El gobierno de Daniel Ortega continuó el lunes los arrestos en medio de las condenas y comunicados de la comunidad internacional. Esta vez tocó el turno al exembajador de Nicaragua en Costa Rica Mauricio Díaz, de 70 años, tras salir de una cita en la Fiscalía, una entidad acusada de estar plegada al oficialismo.
Díaz fue interceptado por agentes policiales cuando se dirigía a su casa y luego trasladado a una celda de máxima seguridad en Managua. Con su detención ya son 32 los políticos arrestados en los últimos dos meses en una jornada sin precedentes en la historia nicaragüense.
Tras la detención, la institución policial afirmó en una nota de prensa que el exdiplomático es investigado en el marco de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Dicha ley pretende inhibir de cargos públicos a quienes cometan “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación” o que “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.
Bajo esa ley, aprobada en 2020 por el oficialismo, han sido detenidos la mayoría de los opositores, a excepción de Cristiana Chamorro, quien es investigada por los supuestos delitos de” gestión abusiva, falsedad ideológica, en concurso real con lavado de dinero” por medio de la Fundación Violeta Barrios.
Expertos en temas judiciales han rechazado las detenciones por medio de la Ley 1055 y han dicho que en ninguna parte se estipula con prisión a quienes la violen.
“La única sanción que establece esa ley es no poder optar a cargos de elecciones popular”, expresó el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán en una entrevista pasada con la Voz de América.
“Por eso he dicho que esta nueva escalada represiva ni siguiera tiene apariencia de legalidad, a pesar de que ellos han creado un marco jurídico totalmente adverso contra personas que se oponen a las malas prácticas de esta dictadura criminal”, añadió Morazán.
Miembro de partido opositor que fue liquidado
Mauricio Díaz también forma parte del partido de oposición Ciudadanos por la Libertad, cuya personalidad jurídica fue anulada el fin de semana por supuestas inconsistencias en la documentación legal de su presidenta.
“Desde Ciudadanos por la Libertad demandamos la inmediata liberación y el respeto a la integridad física de nuestro Directivo Nacional, Mauricio Díaz”, escribió en un tuit la organización política.
De los 32 opositores detenidos, siete son aspirantes a la presidencia, dos son líderes estudiantiles, uno es periodista y resto parte de organizaciones de la sociedad civil.
¿Cuáles son los argumentos del gobierno de Ortega?
El gobierno ha catalogado a los detenidos como “delincuentes y criminales” porque a su juicio intentan orquestar un supuesto golpe contra del Estado en su contra.
“Que quede claro que aquí no estamos juzgando a políticos, ni candidatos, sino que se está juzgando a criminales que atentaron en contra del país, contra la seguridad del país y contra la vida de los ciudadanos, ya que estaban organizando otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para lograr lo que ellos llaman el cambio de régimen”, advirtió Ortega en un discurso público el pasado 24 de junio.
“Eso es lo que estamos persiguiendo, investigando y en su momento se castigará, tal y como establecen las leyes”.
