El secretario del departamento de Justicia, Jeff Sessions y el secretario del departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Tom Price, anunciaron este jueves el mayor fraude en el campo de la salud que involucra a 412 personas con pérdidas millonarias que ascienden a $1.3 mil millones de dólares.
Entre los responsables figuran 115 doctores, enfermeras y otros profesionales licenciados de la salud por su comprobada participación en facturación falsa de diversos servicios del cuidado de la salud.
“Muchos profesionales de la salud confiables como médicos, enfermeras y farmacéuticos han optado por violar sus juramentos y poner la codicia por delante de sus pacientes", dijo el también fiscal general, Sessions.
De los acusados, más de 120, entre ellos médicos, fueron inculpados por su papel en la prescripción y distribución de opiáceos y otros narcóticos peligrosos.
“El fraude en el cuidado de la salud no sólo es un acto criminal que le cuesta a los contribuyentes millones de dólares sino también una ofensa a todos los estadounidenses que dependen de nuestros programas nacionales de salud para tener acceso a servicios críticos y una violación a la confianza”, dijo el secretario Price.
Esto fue gracias al trabajo conjunto con el grupo especial de trabajo contra el fraude de Medicare y Medicaid. Participaron en el operativo más de 30 unidades estatales de control de fraude de Medicaid. Además, HHS ha iniciado acciones de suspensión contra 295 proveedores, incluyendo médicos, enfermeras y farmacéuticos.
Las acusaciones apuntan a los planes de facturación de Medicare, Medicaid y TRICARE (un programa de seguro de salud para los miembros y veteranos de las fuerzas armadas y sus familias) para los medicamentos recetados médicamente innecesarios y medicamentos compuestos que a menudo ni siquiera fueron comprados y /o distribuidos a los beneficiarios.
Los casos de fraude también involucran a individuos que contribuyen a la epidemia de opioides, con un enfoque particular en los profesionales médicos involucrados en la distribución ilegal de opioides y otros narcóticos con receta, un enfoque particular para el departamento. Según el CDC, aproximadamente 91 estadounidenses mueren cada día de una sobredosis relacionada con opiáceos.
Según Sessions las consecuencias reales de estos actos son “salas de emergencias, cárceles, pérdidas a futuro y cementerios”. Al mismo tiempo indicó que si bien hoy es un día histórico, el trabajo del departamento de Justicia no ha terminado y que mas bien es sólo el inicio.
“Seguiremos encontrando, arrestando, procesando, condenando y encarcelando a los estafadores y a los narcotraficantes dondequiera que estén”, sentenció Sessions.