Según un informe revelado por la Fundación Paz y Reconciliación, en la frontera entre Colombia y Venezuela, durante el 2020, fueron asesinadas casi 500 personas -de las cuales 24 fueron ejecutadas en matanzas colectivas- y casi 1.400 tuvieron que desplazarse. Además, se registraron al menos 13 secuestros.
Pero, en realidad, esto es sólo del lado colombiano, porque en la parte venezolana, las cifras son una incógnita, puesto que las autoridades no proporcionan información al respecto, informó la Voz de América, VOA.
La disputa de grupos armados -principalmente la guerrilla del ELN y bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y que eran naturalmente rivales, conocidas como los Rastrojos, así como una excélula paramilitar apodada Urabeños- por dominar los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, agudiza la violencia en el departamento fronterizo de Norte de Santander.
La Fundación Paz y Reconciliación advierte que el avance de grupos armados y las economías criminales profundizan el deterioro de los derechos humanos de la zona. Jair Díaz dice que en Colombia una nueva alianza entre dos grupos catalogados como criminales surge para despojar a la guerrilla, del control de los negocios ilícitos que se producen en las trochas o caminos irregulares a lo largo de la frontera.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, manifestó que "el ELN lanzó una ofensiva a finales de 2019 y a lo largo del año 2020 contra los Rastrojos y los fue sacando del territorio, especialmente de Cúcuta y de todos los alrededores de Cúcuta".
"Como respuesta —agregó— los Rastrojos se aliaron con el Clan del Golfo, pero el Clan del Golfo es una fuerza pequeña en ese lado del Norte de Santander".
El objetivo es quedarse con el monopolio de las ganancias de los cultivos ilícitos de coca sembrada en las rutas ilegales o trochas que conducen a Venezuela y en las que el ELN venía tomando ventaja.
La zona cercana a Cúcuta está compuesta por 17 municipios. En uno de ellos, el Tibú, ubicado en la frontera del lado colombiano, se concentra el 14% de los cultivos de coca de la zona, de acuerdo a la ONU. Este municipio también es la entrada al Catatumbo, por lo que no solo es apetecible debido los negocios, sino que, según el gobierno colombiano, es utilizado por la guerrilla para reclutar a venezolanos y colombianos que allí viven.
Carlos Vela, alcalde del municipio El Tambo, señala que es muy preocupante lo que está sucediendo en la localidad y manifiesta que espera "ese apoyo del gobierno nacional, de las diferentes instancias -ejército, policía-. Ver cómo se logra nuevamente la tranquilidad aquí".
¿Maduro protege al ELN?
De acuerdo a la organización InSight Crime, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela protege a la guerrilla del ELN, una denuncia que también hizo el presidente colombiano Iván Duque ante la ONU: "Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia."
Pero el hecho ha sido negado por el gobierno venezolano. Según Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, "el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Venezuela y trajo aquí una serie, un material que, dice él, era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos."
Por su parte, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, escribió en sus redes sociales que “cuando la oligarquía colombiana tiene el agua al cuello se torna tan predecible que da sueño. Vuelven con el disco rayado de su guerrilla en Venezuela”.
Para el analista político John Marulanda “hay suficiente información procesada, y convertida en inteligencia, de contactos de altos funcionarios del gobierno madurista con cabecillas del ELN; pero, hay una cosa muy lógica y muy fuerte. Si Cuba, que tiene tanta influencia en Venezuela, es la madrina y protectora del ELN, es lógico que haya ahí un canal de conexión que vincule al ELN con el gobierno actual”.
Preocupaciones latentes
El director para América Latina de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha señalado la situación como "de extrema gravedad", debido a que "se producen desapariciones, torturas, violaciones sexuales, secuestros, asesinatos."
Por su parte, Wilson Ruíz, ministro de Justicia, manifestó que “estos grupos delincuenciales se aprovechan de que muchos venezolanos atraviesan la frontera nuestra por otros lugares que no son los más aptos para ellos, que no son legalizados; razón por la cual se aprovechan de esa circunstancia, de su vulnerabilidad, de sus altas necesidades y, desde luego, los vinculan”.
El informe también señala que, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se ha profundizado la carencia y dependencia económica, debido a las restricciones impuestas por Bogotá y Caracas que dejaron sin trabajo a parte importante de las poblaciones de Ureña y San Antonio.
La intensificación de la crisis sanitaria y el aumento de la violencia en su contra, por parte de autoridades y grupos armados son otros de los problemas generados en la zona, debido a la situación de irregularidad desatada con la llegada de cientos de retornados venezolanos.
