esas misiones y cada una de esas leyes, estudiadas como están en la denuncia, son leyes esclavistas. Entonces no podíamos dejar los cargos solamente en Díaz-Canel y Raúl Castro, sino que había que atacar también a esos 4 dirigentes. Y son la crema de toda la metodología de las misiones. No son los únicos, pero estimados que con ellos cubrimos esa cúpula que está a cargo de todo ese esclavismo”, manifestó.
Quitarle la careta al régimen
Larrondo asegura que esta denuncia tiene dos objetivos paralelos: “La transparencia, quitarle la careta al régimen. La difusión y fotografía de lo que el régimen de los Castro está haciendo, que va en contra de todo principio, “socialista” o “de los trabajadores”, y que por lo tanto es más cercano a una monarquía totalitaria esclavista capitalista. Porque al final, ellos sí van en autos de 200 mil dólares, esa oligarquía”.
El segundo objetivo es “generar la presión suficiente en los organismos internacionales para que estos señores, si Dios quiere, se vean presionados a tener que, como ellos llaman, “liberar” a los médicos. Y queremos que los liberen ya, pues hay familias que no se ven, madres, padres e hijos que no se ven desde hace años, y eso es muy urgente”.
“El hecho de que Castro se pueda sentar en una corte, si conseguimos que esas familias sean liberadas, y que esta esclavitud se detenga, me parece un hito que, para mí, humanitariamente, sería un grandísimo éxito”, expresó el representante de UNPACU en la Unión Europea.
Larrondo, graduado de Ingeniería Superior de Montes e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, en la Universidad Politécnica de Madrid, está convencido de que, es posible materializar que las personas señaladas en la demanda “paguen por haber cometido estos crímenes”.
“La Corte Penal Internacional es la que más ejecutoria tiene. Puede dictar una orden de detención internacional en 123 países. Sabemos que la Corte tiene unos plazos lentos, ¿y cómo dinamizamos la demanda?, abriéndola en multitud de organismos que tienen relación y que van haciendo que eso sea público, cada vez más escandaloso, y eso acelera los plazos de cualquier organismo de la corte”, precisó.
Programación mental
A pesar de sus conocimientos de la sociedad cubana, de haber colaborado con Oswaldo Payá y ayudar a fundar la UNPACU, el “altísimo nivel de adoctrinamiento” es uno de los efectos que más ha impresionado a Larrondo. “Es increíble cómo tienen inculcada una programación mental en Cuba”.
“Hay médicos que han salido [de la isla] con la ilusión y agradecimiento al Estado por darle la oportunidad. Luego, claro, ven el mundo y se encuentran con que todo eso se les cae, se les cae la vida. “He perdido mi vida, me dicen, estaba esclavizado”. Es importante hacer trasparente esto al mundo, a los propios profesionales, y lanzar un mensaje dentro del régimen: Señores, yo no sé quiénes de ustedes sabían exactamente cómo se produce, y si tenían la confirmación, pero ahí hay 350 páginas de prueba tras prueba, y no sólo testimonios, tenemos los contratos, las leyes que afectan, cómo se aplican, las pruebas de las amenazas, las pruebas de todo lo que está pasando, y por lo tanto ahí está negro sobre blanco, a partir de ahora nadie puede decir: bueno, yo, no sabía”, advirtió.
Con Cuban Prisoners Defenders colaboran grupos disidentes en Cuba y familiares de los presos políticos, para compilar información, mantener actualizadas las listas de los condenados y prisioneros de conciencia y promover la libertad en la isla.
El programa “Karen a las 8” emitido este jueves 16 de mayo, contiene una entrevista de 25 minutos con Javier Larrondo.
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Parlamento Europeo pide sancionar al régimen cubano y exige la libertad de José Daniel Ferrer
Los europarlamentarios aprobaron una resolución a favor de la liberación del líder opositor cubano y de todos los presos políticos. Condenaron, además, la "tortura" y el trato "inhumano y degradante" a que son sometidos.
