Gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos exigieron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario.
En la misiva expresaron preocupación por lo que consideran una "falta de coordinación e intercambio de información" en el programa migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, "que afecta directamente a sus estados y comunidades locales".
Según alertan, los procesos de permisos de permanencia temporal para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) han provocado una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y “la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general”.
El programa comenzó en 2022 con inmigrantes venezolanos y en enero del 2023 se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses, permitiéndoles vivir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de dos años mientras trataban de obtener otro estatus legal.
La más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) indica que un total de 530.000 personas han llegado a EEUU desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero de 2023.
De los 111.000 cubanos que han sido procesados bajo el programa, más de 110.000 han ingresado en territorio estadounidense.
“En ausencia de dirección del DHS (Departamento de Seguridad Nacional), las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en las redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados”, explicaron en la carta fechada el 8 de octubre.
Los representantes de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, y Wyoming dijeron que el arribo de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso "no sólo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en posibilidad de sufrir daños físicos".
“Después de haber sido recibidos con un escepticismo comprensible por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han empezado a tener miedo de interactuar con el público. Este aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso”, opinaron.
Además, recordaron que el programa CHNV se suspendió temporalmente en julio debido a informes de fraude y abuso y que se restableció en agosto después de que se implementaran procedimientos de investigación más exhaustivos.
"Dado el volumen de migrantes a los que ahora se les permite ingresar y viajar libremente dentro de los Estados Unidos bajo el programa CHNV, es difícil creer que se haya eliminado todo potencial de fraude y abuso en el plazo de un mes. Por lo tanto, la carga de proteger a los migrantes ahora recae en los gobiernos estatales y locales", dijeron en su carta.
Añadieron que “sin información sobre los patrocinadores de los migrantes o la ubicación y el estado laboral de los migrantes, las fuerzas del orden estatales y locales tienen capacidades extremadamente limitadas para investigar la posible explotación de los migrantes y la posibilidad de que sean víctimas de trata de personas”.
Los gobernadores exigieron un informe completo de la Administración Biden-Harris y el DHS sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional e información sobre la investigación de seguridad, que el DHS afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional, y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente.
También preguntaron qué sistema tiene implementado el DHS para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y determinar qué asistencia está brindando esta agencia federal a los migrantes.
El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que todos los patrocinadores del programa requerirán someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos.
Además, la semana pasada la Administración Biden-Harris determinó que no prorrogará este programa.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que ls beneficiarios deben solicitar otro tipo de estatus legal, salir del país o enfrentar la deportación.
“Este periodo de dos años pretendía permitirles a las personas solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios de inmigración para los que podrían ser elegibles, así como trabajar y contribuir a Estados Unidos”, declaró Naree Ketudat, portavoz de Seguridad Nacional.
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