Un informe de la Secretaría General de la OEA reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron hoy el informe.
Al mismo tiempo un comunicado de prensa, la OEA precisa que el informe de 153 páginas titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA.
Este panel, indica un comunicado de la OEA, concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El nuevo documento destaca el comunicado señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad.
Destaca también que esto ocurre al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos.
Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario, precisa el comunicado de la OEA.
De igual manera agrega el comunicado que entre otros hallazgos, el informe:
-Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.
-Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.
-Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen.
-Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.
-Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.
-Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.
-Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.
En el informe se recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.
También el informe presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos "actos inhumanos" cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela, destaca el comunicado.
La OEA en su comunicado de prensa agregó que las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda.
El comunicado destacó las palabras de Luis Almagro, quien afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano.
Almagro llamó a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.
El comunicado de la OEA recuerda que a pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores.
La fiscal Fatou Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su "examen preliminar".
Contrario a los objetivos declarados de su Oficina de promover la prevención, la disuasión y advertir a los perpetradores, la Fiscal no ha actuado como lo ha hecho en otros casos. Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad, concluye el comunicado.
