Venezuela
- Agencias
El saldo de los colectivos
El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.
El 12 de marzo, una decena de hombres encapuchados a bordo de motocicletas dispararon contra una multitud que estaba parapetada en una barricada, quienes previamente les habían lanzado piedras, palos y otros objetos, dijeron testigos a The Associated Press.
"Dos cargaban revólver y uno cargaba un arma automática", dijo Lisandro Barazarte, fotógrafo del diario regional Notitarde de Valencia, quien captó varias imágenes de los hombres cuando disparaban, escondido detrás de un vehículo. "Habían más pero no desenfundaban (las armas). Ellos cargaban las manos metidas en las mochilas, en los bolsos... Y unos las tenían (las armas) en la cintura pero las tapaban con la franela (camiseta)".
Cuando la balacera terminó dos habitantes del barrio terminaron muertos: Jesús Enrique Acosta, estudiante de 22 años, y Guillermo Sánchez, de 42 años, mánager de un equipo infantil de béisbol. Desde entonces, la vida de los vecinos cambió: ahora viven nerviosos y atemorizados. Con sólo escuchar una motocicleta voltean asustados y se esconden dentro de sus pequeñas viviendas de ladrillo por temor a que les hagan una visita.
El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales, conocidos vagamente con el nombre de "colectivos ", o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.
A estos grupos también se les responsabiliza de múltiples palizas y actos de intimidación, como el padecido por un centenar de estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la estatal Universidad Central de Venezuela, en Caracas, quienes la tarde del 19 de marzo fueron secuestrados y atacados a golpes por casi una hora por unos 40 hombres y mujeres encapuchados, que se identificaron como defensores del gobierno.
Las denuncias por ataques y actos de intimidación de los colectivos datan de hace años pero su accionar se ha hecho más evidente desde que las protestas estudiantiles iniciaron el pasado 12 de febrero, pues han sido responsabilizados de algunos de los heridos y muertos.
El destacado líder estudiantil Daniel Tinoco murió el pasado 10 de marzo tras recibir un disparo en el pecho en la ciudad de San Cristóbal, al occidente del país, donde iniciaron los disturbios tras la indignación que provocó la presunta indiferencia policial ante el intento de violación del que fue víctima una estudiante.
Algunas de las muertes y las lesiones han ocurrido durante los forcejeos que protagonizan manifestantes y motorizados que luchan por mantener o tumbar una barricada, como sucedió al día siguiente a la muerte de Tinoco cuando dos estudiantes en la ciudad occidental de Barquisimeto resultaron heridos por encapuchados a bordo de motocicletas que entraron a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y prendieron fuego a varios vehículos.
Imágenes y vídeos de los presuntos abusos de los colectivos, sobre todo de tiroteos a personas, han sido ampliamente difundidos en las redes sociales en un país donde, según grupos internacionales de defensa de libertad de prensa, el periodismo independiente ha sido objeto de permanente ataque por parte del gobierno. En muchas de las imágenes se ven a hombres armados que, amenazantes, remueven las barricadas instaladas por los manifestantes mientras que la policía y la Guardia Nacional aparecen como convidados de piedra.
Las acciones contra las barricadas coincidieron con una declaración de Maduro del cinco de marzo que pidió a sus seguidores actuar contra los bloqueos de vías al decir que "candelita que se prenda, candelita que se apaga". Generalmente, los manifestantes prenden fuego a las barricadas.
Poco después de esta declaración, el mandatario negó haber llamado a acciones violentas y señaló a la oposición de promover la violencia en el país y de ser responsable de las muertes ocurridas durante las protestas.
Un testigo del ataque en el barrio La Isabelica, cuya identidad mantenemos en reserva por temor a represalias, dijo que la muerte de Sánchez, el mánager del equipo de béisbol, ocurrió cuando salió a la calle a buscar una brocha para pintar y resultó herido en medio de la balacera disparada contra una barricada vecina.
Sánchez, dice el testigo, se escondió en una calle pero poco después fue localizado por los motorizados que se lo llevaron a rastras, herido, mientras lo golpeaban.
"Lo iban a quemar (asesinar) ahí abajo de la matita. La gente (los motorizados) decía:..... quémalo, quémalo para que no nos reconozca", dijo el testigo que presenció la escena escondido en su vivienda. "La policía nunca llegó. No había Guardia (Nacional), no había policía. Esto era el (viejo) oeste".
