A continuación, un editorial que refleja la opinión del gobierno de Estados Unidos:
El gobierno de Corea del Norte tiene uno de los peores historiales de violaciones y abusos de los derechos humanos, tanto dentro de sus propias fronteras como en el extranjero. Estos incluyen ejecuciones, asesinatos, intimidación, detenciones ilegales y secuestros, incluso de ciudadanos japoneses y surcoreanos.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Enviada Especial de Estados Unidos para Asuntos de Derechos Humanos de Corea del Norte, embajadora Julie Turner, expresó su profunda preocupación por la continua impunidad de los perpetradores de violaciones y abusos de los derechos humanos en Corea del Norte.
Ella instó al gobierno norcoreano a realizar cambios significativos:
"Desmantelar de inmediato los campos de reclusión de prisioneros políticos, liberar a los presos políticos e instituir protecciones contra la detención arbitraria que garanticen el respeto de los juicios justos y otras protecciones".
La embajadora Turner también exhortó a Pyongyang a poner fin a todas las formas de trabajo forzoso y a respetar los derechos laborales internacionalmente reconocidos.
Acerca de los secuestros, la embajadora Turner dijo que Corea del Norte debe "proporcionar un registro exhaustivo y transparente de todos los secuestros, incluidos los de ciudadanos extranjeros, y facilitar la reunificación de las familias divididas, incluidos los secuestrados, los detenidos y los prisioneros de guerra no repatriados".
Los Estados Unidos aconsejaron además a Pyongyang que revisara la terminología jurídica sobre las personas con discapacidad para abordar la discriminación y alinearla con las mejores prácticas internacionales.
Estados Unidos hace un llamamiento a Corea del Norte para que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, adopte medidas inmediatas para poner fin a todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y se comprometa con los expertos en derechos humanos de la ONU.
Corresponde a todos los Estados miembros, incluida la República Popular China, que comparte frontera terrestre con Corea del Norte, cumplir sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y respetar el principio de no devolución, que prohíbe deportar a personas a países donde se enfrentan a la persecución o al peligro. De hecho, numerosos informes de la ONU y de ONG han confirmado que los retornados a Corea del Norte a menudo son sometidos a tortura, violencia sexual y de género, trabajos forzados o ejecuciones.
Dirigiéndose al pueblo norcoreano, la embajadora de Estados Unidos, Michèle Taylor, representante permanente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha subrayado: "Quiero decirles que los vemos, los escuchamos, los recordamos. No se les olvida y no dejaremos de abogar por ustedes".