Cuba
Informe Anual de Amnistía Internacional denuncia represión y discriminación muy extendida en Cuba
Amnistía Internacional publicó el martes en la noche su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado “la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”.
“Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó “la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalcó que Cuba “carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”.
“El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
En 2023 se implementó un nuevo Código Penal “que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas”, destacó el informe.
Disidentes y manifestantes en la cárcel
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. “La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
El 6 de mayo, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió Amnistía, otorgaba al gobierno facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Otro problema en Cuba el año pasado es que “era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas”.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera “fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado” tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.
Otros presos políticos
El 14 de febrero, agentes de seguridad del Estado “detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política”.
El gobierno mantuvo recluidos a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, “que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías”.
Asimismo, las autoridades “rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla”.
Crisis humanitaria
"La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año", explicó la organización.
“El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones”, señaló el informe.
Amnistía citó en este contexto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual expresó en abril su preocupación sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó “que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga”.
Discriminación, racismo y violencia de género
Al concluir el capítulo sobre la situación en Cuba, afirmó que persistía la discriminación, “que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas”.
“La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos”, informó Amnistía.
A pesar de esta situación, “el gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia”.
Además, “continuaba la discriminación por motivos de género” y la Legislatura “no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal”, pese a que las ONG y la prensa independiente denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres “en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género”.
Otras declaraciones sobre Cuba
A inicios de abril, la organización publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Se trata de "un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba junto a una selección emotiva de las más de 21 mil cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional por su liberación", indicó Amnistía.
"La obra muestra los momentos inspiradores de movilización desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021, así como la severa represión gubernamental y las historias de cinco personas presas de conciencia; José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Este libro también es un llamado a la acción, que invita a las y los lectores a sumergirse en las poderosas historias detrás de cada imagen y a unirse a la demanda por una #CubaSinRepresión", escribió la organización.
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Aplicaciones digitales no resuelven los problemas del transporte
Con el transporte público estatal colapsado y las alternativas privadas fuera del alcance de muchos, moverse por La Habana y otras ciudades cubanas sigue siendo una misión casi imposible para los residentes.Aún con las nuevas tecnologías, el transporte en Cuba sigue siendo un desafío cotidiano.
Entran en vigor nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
Las florecientes empresas privadas de Cuba se preparaban para el impacto de las nuevas medidas del Gobierno, que comenzó a implementar el miércoles una serie de normas enfocadas en regular más estrictamente el sector.
Las nuevas normas se ponen en marcha tres años después de que se legalizaran las empresas privadas tras una prohibición de décadas establecida por el exlíder Fidel Castro.
Las medidas terminan con incentivos para la creación de nuevas empresas, restringen a las mayoristas independientes y añaden nuevos requisitos para quienes buscan iniciar una compañía. También aumentan los impuestos, refuerzan los derechos de los trabajadores, endurecen los requisitos contables y agudizan la supervisión al sector privado.
Las nuevas regulaciones entran en vigor mientras Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, con una grave escasez de alimentos, combustible y medicinas, y un éxodo récord de sus ciudadanos.
"El Gobierno cubano necesita al sector privado para ayudar a la economía a recuperarse, pero desconfía de él y quiere mantenerlo bajo un estricto control estatal", dijo William LeoGrande, profesor de American University de Washington.
El Gobierno sostiene que las reglas son necesarias para "corregir distorsiones" en la economía y asegurar que la empresa privada beneficie a la población en general. Las ciudades y los pueblos ahora pueden negar una licencia a una empresa que no se ajuste a un plan de desarrollo local, y los municipios pueden fijar precios en algunos casos.
"No se trata de una cruzada contra las formas no estatales de gestión (...) sino de enmarcarlas en la legalidad", dijo el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez.
Hay mucho en juego, dice Oniel Díaz, cofundador de la consultora AUGE, que asesora a más de 200 clientes de pequeñas empresas cubanas.
Díaz dijo que algunas de las normas, como la lucha contra la evasión fiscal, son comprensibles, mientras que otras sólo desacelerarán aún más la economía.
"La pregunta es (...) si estas medidas (...) contribuyen o no a sacar al país de la crisis económica en la que se ha visto sumido, y la respuesta es no", añadió Díaz.
El sector privado ha sido un raro punto brillante en una economía por lo demás anémica que no se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y se mantiene lastrada debido a un embargo comercial estadounidense de décadas.
Cuba, en tres años, ha aprobado 11.355 empresas privadas.
Los empleados del sector, junto con 600.000 trabajadores por cuenta propia, ahora representan el 25% de los empleos y el 15% de las importaciones, según datos oficiales.
