América Latina
La represión en Nicaragua creció el año pasado en todos los sectores de la sociedad, denunció Human Rights Watch
El gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, continúa reprimiendo "a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua", denunció Human Rights Watch en su Informe Anual 2024.
"El gobierno ha intensificado su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación", subrayó la ONG.
Además, advirtió que persisten problemas "como la prohibición total del aborto, los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes y la impunidad generalizada por graves violaciones de derechos humanos".
El informe completo:
- Persecución contra críticos
Hasta octubre, permanecían encarcelados 81 presos políticos, según una organización nicaragüense de derechos humanos. La mayoría estaban acusados de "menoscabar la integridad nacional" y "propagar noticias falsas".
En febrero, el gobierno despojó arbitrariamente a 317 personas de su nacionalidad, incluyendo 222 expresos políticos a quienes el gobierno desterró a Estados Unidos, calificó de "traidores" y confiscó sus bienes. Esta decisión, que viola el derecho internacional de los derechos humanos, dejó apátridas a muchos.
Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil y los expedientes académicos de algunos críticos, restringiendo su derecho a acceder a información personal. También borraron del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social su información personal, lo cual privó a muchos de sus pensiones. En mayo, la Corte Suprema inhabilitó permanentemente las licencias de 25 abogados y notarios, alegando que, al ser considerados ahora "extranjeros" tras la privación de su nacionalidad, ya no estaban facultados para ejercer la profesión en Nicaragua.
- Libertad religiosa
Los ataques contra la Iglesia católica, que comenzaron en 2018, se han intensificado.
En agosto de 2022, la policía detuvo al obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno, y lo acusó de "menoscabar la integridad nacional" y "propagar noticias falsas". En febrero, Álvarez se negó a ser expulsado del país y un juez lo condenó a 26 años de prisión. En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó que Álvarez permanecía incomunicado.
En mayo, la policía anunció que las autoridades estaban investigando a la Iglesia católica por presunto lavado de dinero y que habían congelado las cuentas bancarias de varias diócesis.
En agosto, las autoridades clausuraron la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, y confiscaron sus bienes, interrumpiendo la educación de miles de estudiantes. Este cierre elevó a 28 el número de universidades clausuradas en el país desde diciembre de 2021.
En octubre, el gobierno liberó a 12 sacerdotes católicos que estaban detenidos y los envió a Roma tras lograr lo que un comunicado oficial describió como un "acuerdo con el Vaticano".
Las autoridades también prohibieron las procesiones de Semana Santa de 2023 y, en agosto, disolvieron la orden religiosa de los jesuitas, y confiscaron sus bienes. También continuaron expulsando a sacerdotes y monjas extranjeros.
- Libertad de expresión y asociación
Defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y, como se mencionó anteriormente, detenciones y procesos penales arbitrarios y privación de la nacionalidad.
Para noviembre de 2023, las autoridades habían clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de mujeres, religiosos, de asistencia internacional y médicos. Esto representa aproximadamente el cierre del 50 % de las organizaciones que operaban oficialmente en Nicaragua antes de abril de 2018. Los cierres han dejado sin servicios esenciales a muchos beneficiarios.
Entre 2018 y 2022, el gobierno cerró al menos 57 medios de comunicación: 30 en 2022 y 2 en 2023, según informó la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
Muchos de esos cierres se basan en legislación abusiva, incluida una ley sobre "agentes extranjeros" sancionada en 2020, que permite cancelar la personería jurídica de organizaciones que reciben fondos del exterior si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".
Entre abril y junio de 2023, 23 periodistas huyeron del país, según informaron organizaciones de la sociedad civil. Con ellos, suman un total de 208 trabajadores de los medios de comunicación que se han exiliado desde 2018.
Las autoridades han impuesto restricciones para obstaculizar el funcionamiento de varios medios, incluyendo a través de la censura y la retención de insumos de impresión. La policía ha allanado y confiscado bienes de los medios Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.
En agosto, un tribunal condenó al periodista Victor Ticay a 8 años de prisión por "menoscabar la integridad nacional" y "difundir noticias falsas".
- Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas y afrodescendientes son objeto de discriminación, lo cual se refleja en índices desproporcionados de pobreza, la apropiación ilegal de sus territorios tradicionales y violencia persistente en sus comunidades.
En octubre, el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica al partido político indígena YATAMA, acusándolo de cometer "actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua". Entre fines de septiembre y principios de octubre, la policía había detenido a dos de los principales dirigentes de YATAMA, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. El paradero de Rivera, único representante de YATAMA en la Asamblea Nacional, seguía siendo desconocido al momento de redacción de este informe.
Entre agosto de 2022 y junio de 2023, la OACNUDH registró ocho ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en el territorio Mayangna Sauni As de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.
En marzo, colonos atacaron la comunidad Wilú en el territorio Mayangna Sauni As. Cinco personas fueron asesinadas y 28 familias desplazadas luego de que colonos incendiaran edificios de la comunidad.
Los colonos han despojado al pueblo Miskitu de unas 21.000 hectáreas de territorio y han desplazado forzosamente a unas 1.000 personas, al parecer para beneficiar a intereses de explotación forestal y minera. Las amenazas de muerte han obligado a algunas autoridades indígenas a exiliarse y el gobierno ha impedido que algunos regresen a Nicaragua.
