Derechos Humanos
DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.
El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".
Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.
HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.
A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.
En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.
Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración
El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.
Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.
La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.
En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.
Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.
En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.
Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.
Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.
En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.
El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.
El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.
El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.
Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.
El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.
Presos políticos
Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.
Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.
En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.
El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.
Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.
En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.
Defensores de derechos humanos
El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.
Orientación sexual e identidad de género
La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.
Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.
Derechos sexuales y reproductivos
Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
Actores internacionales clave
El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.
En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.
Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.
En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.
La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.
Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.
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Autoridades permiten visita en prisión de Arzobispo de Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer
La asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre y duró alrededor de dos horas. Mons. García Ibáñez estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la Pastoral Penitenciaria, confirmó la esposa de Ferrer.
“Un aliento de que alguien, persona de Dios, haya podido verlo... después de tanto tiempo”, dijo Nelva Ortega Tamayo tras la visita a su esposo, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, del Arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez.
La esposa de Ferrer supo por el religioso que el prisionero político "emocionalmente, está fortalecido, siempre con Dios, y que físicamente le vio estable, compensado con respecto a otras veces, pero, exactamente, la parte de la salud no está bien", señaló este lunes en conversación con Martí Noticias.
Entre los problemas de salud que mencionó Ferrer al religioso, según Ortega, el preso de conciencia está padeciendo de acidez, dolor estomacal y un brazo "prácticamente tumbado".
Ortega confirmó que la asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre, y que duró alrededor de dos horas. Mons. García Ibáñez estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz, a cargo de la Pastoral Penitenciaria.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas populares que ocurrieron ese día en Santiago de Cuba. Desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda en solitario, dijo su esposa.
"Él sí es firme. Se han mantenido el acoso, la represión y las amenazas de que se recuerde que puede pasar toda su vida en prisión si no decide salir del país, y él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes que salir" al destierro, afirmó Ortega en referencia al ofrecimiento de las autoridades de exilio forzoso al opositor a cambio de su liberación.
Según refiere su esposa, el preso político sigue exigiendo sus derechos a las llamadas telefónicas y las visitas familiares, suspendidas desde hace más de un año y medio, con excepciones de visitas breves como la de marzo pasado, en las que sus carceleros accedieron permitir a su hija, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, visitarlo brevemente y así constatar que no estaba muerto, como se rumoraba en las redes sociales.
Esposa de José Daniel Ferrer agradece el apoyo del Parlamento Europeo
“Quieren silenciarle a toda costa, enterrándolo en vida y matándolo lentamente”, denunció Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, en un video en el que agradece a los europarlamentarios por su compromiso con la liberación del líder opositor y otros presos políticos cubanos.
La esposa del preso político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), expresó en un video su profundo agradecimiento por la intervención del diputado Gabriel Matos durante una sesión del Parlamento Europeo la semana pasada, y por el apoyo de todos los eurodiputados y grupos políticos para lograr la libertad de Ferrer.
La doctora Nelva Ismaray Ortega enfatizó en el video la importancia del apoyo recibido por parte del Parlamento Europeo para abogar por una resolución de emergencia y respaldar la nominación de Ferrer al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el ente legislativo. Ortega afirmó que esta iniciativa es crucial para visibilizar la "grave situación" que enfrenta su esposo en prisión.
"La firmeza con la que defienden los valores democráticos y de libertad que compartimos refuerza nuestra lucha por su liberación. Es importante este apoyo para que el régimen sepa que el mundo está al tanto del caso de los abusos contra mi esposo", dijo la esposa de Ferrer.
El líder de UNPACU ha soportado el aislamiento en prisión durante más de un año y medio, tiempo en el que ha sido privado de beneficios penales como las llamadas telefónicas y las visitas de sus familiares.
La esposa del prisionero político destacó las condiciones "inhumanas, crueles y degradantes" que este enfrenta, incluyendo tortura física y psicológica, sin una alimentación adecuada y falta de acceso a la atención médica y dental.