Los pequeños minoristas privados pueden ser los más afectados por los nuevos obstáculos contables y una norma que requiere que los mayoristas trabajen a través de empresas estatales cuando importan desde el extranjero.
Presentan en España resolución para reducir la influencia rusa en Cuba
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de España presentó esta semana una propuesta de ley destinada a detener la creciente influencia de Rusia en Cuba y su impacto para socavar las democracias.
La propuesta de resolución, que será debatida en la Comisión de Asuntos Exteriores, denuncia las alianzas entre La Habana y Moscú, y señala a Rusia como un peligro para la estabilidad en el mundo,
Los diputados explican que “Cuba ha operado como un apoyo constante de la propaganda de (Vladimir) Putin defendiendo la versión del Kremlin” sobre la guerra en Ucrania y “ha servido de soporte diplomático en los debates y votaciones mantenidos en los principales organismos internacionales”.
Mencionan además que Cuba y Rusia han profundizado en su cooperación militar en los meses posteriores a la agresión de Putin a Ucrania, dando como un ejemplo que en 2022, Cuba "participó en los ejercicios militares organizados por Rusia en Venezuela, con la presencia de 50.000 soldados rusos y la participación de 15 países amigos de Moscú".
“Si hemos sido conscientes de que defender a Ucrania es defender nuestros valores, debemos ser conscientes de que la influencia de Rusia con países de América Latina, como Cuba, nos hace un llamamiento a estar más alerta de las amenazas de Putin en contra de las democracias de Occidente”, expresaron los diputados.
La propuesta pide que se condenen los abusos y violaciones de derechos humanos “que el régimen cubano Ileva a cabo en contra de manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos” y que se “exija a Cuba que libere inmediata e incondicionalmente a las personas detenidas por ejercer sus derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”.
Pide también solicitar a Cuba que permita el acceso a las cárceles cubanas por parte de la Cruz Roja y las instituciones humanitarias para prestar asistencia a los presos políticos y presos de conciencia.
Asimismo pide “promover con las autoridades de Cuba el apoyo al plan de paz para Ucrania del presidente Vlodimir Zelenski y el apoyo a favor de Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas” y que se solicite a la Unión Europea la activación del artículo 85, apartado 3, letra b del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba (ADPC UE-Cuba) hasta que el régimen cubano “ofrezca garantías de avance en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa a Ucrania”.
Dicho articulo establece la cláusula de suspensión del acuerdo "por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos.
Los diputados proponentes expresan que “Cuba, con fuertes lazos históricos, económicos y culturales con España ha conseguido una privilegiada relación con Europa”, lograda a través de dicho acuerdo.
“El ADPC UE-Cuba perseguía una mejora en las condiciones de vida y derechos humanos de los cubanos e incidía en la necesidad de la participación de la sociedad civil en los proyectos de este diálogo político y de cooperación. Sin embargo, ocho años después de su firma, el régimen cubano no ofrece ningún signo de apertura política, por el contrario, continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y mantiene un aparato de fuerte represión contra el pueblo cubano”, señalaron.
Pescador cubano dueño del bote en el que llegaron 43 balseros a Florida asegura que la embarcación fue robada
Un grupo de 43 cubanos desembarcó en una playa de Cayo Marathon, Florida. El dueño del bote en Cuba dice que se lo robaron.
Un pescador cubano dueño de un bote en el que llegaron 43 migrantes desde la isla a Florida este martes asegura que "lo ha perdido todo".
El grupo de 43 cubanos fue interceptado en la madrugada de este martes por la Guardia Costera tras desembarcar en una playa de Cayo Marathon, al sur de la Florida.
Mientras los balseros enfrentan una posible deportación, el dueño del bote, Fermín Puig, quien vive de la pesca desde hace más de tres décadas, fue citado en Cuba por la policía.
El pescador dijo que tenía el barco atracado en la bahía de Cojímar, al este de La Habana, y el lunes por la noche descubrió que se lo habían llevado. "Nadie vio nada, ni siquiera los custodios del lugar", aseguró.
"Ayer salí casi a las 11 de la noche de la estación y hoy me citaron para la una de la tarde. Todo el tiempo insinúan que yo vendí el barco o facilité las cosas para que se lo llevaran. ¿Pero cómo yo voy a vender lo que le da de comer a mi familia?", explicó.
Para que el pescador sea juzgado, el Ministerio del Interior (MININT) y la Fiscalía tienen que probar que el bote no fue robado, explicó a Martí Noticias el abogado Raudiel Peña, del servicio de asesoría legal Cubalex. "No obstante, en la práctica no funciona de esa manera siempre".
