MADRID- El juez español Pablo Llarena estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, sobre la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresidente regional de Cataluña Carles Puigemont por el delito de rebelión.
También la Fiscalía española estudiará la "eventual posibilidad" de acudir al TJUE por esta cuestión, informó hoy el ministerio público en una nota.
La cuestión prejudicial consiste en una consulta formal de un juez o fiscal de cualquier país de la Unión Europea (UE) cuando tiene dudas sobre cómo debe aplicarse una norma comunitaria.
En último término, lo que Llarena plantearía es cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE, dijeron fuentes del Tribunal Supremo español (TS).
Esto, indirectamente, podría suponer cuestionar si han sido correctamente aplicadas esas normas por los jueces alemanes, o bien preguntar cuáles son las acciones que él, Llarena, puede tomar tras la decisión alemana.
En todo caso, la negativa de entregar a Puigdmeont por rebelión no ha sido notificada al TS, así que la eventual decisión del juez se hará esperar, al menos, hasta que se haya cumplido dicho trámite.
Puigdemont, presidente de Cataluña entre 2016 y 2017, fue detenido el 25 de marzo en Alemania en virtud de una orden europea de búsqueda y entrega (euroorden) dictada por Llarena, que investiga el proceso independentista ilegal catalán iniciado en 2017.
El juez había procesado a Puigdemont, huido al extranjero, y a otros 12 líderes independentistas catalanes por rebelión y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el jueves el delito de rebelión en la petición de extradición a España y acordó su libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia una posible entrega por malversación.
El exgobernante catalán salió hoy de la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, tras comunicar a la Fiscalía el lugar donde residirá en ese país.
El Gobierno español reiteró hoy que acata la decisión judicial de dejarlo en libertad y quiso recordar que las autoridades alemanas lo consideran prófugo de la Justicia española, y no perseguido político.
Respecto a la euroorden, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, comentó que se trata de "una cuestión entre jueces, no entre gobiernos, y el español es respetuoso y acata siempre lo que dicen los jueces".
Puigdemont y su equipo de gobierno fueron destituidos el 27 de octubre de 2017 por el Ejecutivo español, después de que el Parlamento catalán, de mayoría independentista, aprobase una declaración a favor de la independencia unilateral de Cataluña, declarada "inconstitucional".
[Agencia EFE]