El 3 de septiembre pasado, las autoridades volvieron a negarle el derecho a la visita familiar a Ferrer, según denunció su esposa tras acudir en la fecha programada a la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, junto a dos de los hijos del opositor.
“Quieren silenciarle a toda costa, enterrándolo en vida y matándolo lentamente”, denunció Ortega en el mensaje publicado este domingo.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas populares que ocurrieron ese día en Santiago de Cuba. Desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda en solitario.
Ortega subrayó que, “de haber cometido algún delito, que no es el caso", Ferrer debió haber sido liberado el pasado 1 de abril. En esa fecha, expiró una condena de 4 años de prisión impuesta al opositor santiaguero por supuestamente haber violado los requisitos de limitación de libertad que recaían en su contra desde el año 2020.
Sin embargo, el régimen cubano, "de forma abierta y desafiante, lo mantiene en prisión incomunicado", luego de haber cumplido una "injusta y arbitraria" sentencia, replicó.
La esposa del opositor pidió que la comunidad internacional adopte serias medidas para que el régimen de la isla libere a Ferrer y a todos los presos políticos en condiciones similares, especialmente a las prisioneras de conciencia que "son madres de familia y ni siqquiera pueden ver a sus hijos", apuntó.
La esposa de Ferrer reiteró el agradecimiento a los europarlamentarios, "por su firme compromiso con los derechos humanos y la libertad".
"Confiamos en que su liderazgo será determinante para lograr una resolución para presionar al régimen cubano y lograr la liberación de mi esposo, José Daniel Ferrer García, y de todos los presos políticos que siguen en condiciones inhumanas", concluyó Ortega.
Ferrer fue condenado a 25 años de prisión durante laPrimavera Negra de Cuba de 2003, y excarcelado bajo licencia extrapenal tras un acuerdo entre Raúl Castro, la Iglesia Católica y el Gobierno de España. El líder opositor se negó entonces al destierro y permaneció en el país, donde continuó su activismo. Ha sido declarado “prisionero de conciencia” en tres ocasiones por la organización Amnistía Internacional.
"Nos matan a nuestros hijos", alerta madre de presos del 11J Jorge y Nadir Martín Perdomo
Martha Perdomo alertó a los familiares de presos políticos en Cuba a seguir de cerca las condiciones de sus presos en las cárceles del régimen, donde sus vidas corren peligro.
La madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo denunció este sábado las críticas condiciones de vida que enfrentan sus dos hijos en los campamentos de trabajo forzado de Bainoa y Quivicán, en Mayabeque, donde ambos sufren problemas de salud, y alertó a otros familiares de presos políticos a mantenerse activos por su liberación.
La mujer supo el miércoles que Jorge ha estado enfermo, con fiebre, en el campamento Ho Chi Minh, de Bainoa, en Jaruco, pero no fue hasta verlo este sábado, durante la visita reglamentaria, que corroboró su real estado. Entre lágrimas, Martha contó en una transmisión en vivo en redes sociales que el joven ha bajado más de 10 libras de peso en menos de dos semanas.
El preso político sufre de fiebre, inapetencia y náuseas. Según el diagnóstico de médicos que lo vieron en prisión el viernes, tendría "bronquitis aguda", lo que, señaló la madre, requiere tratamiento con antibióticos, alimentación adecuada, higiene y reposo.
La mujer denunció las condiciones en las que su hijo permanece en prisión. Al negarse a trabajar en protesta por su injusto encarcelamiento, Jorge Martín Perdomo pasa horas encerrado junto a otros reos en el anfiteatro de la prisión, un lugar con filtración de aguas albañales y en medio del sofocante calor del verano, describió Martha.
En el lugar, añadió, hay un baño sin puerta con la suciedad acumulada de días, que no se limpia, y los reos no pueden ni sentarse en el piso, mojado del agua contaminada.
