El escritor cubano Armando Valladares, exembajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentó este martes en Quito, Ecuador, un revelador informe sobre el caso de Galo Lara, preso político en ese país por orden del expresidente Rafael Correa.
Valladares, exprisionero de consciencia del régimen cubano por 22 años y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), visitó en mayo pasado en misión humanitaria al exasambleísta Lara en el Centro de Privación de Libertad Regional#8 del Cantón, Guayaquil, acompañado del abogado ecuatoriano Marcel Feraud, miembro del directorio del IID.
El informe, presentado la mañana de este martes en conferencia de prensa, concluye que Lara, quien desde noviembre de 2014 cumple una injusta condena de 10 años de cárcel, ha sido víctima de un proceso judicial "nulo", violatorio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 14.
"La salud del prisionero es frágil y se encuentra agravada por la desatención a la que ha sido sometido. El preso ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles, reñidos con la Constitución y con la legislación nacional e internacional relativa al tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus DDHH", precisa el documento.
El informe califica a Lara como un "perseguido político", solicita su liberación inmediata y advierte que "la permanencia de Galo Lara Yépez privado de su libertad, actualmente a cargo del estado, acarreara responsabilidad al estado ecuatoriano".
Galo Lara, perseguido político
Lara, de 50 años, ingeniero y político, ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos. Siendo miembro del Partido Sociedad Patriótica, llevó a cabo investigaciones que perjudicaban de manera directa a Rafael Correa, documentando su vinculación en varios casos de corrupción, por lo que el entonces presidente de Ecuador arremetió contra Lara.
En tres ocasiones Correa trató de despojar a Lara de su inmunidad parlamentaria, pero no lo consiguió. El asambleísta terminó siendo condenado a 10 años de prisión por supuestamente ser autor intelectual del asesinato de tres personas el 4 de agosto del 2011 la ciudad de Quinsaloma. Fue detenido en Panamá en junio del 2014 y meses después extraditado a Ecuador.
El detallado informe de la comisión del IID expone desde los maltratos y actos de crueldad de que ha sido víctima Lara en la cárcel hasta las violaciones cometidas en el juicio.
A continuación, puede consultar el informe completo:
Informe de la visita humanitaria al ex asambleísta Galo Lara en Centro de Prevención de Libertad Regional #8 de Guayaquil, Ecuador
El Interamerican Institute for Democracy (IID) resolvió integrar una comisión que realice una visita humanitaria al ex Asambleísta Galo Lara Yépez, preso en Ecuador. La Comisión la integraron los Directores, el Embajador Armando Valladares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del IID y el abogado Marcel Feraud. Las contrapartes locales en Ecuador fueron las organizaciones civiles, FUNDAMEDIOS Y CEDHUS.
La visita al preso se realizó el día 7 de mayo de 2018.
Maltrato y actos de crueldad
Galo Lara presenta claras evidencias de maltrato físico y psicológico. En sus talones se observan cicatrices producto de grilletes y sus pies registran deformaciones por su condición diabética y la falta de calzado. El preso expreso que ha perdido casi totalmente la visión en su ojo derecho y la audición en su oído izquierdo.
El preso expreso también que padece de una permanente vibración y sonido perturbador en sus oídos, además de insomnio.
La separación familiar agravada por la prohibición de visitas y el aislamientole han producido un estado de profunda ansiedad y depresión.
De acuerdo a sus antecedentes médicos, Galo Lara es diabético, con problemas cardiacos y de elevada presión sanguínea. Tiene además un cuadro dialítico. Aduce que por el descuido médico y falta de atenciónse encuentra ahora en un estado de insulina dependencia.
El trato cruel e inhumano se agrava al comprobarse que los informes de visitas y atención medica que producía el Ministerio de Justiciay publicaba como información oficial eran falsos porque estas no tenían lugar.
Correlación entre la fiscalización al expresidente Correa y la persecución con claro afán de silenciar al asambleísta
La correlación entre las denuncias de corrupción y la documentada fiscalización del ex Asambleísta Galo Lara al gobierno del ex presidente Rafael Correa, con la implacable persecución ejercida sobre el denunciantecon el afán de silenciarlo, es evidente y abundante.
