El grupo independiente Justicia 11J ha dado a conocer su informe anual “Otro año sin justicia en Cuba”, que es el resultado de un proceso de monitoreo y documentación desarrollado a lo largo de 12 meses, entre julio de 2022 y julio de 2023, en relación con las estrategias puestas en marcha por el Estado para cerrar aún más el espacio cívico cubano.
Para elaborar dicho informe, el grupo cívico explica haber tenido “acceso a autos de imposición de medidas cautelares, peticiones fiscales, y sentencias judiciales de tribunales de primera y segunda instancia. También se ha hecho uso de informaciones levantadas en sitios de redes sociales, o recopiladas y difundidas en medios de prensa independientes. Para contrastar informaciones y cifras, se consultó información oficial emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), medios de prensa y espacios televisivos oficialistas, así como un cuerpo de leyes y decretos leyes de relevancia en el período, y sobre las áreas que abordamos aquí”.
Justicia 11J, nacido al calor de las históricas manifestaciones populares del 11, 12 y 13 de julio de 2021, afirma que en Cuba existe “mayor desigualdad y represión a dos años del 11J”.
Según el reporte, desde junio de 2022 se han contabilizado 248 protestas en toda la isla, 178 de ellas consideradas multitudinarias, 17 grupales, 36 en solitario y 8 eventos familiares. “Desconocemos el tipo de autoría de 9 protestas, que contemplan pintadas de carteles (5) y daños a inmuebles (4)” y apunta “un 97 % de manifestaciones pacíficas que, según su tipología, han sido caracterizadas como: cacerolazos (106), salida con cartel o pintada de cartel (17), cierre de calles (33), siendo La Habana la provincia “donde se han desarrollado la mayor cantidad de protestas es La Habana (86), seguida de Holguín (27), Matanzas (23) y Mayabeque (19)”.
“Solamente en lo que va de 2023, hemos registrado 42 eventos de protestas públicas, entre familiares (8), en solitario (12), grupales (14) y multitudinarias (3). Documentamos 17 eventos relacionados con la pintada de carteles (en vestimenta, pancartas o en paredes o muros del espacio público). La autoría de 4 de ellos se la adjudica el grupo de reciente creación conocido como El Nuevo Directorio. Destacamos tres eventos de cierre de calles ocurridos en el período, protagonizados por madres con sus hijos que han protestado por la falta de agua y de electricidad, así como por acceso a una vivienda temporal, luego de derrumbe del hogar”, destaca Justicia11J.
“A lo largo del país y del tiempo, se han escuchado consignas como: ‘Libertad’, ‘Derechos humanos’, ‘Patria y vida’, ‘Viva Cuba libre’, ‘Abajo el Comunismo y ‘Abajo el PCC, entre otras. En distintas localidades las manifestaciones han ocurrido frente a instancias gubernamentales y del partido local”, expone la organización.
Respecto a la situación en de los prisioneros políticos en las cárceles, Justicia 11J afirma haber registrado 38 eventos sobre inicios de huelgas de hambre o de hambre y sed.
La “entrada en vigor del nuevo Código Penal y Aprobación de la Ley de Comunicación Social”, promulgados por el régimen cubano durante este año son, de acuerdo con Justicia 11, dos de los eventos que han colaborado en agravar la situación en el país.
“Durante el año transcurrido entre julio de 2022 y la fecha del cierre de este informe, nuestro grupo de trabajo ha registrado 74 nuevas personas que resultaron detenidas en relación con estas protestas, para un nuevo total de 1558 personas. De este nuevo total, 1323 personas son hombres, 228 son mujeres, mientras la identidad de género de 7 es desconocida o no binaria. Con relación al color de la piel, hemos logrado documentar la información relativa a 1084 personas. De ellas 614 son de piel blanca y 470 son de piel negra o mestiza. Conocemos la edad durante la detención de 1554 personas. Las edades comprenden entre los 12 y los 68 años", detalla la investigación.
El grupo de monitoreo asegura desconocer la profesión de 1183 personas detenidas.
"Hasta la fecha, conocemos que entre los detenidos hubo, al menos: 50 estudiantes, 87 trabajadores por cuenta propia, 21 trabajadores de la salud, 55 obreros o técnicos, 45 artistas y 21 comunicadores o periodistas, que ejercían su profesión al momento de la detención", precisa.
La nueva data incorporada a nuestros registros reafirma nuestra conclusión de que la mayor parte de las personas detenidas (1427, para un 92 %) no pertenece a ninguna organización política ni de la sociedad civil, ni colaboran con ningún medio de comunicación”, determinó Justicia 11J.
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