Por otro lado, su hijo Nadir, preso en un campamento de trabajo forzado en Quivicán, Mayabeque, padece de una enfermedad que requiere cuidados especiales, incompatibles con el régimen carcelario, denunció. Desde hace un tiempo, Nadir, al igual que Jorge, "está con arqueadas (náuseas), y ¡que a mí no se me metan cosas en la cabeza!", dijo Martha.
Una endoscopia reciente arrojó que Nadir tiene el hígado inflamado, detalló la madre.
"Por eso les digo a los familiares de los presos políticos: manténgase activos con sus presos en cárceles, porque nos matan a nuestros hijos.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, por participar en las históricas protestas de descontento popular que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021, en su caso, en el pueblo de San José de las Lajas, en Mayabeque.
Marta ha denunciado en varias ocasiones que sus hijos han sido torturados en prisión. "Mi familia cambió por completo con el encarcelamiento de mis hijos, es demasiado fuerte, es muy desgastante, pero mientras me quede sangre en mis venas, seguiré luchando por ellos”, aseguró el año pasado en una entrevista con Martí Noticias.
Entre el 1ro de marzo de 2023 y el 31 de mayo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) registró 739 violaciones a reclusos relacionadas con problemas de salud y falta de atención médica.
Según la organización, son frecuentes en las prisiones cubanas los brotes de tuberculosis, dengue, sarna, diarreas, enfermedades respiratorias y de la piel, así como plagas de roedores, chinches y otros insectos, "que por lo general no son debidamente tratadas por las autoridades penitenciarias".
Artistas cubanas alertan sobre expansión del sistema totalitario cubano en la región
Tania Bruguera, Camila Lobón, Carolina Barrero, Katherine Bisquet y Lía Villares participaron en el foro con estudiantes y catedráticos de la Universidad Internacional de Florida en Miami titulado “Arte, Censura y Resistencia en Cuba”.
La represión contra los artistas e intelectuales en Cuba se abordó en la Universidad Internacional de Florida en un panel con la participación de reconocidas artistas y activistas cubanas exiliadas.
Tania Bruguera, Camila Lobón, Carolina Barrero, Katherine Bisquet y Lía Villares encabezaron la charla basada en la importancia del movimiento artístico cultural como un detonante para la población cubana que ha salido a las calles a protestar durante los últimos años.
En el foro con estudiantes y catedráticos de la Universidad Internacional de Florida en Miami titulado “Arte, Censura y Resistencia en Cuba”, las panelistas denunciaron la persecución contra artistas de la isla que debieron marcharse al extranjero y la represión contra otros que todavía permanecen en prisión como los líderes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel (Osorbo) Castillo Pérez.
La curadora de Arte Carolina Barrero dijo que "es en la obra de arte donde a veces se cuestionan las narrativas propias del totalitarismo y el artista arroja semillas de luz sobre esa oscuridad que quieren articular los aparatos y los sistemas tiránicos".
La censura es definida por estos intelectuales como elemento consustancial de los regímenes totalitarios y consideran que en Cuba se utiliza para neutralizar la esencia contestataria que surge de manera espontánea entre la población.
Por otra parte advierten sobre la expansión del modelo monolítico ideológico cubano en la región.
"Es una realidad que se replica y se repite en países como Venezuela y Nicaragua", dijo Barrero.
Por su parte, la artista Lía Villares afirmó que "no se pueden seguir repitiendo las narrativas que quieren hacer estas dictaduras en Latinoamérica y con la dictadura cubana a la cabeza".
El movimiento cultural de Cuba considera que este tipo de manifestación a través de la lucha no violenta se ha traspasado a la ciudadanía, una pieza clave de impulso para el reclamo civil ante el gobierno de La Habana.
Desde fuera de esa nación, el exilio de artistas cubanos asume la responsabilidad de apoyo a la libertad de su pueblo.