"Si la Policía o los oficiales del MININT entienden que no fue un robo, sino que esta persona lo vendió, prestó o regaló, lo pueden acusar de facilitar una salida ilegal y será él quien tenga que demostrar lo contrario", agregó.
"La sanción en estos casos podría ser de uno a tres años de privación de libertad y/o una multa. Paralelamente, pueden aplicar una sanción administrativa, como retiro de la licencia de pesca, entre otras", precisó.
Amanda Puig, la hija de Fermín, vive desde hace dos años en EEUU, adonde llegó por la frontera sur tras hacer una travesía desde Nicaragua.
"Mi papá nunca quiso irse de Cuba porque decía que el mar es su vida. Lo han destruido", dijo.
"Yo estoy en shock. Lo que más lamento en este momento es que mi papá se quedó sin nada y ni siquiera estaba en el grupo de los que llegaron. Por lo menos lo tendría aquí conmigo. En Cuba no hay un seguro, no hay nada para que nos podamos reponer de esto. Estamos desesperados", agregó.
"A esta hora nosotros deberíamos estar reclamando el barco pero no tenemos a quién. Mi papá es el afectado y es al que interrogan", remarcó.
Francis Puig, una hermana de Fermín que vive en Florida, ha publicado varios videos en sus redes sociales exigiendo que se haga justicia y encuentren al responsable del robo de la embarcación.
"Esos balseros quizás ni sabían que el barco era robado pero ojalá que investiguen y den con el culpable. Con la situación como está en Cuba, es muy difícil que mi hermano se pueda reponer de esto y para colmo [las autoridades] lo están amenazando con quitarle hasta la licencia de pesca", indicó.
El bote en el que llegaron los 43 balseros estaba valorado en más de 20.000 dólares en Cuba, comentó Puig.
La Guardia Costera de Estados Unidos dijo recientemente a Martí Noticias que las embarcaciones que llegan desde Cuba no son devueltas a la isla debido a "dificultades logísticas".
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertó esta semana de un aumento de operaciones ilegales en el área de los cayos del sur de la Florida, que incluye el tráfico de migrantes y el contrabando de drogas.
En la ruta del Estrecho de la Florida, que ha sido utilizada durante décadas por los que escapan de la isla, han muerto o desaparecido al menos una treintena de cubanos este año, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos (MMP) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Piden investigar parole humanitario de militar cubano vinculado al ataque contra Hermanos al Rescate
Exiliados cubanos pidieron a Blinken y Mayorkas una investigación urgente sobre cómo el piloto de guerra Luis Raúl González-Pardo Rodríguez terminó recibiendo el beneficio migratorio de parole humanitario.
José J. Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, junto a Sylvia G. Iriondo, representante de M.A.R. por Cuba (Madres contra la Represión), y Arnaldo Iglesias, miembro de la misma organización, han enviado cartas al secretario de Estado Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando una investigación urgente sobre el parole humanitario concedida al Teniente Coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.
“Si bien González-Pardo Rodríguez no fue la persona que derribó los aviones en este ataque, jugó un papel clave en los eventos que siguieron, persiguiendo nuestras aeronaves con la aparente intención de destruirnos. Aunque no tuvo éxito, su participación en esta horrenda operación fue evidente”, asegura la carta.
En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez dijo que negaba “la mayoría” de “las cosas que se han dicho” sobre él, pero que todavía no ha decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a “algunas situaciones que pueden verse afectadas”.
La esposa de González-Pardo Rodríguez está esperando un visado para emigrar a EEUU.
En la misiva los exiliados recuerdan que el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996 en espacio aéreo internacional, cobró la vida de los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, y el residente legal en EE. UU., Pablo Morales.
“Nos preocupa el proceso de evaluación realizado antes de otorgarle una visa. Es muy probable que, cuando fue entrevistado en Cuba, González-Pardo Rodríguez haya omitido detalles críticos sobre su papel en este ataque o haya proporcionado información falsa. Su implicación en un acto tan atroz plantea serias dudas sobre la legitimidad del Parole Humanitario que se le concedió”, añadieron.
La presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos, reportada primero por Periódico Cubano y corroborada con pruebas por Martí Noticias, desató una fuerte polémica debido a las acciones del piloto de combate, quien participó en la operación contra Hermanos al Rescate, de acuerdo con Orestes Lorenzo, un piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia.
"Confiamos en que tomarán las medidas necesarias para que aquellos involucrados en eventos tan trágicos no eludan la justicia mediante la obtención de visas humanitarias bajo falsos pretextos", concluye la carta.
Hasta el momento, los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado no han respondido sobre si están revisando el caso de González-Pardo.
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