El presidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó el sábado un ultimátum a un grupo de deudores para que devuelva los fondos públicos del salvataje bancario de 1999, cuando Ecuador vivió una severa crisis financiera.
Correa advirtió a los accionistas o administradores de bancos rescatados por el Estado - a los que se refirió como "peces gordos" - que los declarará insolventes si no se ponen al día en sus obligaciones antes de abril.
"Si no puede responder tendrá que ser declarado insolvente. Yo puedo perdonar una deuda, pero si se la deja en el olvido se llama impunidad", afirmó el mandatario
Bajo esa condición, los afectados pierden el control de sus bienes, no pueden firmar contratos ni salir del país sin la autorización del juez, y sus nombres serán publicados en la prensa, informó la agencia AFP.
A finales de los noventa, 32 bancos quebraron por manejos irregulares en préstamos y el Estado debió asumir su control y desembolsar más 8.000 millones de dólares para evitar el colapso de todo el sistema.
La crisis incluyó un feriado bancario, forzó la dolarización de la economía y la migración de cientos de miles de personas que perdieron sus ahorros.
Catorce años después, el Estado busca recuperar todavía 2.300 millones de dólares en deudas de personas vinculadas con los bancos rescatados, varios de los cuales fueron liquidados.
"No se puede dejar en la impunidad esa tragedia nacional", dijo Correa, y señaló que el Gobierno dará plazo a los deudores de buena fe para que atiendan sus obligaciones hasta finales de año pero actuará con rigor contra los "peces gordos".
Correa agregó que mediante el cobro busca sellar definitivamente la "crisis financiera".
Correa advirtió a los accionistas o administradores de bancos rescatados por el Estado - a los que se refirió como "peces gordos" - que los declarará insolventes si no se ponen al día en sus obligaciones antes de abril.
"Si no puede responder tendrá que ser declarado insolvente. Yo puedo perdonar una deuda, pero si se la deja en el olvido se llama impunidad", afirmó el mandatario
Bajo esa condición, los afectados pierden el control de sus bienes, no pueden firmar contratos ni salir del país sin la autorización del juez, y sus nombres serán publicados en la prensa, informó la agencia AFP.
A finales de los noventa, 32 bancos quebraron por manejos irregulares en préstamos y el Estado debió asumir su control y desembolsar más 8.000 millones de dólares para evitar el colapso de todo el sistema.
La crisis incluyó un feriado bancario, forzó la dolarización de la economía y la migración de cientos de miles de personas que perdieron sus ahorros.
Catorce años después, el Estado busca recuperar todavía 2.300 millones de dólares en deudas de personas vinculadas con los bancos rescatados, varios de los cuales fueron liquidados.
"No se puede dejar en la impunidad esa tragedia nacional", dijo Correa, y señaló que el Gobierno dará plazo a los deudores de buena fe para que atiendan sus obligaciones hasta finales de año pero actuará con rigor contra los "peces gordos".
Correa agregó que mediante el cobro busca sellar definitivamente la "crisis financiera".