En una resolución aprobada con 380 votos a favor, 182 en contra y 51 abstenciones, el Parlamento Europeo instó el miércoles al régimen cubano a que libere de forma inmediata e incondicional al líder opositor José Daniel Ferrer y a todas las personas detenidas en la isla por ejercer sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Los eurodiputados condenaron "la tortura y los malos tratos, inhumanos y degradantes infligidos por las autoridades cubanas" contra Ferrer y otros presos políticos, y solicitaron, "a la espera de su puesta en libertad", que reciban atención médica, y que se permita a sus familiares visitarlos en prisión.
El ente legislativo llamó, además, a la Unión Europea a imponer sanciones contra los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, y recordó la posibilidad de activar la cláusula de suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre el bloque continental y el régimen de la isla.
El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido VOX, calificó de repugnante la represión en Cuba y pidió la aplicación de sanciones contra el régimen.
En un discurso pronunciado el miércoles, en Estrasburgo, Francia, ante el Parlamento Europeo, Frías dijo que “repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen Castro comunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones, de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción”.
“Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional de naciones democráticas y de la Unión Europea”, subrayó.
Comentó en ese sentido que si es necesario hablar de Ferrer, quien está recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, “es por las posiciones timoratas de equilibrismo y de intereses económicos” que dan oxígeno a “oligarcas” del régimen y de “la corrupción”, como Miguel Díaz-Canel.
El europarlamentario calificó de “insólito” que la Comisión Europea e incluso el Parlamento aprobaran en 2017 un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y “la peste socialista de la Cuba castrista”.
También lamentó que en Cuba hay más de mil presos políticos y que la dictadura comunista da ayuda al régimen de Nicolás Maduro.
Al concluir su declaración, afirmó que la única manera de apoyar de verdad la causa de Ferrer y de la libertad es ser firme y contundente “y asfixiar” a quienes apoyan al gobierno cubano.
“Hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos”, aseveró. “Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, VOX”.
De forma similar se pronunció Raquel García, europarlamentaria del Grupo Renew Europa.
“Renew condena los abusos repetidos de derechos humanos del régimen cubano”, dijo García, tras expresar su inquietud por la salud de Ferrer, quien está recluido desde el 11 de julio de 2021 y ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
“Exigimos al régimen cubano su inmediata puesta en libertad y que se les ofrezca la atención médica adecuada”, dijo.
Al concluir sus palabras ante el Parlamento Europeo, se refirió a la necesidad de sancionar al régimen de Díaz-Canel:
“Queremos recordar también especialmente en el inicio de esta legislatura, que los instrumentos diplomáticos y de política exterior de la Unión Europea, como el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, instrumentos fundamentados en la buena voluntad y en la reciprocidad de ambas partes, no serán efectivos si no dejamos meridianamente claro que sus infracciones continuadas deben llevar a la aplicación de sus regímenes de sanciones”.
Gabriel Mato, europarlamentario del PP, dijo que el caso Ferrer refleja "la crueldad del régimen" y que el preso político está encerrado sin haber cometido crimen alguno. Está confinado desde las protestas del 11 de julio de 2021, destacó Mato.
"Es hora de que nos pongamos de lado de la libertad y de la democracia en Cuba", dijo. También hay que "suspender" el acuerdo de la UE con Cuba, declaró.
El pasado martes, un grupo de once europarlamentarios presentó una resolución que exige la libertad de Ferrer y que expresa preocupación por su salud en la prisión de Mar Verde.
El proyecto de resolución argumenta que Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está "ignorando o banalizando" lo que ocurre en Cuba, y que es necesario sancionar a la dictadura y suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.
Pese a la represión del régimen, Alina Bárbara López Hernández logra su protesta en las calles de Matanzas
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual", dijo la historiadora Alina Bárbara López Hernández.
