Jorge Martín Perdomo, preso político cubano condenado a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, llevaba más de 10 días este lunes sin poder comunicarse con su familia.
Según dijo su madre a Martí Noticias, Marta Perdomo, esta situación no es nueva y forma parte de una serie de represalias que su hijo enfrenta en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio de Jaruco, en la provincia de Mayabeque.
“Ya no aguanto más. No tengo comunicación con mi hijo, no sé lo que está pasando, no sé si está enfermo. Esto es una tortura, lo que están haciendo con él y conmigo”, expresó Marta desde su hogar, en San José de las Lajas.
Jorge se ha negado a trabajar dentro del penal, lo que, según su madre, ha provocado que las autoridades penitenciarias lo mantengan durante largos períodos sin acceso al sol y recluido en un área con filtraciones de agua. Esta exposición constante a la humedad le ha ocasionado graves afecciones respiratorias.
“El preso tiene derecho a comunicarse con su familia. Yo no pido una llamada a la semana, pido la que le toca, pero las autoridades dicen que no hay teléfono”, denunció Marta, quien describe a sus hijos, Jorge y Nadir, también encarcelado por las protestas del 11J, como jóvenes profesionales queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de Lenguas Extranjeras.
La situación de incomunicación y represalia también afecta a otros presos políticos, como Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años por los delitos de desacato, atentado y propagación de epidemias.
Pérez, detenido tras salir a las calles el 11 de julio con un cartel que decía: “Era tanta el hambre que nos comimos el miedo”, se encuentra encarcelado en la prisión Melena Dos, en Melena del Sur, Mayabeque.
Su esposa, Dayana Aranda, residente en Vegas, municipio Nueva Paz, denunció que Pérez también lleva alrededor de 10 días sin contacto telefónico. “Estas restricciones son una represalia por su posición crítica. Siempre hemos vivido esto: cuando no le quitan los medicamentos, le prohíben tomar la comida del comedor, le restringen las llamadas o hacen requisas para quitarle sus pertenencias. Siempre es así”, explicó.
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