A continuación, un editorial que refleja el punto de vista del gobierno de Estados Unidos:

El juicio a puerta cerrada del activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos ruso Vladimir Kara-Murza comenzó en Moscú el 13 de marzo.

Las autoridades rusas han presentado tres cargos de motivación política contra Kara-Murza en relación con las declaraciones que hizo oponiéndose a la invasión a gran escala de Ucrania. Si es declarado culpable, se enfrenta a décadas de prisión.

Estados Unidos ha pedido su liberación inmediata e incondicional.

Kara-Murza fue arrestado en abril de 2022 y ha estado detenido desde entonces. Fue acusado de difundir "noticias falsas" sobre el ejército ruso y posteriormente fue etiquetado como "agente extranjero".

Se han agregado cargos adicionales, que incluyen traición y cooperación con una organización "indeseable", a la lista de sus supuestos delitos.

Kara-Murza, uno de los principales asesores del asesinado líder de la oposición Boris Nemtsov, ha defendido valientemente los derechos humanos en Rusia y ha sido objeto de represión por parte de las autoridades rusas en repetidas ocasiones.

Sufrió intoxicaciones graves en 2015 y 2017, que cree que estaban directamente relacionadas con sus actividades políticas.

A principios de marzo, Estados Unidos impuso sanciones a seis ciudadanos rusos por su participación en graves abusos contra los derechos humanos de Kara-Murza.

El Departamento del Tesoro designó a tres: Andrei Andreevich Zadachin, un investigador especial asignado a la Dirección General de Investigaciones, quien ordenó que se iniciara un caso penal contra Kara-Murza en base a su expresión de opiniones contrarias a la guerra; Elena Anatolievna Lenskaya, una jueza que supervisó la audiencia de prisión preventiva de Kara-Murza y ordenó que se lo mantuviera en prisión preventiva; y Danil Yurievich Mikheev, quien se desempeñó como testigo experto del gobierno ruso en el caso contra Kara-Murza.

En una acción complementaria, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa contra Lenskaya y Zadachin, haciendo que ellos y sus familias inmediatas no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

Además, el Departamento de Estado sancionó a los funcionarios del gobierno ruso Oleg Mikhailovich Sviridenko, Diana Igorevna Mishchenko e Illya Pavlovich Kozlov.

Sviridenko es el Viceministro de Justicia de Rusia que supervisa el enjuiciamiento de casos penales, incluido el de Kara-Murza.

Mischenko es el juez que emitió el fallo inicial que aprueba el arresto de Kara-Murza y lo condenó a 15 días de cárcel.

Kozlov es el juez que rechazó la apelación de Kara-Murza del fallo de arresto administrativo de Mischenko.

En una declaración escrita, el secretario de Estado, Antony Blinken, volvió a pedir la liberación inmediata e incondicional de Kara-Murza y enfatizó que Estados Unidos "está comprometido a garantizar que los intentos de Vladimir Putin por silenciar a los críticos no logren suprimir la verdad sobre su brutal guerra de elección contra Ucrania, que sigue causando muertes, abusos y destrucción desmesurados".