La poeta cubana Katherine Bisquet habló de la necesidad de "tratar de reconstruir esa memoria, a través de mi trabajo como escritora, como investigadora, hacer ese recuento de los crímenes y toda la violencia del Estado y recoger toda la narrativa editada y anulada y volverla a exponer, construirla".
La represión hacia los intelectuales se intensificó con la aprobación del Decreto 349 en abril de 2018, una ley que restringe la libertad de expresión de los artistas y les exige obtener permiso del gobierno para actuar tanto en espacios públicos como privados.
Opositor Jorge Cervantes sale de Cuba en exilio forzado: de la cárcel al avión
El preso político Jorge Cervantes fue custodiado por las autoridades desde la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, hasta el avión, sin que pudiera comunicarse con su familia.
El opositor y exprisionero político cubano Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana al exilio, según una comunicación enviada a familiares y amigos en la que explica que fue expulsado del país directamente desde la prisión.
Cervantes, quien ha sido una figura clave dentro de la disidencia en la isla, anunció su salida del país a través de un mensaje.
En el texto, fechado el 10 de septiembre de 2024, el opositor se dirigió a sus “hermanos de lucha, amigos presentes y futuros, familiares y a todo el que le pueda interesar”, y explicó que el régimen cubano le propuso la deportación como alternativa a seguir encarcelado, una oferta que aceptó.
“Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde voy”, escribió Cervantes.
Añadió que fieles amigos lo están ayudando y que está por decidir su próximo paso. Indicó además que fue custodiado por las autoridades desde la cárcel hasta el avión, sin que su familia supiera nada hasta ahora.
El opositor concluyó su mensaje con la promesa de que, cuando lo considere oportuno, se dirigirá a las redes sociales para explicar su situación en detalle.
Alba Verdecia Gracia, madre de Cervantes, habló este jueves con Martí Noticias desde la provincia de Las Tunas. En la entrevista, explicó que aún no ha tenido comunicación directa con su hijo, y que fue la esposa de este quien le pasó un escrito informándole sobre su deportación.
Según Verdecia, la Seguridad del Estado cubano subió a su hijo a un avión y lo dejó en un país latinoamericano, sin precisar cuál. “Lo dejaron botado en un país latino, sin saber nosotros en qué país es”, lamentó.
La madre del opositor explicó que Cervantes está siendo ayudado por un compañero de lucha mientras decide hacia dónde ir. La incertidumbre sobre su paradero preocupa profundamente a su familia, especialmente a su madre, de 84 años, quien expresó su tristeza por la situación en la que se encuentra su hijo por pensar diferente.
Jorge Cervantes ha sido un opositor destacado dentro del movimiento disidente cubano. Ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y luego fue coordinador del grupo opositor “Cuba Primero” en Santiago de Cuba. Su activismo le ha costado múltiples detenciones y un constante acoso por parte de las autoridades cubanas.
El 12 de marzo de 2024, Cervantes fue arrestado tras un allanamiento en dos de sus viviendas, donde las autoridades decomisaron sus pertenencias y las de su familia. Fue trasladado inicialmente a la Unidad de Instrucción Penal en Santiago de Cuba, y después a la cárcel de Aguadores, donde protagonizó una huelga de hambre de 10 días en protesta por su detención.
La acción llevó a su traslado a la prisión de Boniato, también en Santiago de Cuba, donde permaneció bajo investigación por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, hasta su salida del país.
La madre de Cervantes lamentó la situación en la que se encuentra su hijo, y criticó duramente al gobierno cubano por su trato hacia quienes piensan diferente.
“Que cada cual piense como quiera y no como quiera otro”, expresó Alba Verdecia Gracia. La mujer concluyó que no existe ninguna causa que justifique el arresto ni la deportación de su hijo.
El régimen cubano ha utilizado el exilio forzoso como una forma de represión, y para debilitar la oposición interna, han denunciado activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
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