A continuación, un editorial que refleja las opiniones del gobierno de Estados Unidos:

Estados Unidos condenó enérgicamente el arresto por parte de las autoridades de Hong Kong del cardenal Joseph Zen, de 90 años, ex obispo católico de Hong Kong y crítico abierto del Partido Comunista Chino. También condenó el arresto de otros tres destacados defensores de la democracia: Margaret Ng, abogada y ex legisladora; Hui Po-keung, erudito y ex profesor; y Denise Ho, actriz y cantante.

Los cuatro eran fideicomisarios del ahora disuelto Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que se estableció en 2019 para brindar asistencia financiera y legal a quienes participaron en manifestaciones a favor de la democracia en Hong Kong.

Fueron acusados falsamente y arrestados el 11 de mayo por colusión con fuerzas extranjeras y posteriormente puestos en libertad bajo fianza, pero podrían enfrentar sentencias de cadena perpetua.

“Bajo la llamada Ley de Seguridad Nacional, las autoridades de Hong Kong han vuelto a demostrar que utilizarán todos los medios necesarios para sofocar la disidencia y socavar los derechos y libertades protegidos", dijo Ned Price, vocero del Departamento de Estado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, pidió a las "autoridades de la República Popular China y de Hong Kong que dejen de atacar a los ciudadanos que defienden a Hong Kong", señalando que "la libertad de expresión es fundamental para sociedades prósperas y seguras".

En los últimos años, Beijing ha estado aumentando su control sobre Hong Kong, arrestando a activistas por la democracia, cerrando grupos de la sociedad civil y obligando a clausurar organizaciones de medios independientes.

La República Popular China viola cada vez más las libertades fundamentales del pueblo de Hong Kong que estaban garantizadas en la Ley Básica y en la Declaración Conjunta Sino-Británica, cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997.

Los arrestos se producen pocos días después de que asumiera el único candidato aprobado por el Partido Comunista Chino para el puesto de jefe ejecutivo de Hong Kong, el exjefe de seguridad de Hong Kong, John Lee Ka-chiu.

Después de su presunta elección, los cancilleres del G-7, o sea de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, publicaron una declaración expresando "grave preocupación por el proceso de selección del Jefe del Ejecutivo en Hong Kong como parte de un asalto continuo al pluralismo político y libertades fundamentales. Seguimos pidiendo a China que actúe de acuerdo con la Declaración Conjunta Sino-Británica y sus otras obligaciones legales".

Fue un editorial que refleja el punto de vista del gobierno de Estados Unidos