Sánchez recibió el impacto de bala en su abdomen y murió poco después en un centro de salud de Valencia, según su padre.
El estudiante Acosta también murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando se encontraba con un amigo dentro de una vivienda, dijo otro testigo que se abstuvo de dar su nombre por temor a ser atacado por grupos armados.
"Sabían disparar muy bien", dijo el fotógrafo Barazarte al describir cómo los encapuchados apoyaban sus armas sobre las palmas de sus manos mientras disparaban contra los manifestantes.
El gerente para las Américas de la organización Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, dijo que este tipo de violencia es común en el país. "Éste es sólo un ejemplo de una práctica que hemos visto que ocurre en varios estados, de fuerzas de seguridad que no sólo toleran a estos grupos de civiles armados que atacan a manifestantes pacíficos, sino que colaboran con éstas bandas cuando les propinan palizas, los detienen arbitrariamente y cometen otros abusos", dijo.
Estos colectivos no nacieron de la noche a la mañana. Durante los 14 años del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), estas milicias crecieron enormemente y tuvieron como epicentro la barriada popular del 23 de Enero, al occidente de Caracas.
La mayoría se formó luego del fallido golpe de estado en contra de Chávez en 2002 y su misión ha sido la de ser "guardianes de la revolución". Colectivos como los Tupamaros, que surgieron entre las décadas de los 70 y 80, luego se constituyeron como partido político y hoy tienen 10.000 miembros a nivel nacional.
Alejandro Velasco, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York, dijo que cuando Chávez volvió al gobierno tras el golpe, algunos colectivos vieron la oportunidad de legitimarse pues se imaginan a sí mismos como "los más revolucionarios de la revolución".
Dice que entre sus miembros hay quienes a menudo trabajan en la seguridad de ministerios o de políticos.
Estas milicias, además, montan puestos de vigilancia en las vías para decidir quién ingresa a los barrios que controlan, resuelven disputas familiares y de vecinos, prestan seguridad a pequeños comerciantes y organizan campamentos de verano para jóvenes.
Hoy, tienen presencia en al menos 110 parroquias de las 1.136 que hay en el país, dijo el abogado criminalista Fermín Mármol García. Basado en un estudio hecho por del bloque opositor, Mármol García dice que los integrantes de los colectivos "fueron en algún momento policías municipales, policías estadales... (y que) pudieron en algún momento prestar servicio militar obligatorio".
"Definitivamente los colectivos armados y violentos se comportan en funciones parapoliciales y paramilitares", agregó.
"Hasta ahora no han podido presentar pruebas porque no las tienen", dijo Jose Pinto, secretario general de Los Tupamaros, al rechazar los señalamientos que se han hecho contra miembros de esa organización izquierdista y pro oficialista, acusada de participar en las acciones de los grupos de motorizados armados. "Nuestra única arma es la conciencia".
Líderes opositores se han venido quejando de los colectivos por años y el propio Maduro, en agosto de 2013, visitó la barriada del 23 de Enero y encabezó un acto donde fueron inutilizadas 100 armas de fuego que voluntariamente entregaron 90 colectivos, según reportó el diario estatal Correo del Orinoco.
En febrero, una semana después de que iniciaran las protestas, Maduro habló en defensa de los motorizados durante un acto público y dijo que no aceptaba "la campaña de demonización de los colectivos venezolanos", insistiendo en que ellos se "han organizado para proteger a su comunidad".
Pero eso no fue lo que sucedió en el ataque que padecieron unos 40 estudiantes de la Universidad Central. Fueron arrinconados y llevados por motorizados encapuchados a un sótano de la Facultad de Arquitectura, donde les robaron sus pertenencias y los hicieron desnudarse, incluyendo a las mujeres. Los golpearon con palos, tubos y otros objetos contundentes, los hicieron caminar en medio de una hilera de personas, algunos de ellos con uniformes de bomberos, mientras no cesaban de patearlos hasta sacarlos de la instalación que quedó inundada de gases lacrimógenos que lanzaron los atacantes.
"Me pusieron la pistola en la cara y me dicen que me van a matar, que me mueva", dijo Jhonny Medrano, estudiante del tercer trimestre de arquitectura de 21 años cuando fue llevado al sótano. "Nosotros somos los que defendemos el gobierno, nosotros somos Chávez, nosotros somos Maduro".
"Esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir pasando", repite de manera incesante Hernán Zamora, profesor de diseño arquitectónico de 49 años, mientras llora desconsolado al recordar los momentos de terror que vivió esta tarde. "Esto no puede seguir pasando".
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Congresistas debaten sobre el rol de Cuba en los métodos de represión aplicados en Venezuela tras las elecciones
En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la congresista María Elvira Salazar pidió que se ponga una pausa en cada licencia petrolera para Venezuela otorgada por el Departamento del Tesoro.
La representante María Elvira Salazar, que preside del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, convocó una audiencia para analizar la respuesta de Estados Unidos al fraude en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela.
En la audiencia, en la que participaron funcionarios del Departamento de Estado y agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la congresista pidió que se ponga una pausa en cada licencia petrolera para Venezuela otorgada por el Departamento del Tesoro.
“En ese país se ha desatado una cruel contradicción. (Nicolás) Maduro ha intensificado su brutalidad mediante la cárcel y la muerte. Mientras tanto, lamentablemente, las compañías petroleras estadounidenses y europeas, encabezadas por Chevron, Repsol y Morrell, han aumentado su extracción y sus ganancias, alimentando directamente la maquinaria tiránica de opresión”, dijo.
La congresista preguntó repetidas veces al subsecretario Adjunto para Asuntos del Brasil, el Cono Sur y los Países Andinos de Brasil en el Departamento de Estado, Kevin Sullivan, sobre la decisión de la administración de Joe Biden de otorgar una licencia comercial a la empresa Chevron que le autoriza extraer petróleo en Venezuela que genera millones de dólares al régimen, según Salazar.
“Consideramos los ingresos que genera Maduro al considerar estas decisiones, pero también tenemos en cuenta otros factores, como los intereses estadounidenses más amplios y nuestra posición en nuestros esfuerzos diplomáticos más amplios para abordar este problema”, contestó Sullivan.
"El gobierno de Estados Unidos se ha mantenido firme en su compromiso de apoyar al pueblo de Venezuela en sus aspiraciones democráticas”, agregó e indicó que continúan “trabajando con nuestros socios de la comunidad internacional para coordinar esfuerzos adicionales para exigir responsabilidades a Maduro y sus representantes”.
Por su parte, el congresista Mark Green, republicano por Tennessee, dijo que los métodos de represión que se han visto en Venezuela en las últimas semanas después de las elecciones son “tácticas del manual cubano” para aplastar la disidencia.
“No es sorprendente para quienes hemos estado prestando atención que la amplia presencia cubana en Venezuela responda a muchas preguntas sobre la naturaleza y las intenciones del régimen de Maduro”, dijo Green.
A lo que el demócrata y miembro de alto rango del subcomité, Joaquín Castro, agregó que él no quisiera tener relaciones con otros países latinoamericanos como la que se tiene con Cuba a la que calificó de aislamiento con una relación estancada. Añadió que, aunque no se opone a las sanciones y que las ha apoyado en el caso de algunos países, deben ser calibradas para no obtener resultados negativos.
Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela
El Parlamento Europeo reconoció al excandidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, como presidente “legítimo y democráticamente elegido” e insta a la Unión Europea a reconocerlo.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución que reconoce al excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, como presidente “legítimo y democráticamente elegido” de Venezuela e insta a la Unión Europea (UE) a reconocerlo.
La resolución impulsada por el Partido Popular Europeo, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones.
El documento “pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan todo lo posible para garantizar que el presidente legítimo y democráticamente elegido pueda asumir sus funciones el 10 de enero de 2025, de conformidad con la Constitución venezolana”.
La resolución, además, reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, tras ser electa con más del 92% de los votos en las primarias presidenciales de la oposición.
González Urrutia, exiliado en España, agradeció a los representantes del Parlamento Europeo y aseguró que “ante la claridad de los resultados” en las elecciones presidenciales del 28 de julio “las democracias del mundo deben pronunciarse”.
A casi dos meses de la elección la autoridad electoral que proclamó a Nicolás Maduro como ganador para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye la victoria, no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro como ganador.
González Urrutia, un embajador retirado de 75 años, denunció este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria de Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para “repudiar” la resolución del Parlamento Europeo y los exhortó a respetar la victoria de Maduro.
El acuerdo, que calificó las acciones de los europarlamentarios a los que tildó de “fascistas” como una “grosera intromisión” en los asuntos internos del país, condenó la “írrita e ilegítima practica” del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos “ficticios e ilusorios”.