El territorio autónomo Rama Kriol, que constituye dos tercios de la Reserva Biológica Indio Maiz y alberga a los pueblos indígenas Rama y afrodescendientes Kriol, también está sometido a una fuerte presión por parte de la ganadería ilegal.
- Impunidad por la represión de 2018
La policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimió protestas masivas contra el gobierno en 2018, que dejaron un saldo de al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. Las autoridades informaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.
Cientos de manifestantes permanecieron detenidos durante meses, y muchos fueron sometidos a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violaciones sexuales. Los procesos penales contra manifestantes estuvieron marcados por graves violaciones de las garantías al debido proceso y otros derechos fundamentales.
Ningún policía ha sido condenado en relación con estos abusos.
- Derechos de mujeres y niñas
Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Las personas que se someten a abortos enfrentan penas de hasta dos años de prisión. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos puede ser de hasta seis años de prisión. La prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar con embarazos no deseados, lo que pone en riesgo su salud y su vida.
Una ley restrictiva sobre el aborto, la falta de información y de educación sexual integral actúan como barreras para identificar casos de violencia sexual. En mayo de 2019, organizaciones no gubernamentales presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU los casos de "Susana" y "Lucía", sobre dos niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a ser madres.
Según la OACNUDH, las tasas de violencia doméstica, violencia contra mujeres y femicidio, que la legislación nicaragüense define como el homicidio de una "mujer" perpetrado por un hombre "en la esfera pública o privada", han aumentado entre agosto de 2019 y diciembre de 2020.
El gobierno no publicó cifras de femicidios ni de otras formas de violencia contra mujeres en 2022 y 2023. La OACNUDH reportó 36 feminicidios cometidos entre enero y junio de 2023, incluyendo 4 asesinatos de niñas menores de 16 años.
- Derechos de las personas con discapacidad
Hay una discriminación extendida contra las personas con discapacidad en Nicaragua. Las personas con discapacidad se enfrentan a graves problemas para acceder a escuelas, centros de salud pública y otras instituciones. Según la legislación nicaragüense, el 2 % de los funcionarios públicos deben ser personas con discapacidad, pero la cuota no se respeta y hay pocas oportunidades de empleo para estas personas.
- Solicitantes de asilo y migrantes nicaragüenses
Entre 2018 y junio de 2022, más de 260.000 nicaragüenses, aproximadamente el 4 % de la población, huyeron del país, en su mayoría a Costa Rica y Estados Unidos.
Muchos se han visto obligados a abandonar Nicaragua debido a la persecución política y a la falta de oportunidades.
- Actores internacionales clave
En abril, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por dos años los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GEDHN) y de la OACNUDH. En marzo, el Grupo de Expertos había hecho público un informe en el que concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzadas y persecución por motivos políticos.
En marzo, el papa Francisco calificó al gobierno de Ortega de "dictadura grosera". En ese mismo mes, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua después de que el gobierno nicaragüense propusiera suspender las relaciones diplomáticas.
En septiembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció un "continuo y generalizado deterioro de los derechos humanos" y señaló que el gobierno "castiga y encierra a quienes expresan sus opiniones" a la vez que "intensifica el aislamiento del país".
En 2018, las autoridades expulsaron al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la CIDH y a la OACNUDH. Desde entonces, no se ha permitido el ingreso a Nicaragua de organismos internacionales de derechos humanos.
En julio, Nicaragua participó en la Cumbre Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC). Fue el único país que no apoyó un párrafo de la resolución final de la cumbre en el que se expresaba preocupación por la guerra en Ucrania. En los últimos años, Rusia ha enviado equipos militares e infraestructura a Nicaragua.
En julio, la Junta del Fondo Verde para el Clima de la ONU suspendió temporalmente el primer desembolso para el proyecto medioambiental Bio-CLIMA, señalando que no se había "cumplido con las políticas y procedimientos" del Fondo Verde. Bio-CLIMA busca reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera del Río San Juan, pero la organización nicaragüense Fundación del Río denunció que el proyecto había sido aprobado sin garantizar los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a una consulta libre, previa e informada. Se espera una decisión final sobre la suspensión de los fondos a principios de 2024.
El Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en julio, sancionó a la procuradora general y a miembros de la Asamblea Nacional. Hasta marzo de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto un congelamiento de bienes a 11 entidades y 43 personas, incluyendo miembros del gobierno, del poder legislativo y del poder judicial. En abril, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a tres jueces que contribuyeron al despojo de la ciudadanía de 317 nicaragüenses. Asimismo, entre agosto y septiembre, el Departamento de Estado impuso restricciones de visas a 200 funcionarios municipales acusados de violaciones de derechos humanos en relación con los cierres de la UCA y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).
En octubre, la Unión Europea prorrogó las sanciones contra 21 individuos y 3 entidades vinculadas al Estado. En junio, el Parlamento Europeo condenó enérgicamente "la comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense contra su población por razones políticas" y pidió la liberación de todos los presos políticos.
El Reino Unido y Canadá han sancionado, respectivamente, a 13 y 35 personas implicadas en violaciones de derechos humanos.
En noviembre de 2021, Nicaragua anunció que se retiraba de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la decisión entró en vigor en noviembre de 2023. El Consejo Permanente de la OEA dijo en una resolución adoptada ese mes que seguirá "prestando especial atención a la situación en Nicaragua".
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Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
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