Las autoridades cubanas arreciaron, en los últimos días, la persecución contra el grupo de intelectuales que protestan el 18 de cada mes en espacios públicos, para exigir demandas políticas y sociales.
La Seguridad del Estado detuvo este miércoles al mediodía a la antropóloga Jenny Pantoja a la salida de su vivienda del municipio habanero Diez de Octubre cuando intentó dirigirse a un parque para desarrollar la acción de protesta. Pocas horas después fue regresada a su hogar:
“Yo decidí que cada vez que esté el patrullero, voy a salir porque yo no tengo por qué estar detenida dentro de la casa arbitrariamente. Salí a las 2 de la tarde y me detuvieron, me llevaron para la estación de Aguilera. Ahí me recogieron las pertenencias y me metieron en el calabozo”.
Agregó que fue “entrevistada” en tres partes y tres tiempos, por oficiales de la Seguridad del Estado que le aseguraron que ellos están “en su derecho constitucional de tomar medidas profilácticas en contra de las personas que, como ella, quieren delinquir”.
El último de los interrogatorios lo practicó una oficial de alto rango: “esta persona me presionó de la misma manera que los anteriores, indicando que es instigación a delinquir el hecho de que uno publique y diga que va a manifestarse; que está instigando a que las personas se sumen y a que haya actos de violencia”.
“Fueron unas entrevistas para coaccionar y para controlar y para que yo desista. Además, amenazantes con respecto a la familia, a mi futuro”, recalcó.
Los agentes de la policía política trataron de intimidar a Jesús Pérez Amarales, el esposo de la antropóloga. “Fue en el momento que arrestaron a Jenny, yo tuve un careo con ellos y me hicieron una serie de amenazas sobre mi trabajo, que saben que yo tengo una licencia [de cuentapropista] y las licencias son para los revolucionarios, dijeron”.
Por otra parte, el periodista y humorista Jorge Fernández Era tuvo que acudir a una citación en la mañana del mismo día al cuartel general de la policía política en La Habana, donde fue advertido por oficiales del Departamento de Contrainteligencia:
“Esta citación para Villa Marista no tuvo otro fin que amedrentarme, meterme mucho miedo en cuanto a mis publicaciones, sobre todo para El Toque. La columna semanal que hago de humor les molesta mucho, me lo dijeron así, abiertamente, que no son escritos ni siquiera humorísticos, que cargan contra la dirigencia de este país, que yo le falto el respeto, que yo desacato bla, bla, bla, que ellos han tenido muchísima paciencia conmigo y que en cualquier momento ellos me imputan delitos mucho más graves y que me pueden llevar a la cárcel”.
“Yo espero que a ellos les haya quedado claro que yo no voy a dar un paso atrás”, resaltó el comunicador.
También fue citado a la estación policial de Zanja en Centro Habana el crítico cultural y psicólogo Raymar Aguado Hernández para comparecer ante el mayor Julio.
Luego de esperar por más de quince minutos al oficial, Aguado se retiró del lugar. “No estoy en la obligación de esperar a ningún actor de los órganos represivos del Estado más allá de la hora de la citación, menos para ser sometido a entrevista, acápite no tipificado dentro de la legalidad cubana”, escribió en su perfil de Facebook.
El historiador y activista afrodescendiente Alexander Hall debe presentarse el jueves a las 8 de la mañana en Villa Marista para ser interrogado por el primer teniente Daniel Licea de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado.
“A pesar de que no reconozco la legitimidad de este proceso o de este mecanismo que están implementando, decido asistir para no incurrir, como han advertido otros juristas, y con la experiencia de casos anteriores, en una acción que pueda ser constitutiva de delito”, destacó Hall en una directa en Facebook.
“Además, quiero aclarar enfáticamente que no autorizo bajo interrogatorio la filmación de ningún material audiovisual so pena de incurrir en la violación del derecho a la privacidad por parte de los órganos de la Seguridad del Estado”, subrayó.