El martes la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano presentó un acuerdo para instar a Maduro a romper las relaciones diplomáticas y comerciales con España, luego de que el Congreso de Diputados decidió reconocer González Urrutia como presidente electo.
El Senado de España aprobó este miércoles una moción que insta al presidente, Pedro Sánchez, a reconocer a González Urrutia.
Proyecto de ley propone aumentar recompensa por captura de Maduro a 100 millones de dólares
Los congresistas de la Florida Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz lideran un esfuerzo bipartidista para establecer una recompensa de 100 millones de dólares por el arresto y condena del gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Una iniciativa bipartidista presentada este jueves por legisladores estadounidenses propone aumentar la recompensa por la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro Moros a $100 millones de dólares.
La retribución sería pagada por el gobierno federal utilizando los activos incautados a Maduro y a sus funcionarios y cómplices, con un valor que ronda los $450 millones de dólares, por lo que no sería necesario utilizar fondos de los contribuyentes estadounidenses.
Actualmente, Estados Unidos está ofreciendo $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del dictador venezolano y pide a quien tenga información y se encuentre fuera de los Estados Unidos, que se comunique con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano. En caso de estar en los Estados Unidos, debe contactar a la oficina local de la Administración de Control de Drogas (DEA) en su ciudad. La recompensa no será entregada a funcionarios ni empleados del gobierno.
La propuesta para subir a 100 millones de dólares la retribución es parte de la Ley para Asegurar Oportunidades de Pago y Maximizar Recompensas por la Detención de Funcionarios de Regímenes Ilegítimos, denominada como "Ley STOP MADURO".
El proyecto fue presentado por los legisladores Mario Díaz-Balart (R) y Debbie Wasserman Schultz (D, copresidentes del Comité Parlamentario a favor de la Democracia en Venezuela, junto con los Representantes Chris Smith (R), Carlos A. Giménez (R), Jenniffer González-Colón (Puerto Rico), María Elvira Salazar (R), Mike Waltz (R), y Darren Soto (D).
La iniciativa también ha sido elevada al Senado por los legisladores republicanos Rick Scott y Marco Rubio.
"El régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta el narco-terrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. El año pasado advertí que el apaciguamiento de esta dictadura por parte de la Administración Biden-Harris solo envalentonaría a Maduro y el levantamiento de sanciones ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional, ayudando a un régimen estrechamente aliado con peligrosos adversarios como Rusia, Irán, Cuba y la República Popular China. En lugar de aliviar las sanciones, la Administración Biden-Harris debería solidarizarse con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad aumentando la presión y fortaleciendo sanciones", afirmó el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.
Para su colega demócrata Wasserman Schultz, “aumentar la recompensa que conduzca a la condena de Maduro reforzará las acciones ya decisivas adoptadas por la Administración Biden-Harris para apuntar a la organización criminal detrás del robo electoral de Venezuela y la represión violenta de su pueblo”.
A su juicio, la actual Administración Biden-Harris "dirigió hábilmente una rápida presión internacional contra el régimen de Maduro, amplió las sanciones existentes y reunió apoyo mundial en torno a esta realidad: Edmundo González ganó de manera aplastante y el pueblo venezolano merece que se cuenten sus votos y se respeten sus derechos humanos".
"Como lo expresó enfáticamente la vicepresidenta Harris en una carta reciente, Estados Unidos 'permanecerá firme junto al pueblo venezolano en su lucha por la libertad'. Esta recompensa engrandecida por el arresto de Maduro amplificaría esos esfuerzos”, consideró la representante floridana.
Por su parte el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo que Estados Unidos debe "hacer más para detener al narcodictador Nicolás Maduro".
"He pedido a Interpol que emita una alerta roja para facilitar esto, y esta legislación se basa en ese pedido al aumentar la recompensa por su arresto a $100 millones. Maduro es uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano y ya es hora de que rinda cuentas por sus crímenes”, dijo el republicano.
| Qué dice la ficha de captura de Maduro de marzo de 2020 |
Maduro ayudó a gestionar y, en última instancia, a dirigir el Cártel de los Soles, una organización venezolana de narcotráfico integrada por funcionarios venezolanos de alto rango, a medida que ganaba poder en Venezuela en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera designada. Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas de grado militar a las FARC; durante su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de la dirigencia de las FARC para entrenar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles. Maduro fue acusado en marzo de 2020 en una acusación federal del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. |
Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
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