Las denuncias de corrupción presentadas por Galo Lara en el seno de la Asamblea Nacional y ante las autoridades competentes se encuentran documentadas en varias publicaciones y opiniones autorizadas, especialmente en el libro del Dr. Juan Vizueta, abogado defensor de Galo Lara, titulado “El Precio de Fiscalizar al Correísmo. Galo Lara Crónica de una Persecución”.
En tres oportunidades el ex presidente Correa intentó despojar al Asambleísta de su inmunidad parlamentaria, sin resultado positivo.
El juicio que condena a Galo Lara a 10 años de prisión
El horrendo y condenable múltiple crimen en el que se involucra al detenido no resiste el más elemental análisis jurídico. Lo anterior quedo demostrado en el juicio incoado en su contra en el que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo absolvió de toda responsabilidad. Más aun, la Fiscalía General se abstuvo de apelar y por tanto de impulsar la acusación en la instancia de apelación, en clara indicación de que no existían las pruebas necesarias para implicar y menos condenar a Galo Lara. En la instancia de apelación impulsada por familiares de las víctimas, Galo Lara es condenado como cómplice, con la pena de reclusión de 10 años.
Articulistas y analistas jurídicos y políticos han coincidido en calificar la prisión de Galo Lara como una clara persecución política con ánimos de silenciar al denunciante.
Se destacan algunos hechos en relación con la infame acusación:
1. La Fiscalía no investigo un primer crimen ocurrido en Quinsaloma el 6 de junio de 2011, en el que Darwin Abel Romero Pino fue asesinado. Por versiones documentadas de los pobladores, Carlos Humberto Llanos Avendaño, víctima del segundo crimen de Quinsaloma, ingreso a la vivienda de Romero, lo sometió y lo amarro a un colchón, quemándolo vivo. Hay múltiples testimonios en el proceso que confirman que Klever Romero, hermano de la víctima, juró vengar a su hermano, asesinando a Carlos Humberto Llanos Avendaño de la misma manera, es decir calcinándolo. No obstante, estas pruebas, la Fiscalía no investigo y Romero fue beneficiado con un sobreseimiento en su favor.
2. El testigo de la Fiscalía de nombre Alex Vicente Cedeño Molina quedó evidenciado en el proceso como un falso positivo. Cedeño, preso e investigado por un asesinato, tenía en su contra el informe pericial de balística que lo confirmaba como el autor de dicho crimen. No obstante, La Fiscalía se abstuvo de acusarlo y una vez en libertad lo presento como testigo en contra de Galo Lara.
3. Uno de los supuestos autores materiales, de apellido Veliz, confeso que agentes policiales le ofrecieron $20,000 para que acuse a Laray su conviviente Carolina Llanos de haber dado la orden del terrible asesinato.
4. El cheque 000523 del Banco Pichincha, girado a nombre de Gilberth Llanos, hermano de Carolina Llanos, por $3,500, quedo comprobado que tuvo como objetivo cancelar las cuentas médicas en la Clínica Omni de la ciudad de Guayaquil, por el alumbramiento de los hijos mellizos de Carolina Llanos. Dicho cheque fue cobrado en la agencia bancaria de Mall del Sol, a pocos metros de la clínica Omni.
5. El número de teléfono escrito en un fragmento de papel y supuestamente encontrado en el domicilio de uno de los sicarios, fue desvirtuado. Se comprobó que dicha línea telefónica perteneció en fecha posterior a Galo Lara, es decir no le pertenecía al momento de los hechos.
6. Las llamadas telefónicas entre Lara y Llanos el día de los hechos fueron para tratar asuntos familiares y de sus hijos recién nacidos y no para planificar un crimen.
7. No existe un móvil que justifique el crimen de Llanos ni de Lara a una persona que supuestamente mantuvo un romance con Llanos hace 17 años.
