Con una nueva declaración de Ángel Carromero sobre la evidente participación de agentes de la seguridad cubana en el accidente que costó la vida a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero, ¿no podrán los familiares de las víctimas demandar al gobierno cubano ante los tribunales de Cuba?
Como ciudadanos cubanos que son, los familiares de las víctimas tienen el derecho a presentar demanda contra los supuestos autores de estos hechos ante diferentes instancias jurídicas.
Pero la nueva declaración de Ángel Carromero no va a ser elemento suficiente para iniciar una acción legal contra el estado cubano.
Lamentablemente los agentes policiales que actuaron en el caso del accidente, conformaron un expediente amañado para garantizar en su favor que una nueva declaración de Carromero no pudiera ser tenida en cuenta, o que modificara el fallo judicial en su contra.
Existen varias declaraciones de Carromero durante el proceso, algunas escritas y otras grabadas en video, donde Carromero se compromete como el único responsable de los hechos y el único autor del accidente. Inclusive aparece negado la existencia de un segundo vehículo en el lugar de los hechos.
Esta misma declaración fue hecha por el acusado durante el acto del juicio oral, en el tribunal provincial de Bayamo, con lo que adquirió carácter de declaración definitiva durante el proceso judicial y permitió al tribunal sancionarle como único autor de los hechos.
Para la mayoría de los analistas y conocedores del sistema político imperante en Cuba, resultó evidente que se trató de una manipulación oficial y que el acusado había sido reprimido, coaccionado y chantajeado lo suficiente como para comprometer su declaración y llevarle a culparse por los hechos.
Pero jurídicamente, a nivel internacional, no basta con la sospecha de esta presión ilegítima, se necesita probar que existieron actos que obligaron a Carromero a mentir en su propio perjuicio.
Según un principio del sistema jurídico imperante en Cuba y en muchos países de habla hispana, “una persona no puede actuar jurídicamente contra sus propios actos”, entiéndase que un acusado nunca podrá autodemandarse por haber realizado declaraciones perjudícales para él, o que una persona no podrá reclamarse daños y perjuicios a ella misma.
Esto convierte la nueva declaración de Carromero en un complemento y no en una razón directa para demandar al gobierno cubano por su evidente manipulación de los hechos. Se necesitan otros elementos además de la nueva declaración.
El camino de la demanda al estado cubano no es la vía más eficiente para lograr un resultado en el caso de la muerte de Payá y Cepero, pero es también un espacio procesal que hay que completar y presentar ante los diferentes medios internacionales, para que resulte evidente el ánimo obstruccionista del sistema jurídico cubano, que evita esclarecer la verdad en estos hechos amañados.
Como ciudadanos cubanos que son, los familiares de las víctimas tienen el derecho a presentar demanda contra los supuestos autores de estos hechos ante diferentes instancias jurídicas.
Pero la nueva declaración de Ángel Carromero no va a ser elemento suficiente para iniciar una acción legal contra el estado cubano.
Lamentablemente los agentes policiales que actuaron en el caso del accidente, conformaron un expediente amañado para garantizar en su favor que una nueva declaración de Carromero no pudiera ser tenida en cuenta, o que modificara el fallo judicial en su contra.
Existen varias declaraciones de Carromero durante el proceso, algunas escritas y otras grabadas en video, donde Carromero se compromete como el único responsable de los hechos y el único autor del accidente. Inclusive aparece negado la existencia de un segundo vehículo en el lugar de los hechos.
Esta misma declaración fue hecha por el acusado durante el acto del juicio oral, en el tribunal provincial de Bayamo, con lo que adquirió carácter de declaración definitiva durante el proceso judicial y permitió al tribunal sancionarle como único autor de los hechos.
Para la mayoría de los analistas y conocedores del sistema político imperante en Cuba, resultó evidente que se trató de una manipulación oficial y que el acusado había sido reprimido, coaccionado y chantajeado lo suficiente como para comprometer su declaración y llevarle a culparse por los hechos.
Pero jurídicamente, a nivel internacional, no basta con la sospecha de esta presión ilegítima, se necesita probar que existieron actos que obligaron a Carromero a mentir en su propio perjuicio.
Según un principio del sistema jurídico imperante en Cuba y en muchos países de habla hispana, “una persona no puede actuar jurídicamente contra sus propios actos”, entiéndase que un acusado nunca podrá autodemandarse por haber realizado declaraciones perjudícales para él, o que una persona no podrá reclamarse daños y perjuicios a ella misma.
Esto convierte la nueva declaración de Carromero en un complemento y no en una razón directa para demandar al gobierno cubano por su evidente manipulación de los hechos. Se necesitan otros elementos además de la nueva declaración.
El camino de la demanda al estado cubano no es la vía más eficiente para lograr un resultado en el caso de la muerte de Payá y Cepero, pero es también un espacio procesal que hay que completar y presentar ante los diferentes medios internacionales, para que resulte evidente el ánimo obstruccionista del sistema jurídico cubano, que evita esclarecer la verdad en estos hechos amañados.