América Latina
Justicia peruana ordena 18 meses de prisión para Pedro Castillo
Un juez ordenó el martes que el destituido presidente peruano Pedro Castillo continúe detenido, rechazando su apelación. La fiscalía pidió horas más tarde que permanezca 18 meses en prisión mientras lo investiga por rebelión y conspiración.
La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, podría atizar aún más las violentas protestas que se registran en distintos puntos del país, en donde la población ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.
El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue "un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos", subrayó el juez.
Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido "injusta y arbitrariamente", y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.
El juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México para pedir asilo. Fue detenido poco después de que fuera destituido por los legisladores luego de que intentara disolver al Congreso antes de un voto de revocación. La fiscalía también empleó ese argumento para solicitar la prisión preventiva, según indicó su oficina de prensa poco antes de la medianoche del martes.
La fiscalía también solicitó otros 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.
Un juez debe convocar una audiencia en un plazo de 48 horas para escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa y determinar si se aplica la prisión preventiva.
"Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá", declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que "depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia".
Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital, Lima. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo el martes a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles.
La oficina dijo en un comunicado que eliminó a una persona de la lista después de que la agencia nacional de registro civil determinara que dicha persona "no existe".
Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo, un neófito político y exprofesor de raíces campesinas. Cuatro de los fallecimientos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44.000 votos.
Muchos negocios de esa comunidad permanecieron cerrados el martes, luego de que se bloqueó el tránsito en las calles con neumáticos quemados, rocas y ramas de árboles. Unas 3.000 personas, incluidos profesores y campesinos de localidades cercanas, volvieron a marchar para demandar la renuncia de Boluarte.
Un grupo más reducido acompañó el féretro de un manifestante que falleció el lunes por una aparente herida de bala.
Vilma Zúñiga, propietaria de una tienda de zapatos, colocó un letrero en el que criticaba al Congreso y exigía la salida de Boluarte. Ella y otros comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos, dejando ir posibles ventas de cara a la temporada navideña.
El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión. También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano.
Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada rápidamente el miércoles de la semana pasada luego de que el Congreso destituyó a Castillo por "incapacidad moral permanente".
El lunes, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024. Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de Castillo.
En las calles de Lima, los agentes de la policía han arrojado gases lacrimógenos y golpeado en repetidas ocasiones a los manifestantes. Fuera de la capital, los inconformes quemaron comisarías de la policía, tomaron el control de una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, que es la puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas del país.
La compañía que opera el tren de pasajeros que lleva a los visitantes a las famosas ruinas arqueológicas de Machu Picchu suspendió el servicio el martes. En tanto, camiones de carga continúan detenidos sobre la carretera Panamericana.
El ministro de Defensa, Luis Otarola Peñerando, dijo que se declararía una emergencia en el sistema nacional de carreteras para garantizar el libre tránsito de todos los peruanos. Añadió que las fuerzas armadas también asumirán las tareas de seguridad en aeropuertos, plantas hidroeléctricas y demás infraestructura vital.
Otarola dijo que las labores de inteligencia del gobierno han llegado a la conclusión de que los responsables de los disturbios en todo el país son menos de 8.000 personas.
La policía nacional reportó que 130 agentes han resultado heridos en enfrentamientos con los manifestantes, de acuerdo con medios de comunicación estatales.
Boluarte pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.
"Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor", dijo. "No entiendo por qué mis hermanos... se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé".
La presidenta habló afuera de un hospital donde una niña recibe atención médica por una lesión en el ojo causada por un perdigón disparado durante las protestas. Boluarte dijo que ha girado instrucciones a la policía nacional para que no utilicen ningún arma letal, ni siquiera balas de goma, y señaló que las autoridades están trabajando para determinar quién fue el responsable para procesarlo.
Los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Gobiernos de la región también se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.
Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas el lunes en favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención. Aseguraron que aún lo consideran como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantice la protección jurídica.
El primer ministro de Perú, Pedro Angulo, rechazó en un comunicado la postura de los cuatro países, la cual atribuyó al desconocimiento de la realidad.
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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