8. No existe móvil alguno para que Lara ni Llanos hayan querido ultimar a un menor de 3 años.
Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas consigna en su Artículo 11: “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”
El sistema interamericano de derechos humanos ha identificado ya que los principales abusos de los derechos humanos en América Latina se producen por la falta de independencia del poder judicial, a diferencia de los tradicionales abusos causados por la policía, las fuerzas armadas y otras agencias de seguridad. Esta realidad se encuentra probada en importantes informes oficiales entre los cuales destacan, el informe del Departamento de Estado de los EEUU sobre derechos humanos de 2015.
También es relevante el informe, Independencia Judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, de 2014, patrocinado por la Fundación para el Debido Proceso con sede en Washington, D.C.; De Justicia, de Colombia; y, el instituto de Defensa Legal, de Perú. Similares conclusiones emergen del informe El Uso del Poder Judicial para vulnerar los derechos humanos en Ecuador, patrocinado por el Interamerican Institute for Democracy y la Federación Interamericana de Abogados.
Lo anterior se encuentra ampliamente sustentado en la doctrina dictada por los académicos y estudiosos del sistema interamericano de derechos humanos, entre los que destaca el Dr. Douglass Cassel, actualmente presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA.
En la obra “Fallos judiciales que violan derechos humanos en Ecuador. Seis estudios de caso”, publicado por el fondo editorial del Interamerican Institute for Democracy, en la página 20, en el acápite de presentación de la obra, el profesor Douglass Cassel hace la siguiente precisión:
“Para fines de analizar las violaciones del debido proceso, no es necesario, ni siquiera pertinente, opinar sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados. Aun en el supuesto de la culpabilidad de los procesados -quienes gozan de la presunción de inocencia- no se justifican las violaciones del derecho a un juicio justo.”
Presión del gobierno de Ecuador para que Panamá revoque el asilo político a Galo Lara
La intervención del aparato del estado es evidente cuando intenta y logra con éxito que el gobierno de Panamá revoque el asilo político concedido a Galo Lara, en claro reconocimiento de su condición de perseguido político.
El gobierno ecuatoriano destaca a Panamá delegaciones de alto nivel integradas por el Ministro del Interior, el Fiscal General, el Vice Canciller para gestionar con su contraparte del gobierno de Panamá, el canje de Galo Lara, previa revocatoria de su asilo político, con el buque Doria de bandera panameña capturado con drogas por las autoridades ecuatorianas.
El ex presidente Osvaldo Hurtadoenvió una carta personal al presidente de Panamá en la que expresó: “Cuando el diputado Galo Lara, en ejercicio de la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional denuncio actos de corrupción, el Gobierno intento privarle de su fueropara enjuiciarle por injurias. Al fracasar fue acusado de ser cómplice de un triple asesinato atroz, al parecer resultado de un ajuste de cuentas entre delincuentes comunes”.
Conclusiones
Esta comisión, como resultado de la visita humanitaria a Galo Lara y el análisis de la documentación de soporte, que es publica, considera lo siguiente:
1. Que el proceso judicial en el que fue involucrado Galo Lara Yépez es nulo. Lo anterior se encuentra sustentado y probado por la evidente manipulación judicial al involucrar al ex asambleísta, sin pruebas, en un triple crimen. Este hecho violo el principio de la independencia consagrado en la Constitución del Ecuador en su artículo 168, numeral 1. Se infringió de manera flagrante la Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 14, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de igualdad jurídica e independencia de los jueces. Lo anterior configura una directa violación a sus DDHH.
2. Que Galo Lara Yépez es un perseguido político y que por tanto su encarcelamiento es violatoriode sus DDHH.
3. Que la salud del preso GALO LARA YEPEZ es frágil y se encuentra agravada por la desatención a la que ha sido sometido. El preso ha sido víctima de tratos inhumanos y crueles, reñidos con la Constitución y con la legislación nacional e internacional relativa al tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus DDHH
4. Que, como consecuencia de los vicios de nulidad del proceso, el preso Galo Lara Yépez debería ser inmediatamente liberado. La permanencia de Galo Lara Yépez privado de su libertad, actualmente a cargo del estado, acarreara responsabilidad al estado ecuatoriano.
Firmado en Miami, el 15 de mayo de 2018, por el Embajador Armando Valladares, Presidente de la Comisión DDHH del IID, y el abogado Marcel D. Feraud, Director del IID.