Sin embargo, la cabeza más visible de las protestas del 18, Alina Bárbara López Hernández, desarrolló su manifestación sin sufrir represalia, según relató ella misma a nuestra redacción:
“Yo pude desarrollar mi acto de protesta pacífica simbólica que hago cada 18 y no tuve ningún problema, incluso, atravesé toda Matanzas con el cartel en blanco al cuello y para acá para mi casa de regreso, igual; solo un carro patrullero que dio una vuelta en el parque, pero absolutamente ningún inconveniente”.
“Es increíble cómo las personas son amenazadas. Por ejemplo, yo estoy desafiando una medida de reclusión domiciliaria y no ocurrió nada conmigo, sin embargo, a Jenny que también está en reclusión, sí la conducen y Jorge, que ni siquiera está en reclusión, lo amenazan que tiene que estar localizado, o sea que es increíble el modo en que la ley se aplica con total discrecionalidad y con total arbitrariedad”, puntualizó la académica, expulsada de las filas de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) hace pocos días.
Este grupo de intelectuales protesta en diversos espacios públicos de la Isla para demandar la creación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del acoso a personas que ejercen su libertad de expresión.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Más de 2 años de cárcel a opositor cubano por memes de Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro en grupo de WhatsApp familiar
El opositor cubano José Manuel Barreiro Rouco fue sentenciado a dos años y medio de cárcel por intercambiar memes en un grupo privado de WhatsApp de su familia en los que "se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos condenó al opositor José Manuel Barreiro Rouco a dos años y medio de privación de libertad por “realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectan el honor y la integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana”, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Fidel Castro.
El juicio, celebrado el lunes, dejó el caso concluso para sentencia, que debe hacerse firme en los 10 días siguientes a la audiencia.
Barreiro Rouco, de 52 años y barbero de oficio, fue arrestado el 15 de junio de 2023 en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, incriminado, inicialmente, por el presunto delito de otros actos contra la seguridad del Estado y una relación con presuntos grupos “contrarrevolucionarios”.
“Eso era un WhatsApp familiar y ellos [ los investigadores policiales] lo supieron después que decomisaron el teléfono. Los memes no son públicos, los memes fueron intercambiados entre hermanos, primos, familias, tíos”, recalcó desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto De la Nuez, presidente del independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, del que es parte Barreiro Rouco.
“En el juicio no pudieron demostrar que los memes eran públicos. Es una injusticia”, agregó De la Nuez.
De acuerdo con la petición del órgano acusador, Barreiro Rouco compartió en un grupo de Messenger llamado Familly, "imágenes en las que se le atribuían epítetos degradantes" a Díaz-Canel, Raúl y Fidel Castro.
El hermano del activista condenado, Pavel Pérez Rouco, confirmó en un post en Facebook que se trataba de un grupo familiar en WhatsApp.
Finalmente, el opositor, manifestante del 11 de julio de 2021, fue juzgado por cargos de desacato y tenencia y venta ilegal de dólares.
“El caso de José Manuel Barreiro es una muestra de las violaciones extremas de derechos humanos que existen en Cuba, violación de la libertad de expresión, violación a la privacidad. Estamos hablando de una persona a la que le están pidiendo dos años y medios de cárcel por compartir unas imágenes que hacían alusión a dirigentes del régimen en un grupo privado de su familia de 11 personas”, dijo el periodista y profesor universitario cubano José Raúl Gallego, residente en México.
“O sea, ¿a dónde llega el extremo de la persecución, de los abusos, de la paranoia, que pueden meter preso a una persona por lo que comparte con su familia, en un entorno cerrado que no tiene ningún tipo de alcance?", cuestionó.
El opositor permaneció durante seis meses en prisión preventiva, hasta que su abogado logró cambiar su medida cautelar a la de prisión domiciliar, bajo la que se encuentra hasta que la sentencia se haga firme.
Martí Noticias trató de entrevistar a Barreiro Rouco pero no recibió respuesta a las llamadas telefónicas.
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