¿Existe el ejercicio libre del derecho en Cuba?
En Cuba no existe el libre ejercicio del derecho. Todos los órganos e instituciones legales están subordinados y controlados por la administración central del estado.
Cada una de las diferentes entidades jurídicas del país responde directamente a un organismo de control estatal que establece sus pautas y las directrices bajo las que puede funcionar.
Tanto los tribunales, como la fiscalía, los abogados defensores, los notarios y los asesores legales, funcionan bajo el mandato único del ministerio de justicia, que a su vez, representa directamente los intereses del gobierno.
El apego a la ley en Cuba no responde a los códigos y legislaciones vigentes, sino a los intereses cambiantes del gobierno, por lo que no hay un patrón o uniformidad en la conducta y los fallos de las diferentes instituciones y tribunales, que pueden cambiar constantemente, en dependencia de lo que le interese al gobierno en esos momentos.
Es cierto también que el nivel de subordinación es diferente para las distintas instituciones jurídicas. Algunas, como la fiscalía y los tribunales, tienen un nexo con el órgano de control mucho más directo e injerencista, que otras como los bufetes de abogados y las notarías. Esta lejanía relativa del órgano represor les permite a los juristas actuar con una limitada independencia y representar los intereses de sus clientes por encima de la voluntad estatal.
Pero nunca podrán ejercer su labor como defensores o litigantes privados de manera independiente.
Se trata de una violación del derecho universal a la defensa, un acto represivo e injusto que debe cesar.
De cualquier forma es loable la actividad de los abogados cubanos, que pese a todas las restricciones y controles ejercen con dignidad su papel de defensores de los intereses privados.
En Cuba no existe el libre ejercicio del derecho. Todos los órganos e instituciones legales están subordinados y controlados por la administración central del estado.
Cada una de las diferentes entidades jurídicas del país responde directamente a un organismo de control estatal que establece sus pautas y las directrices bajo las que puede funcionar.
Tanto los tribunales, como la fiscalía, los abogados defensores, los notarios y los asesores legales, funcionan bajo el mandato único del ministerio de justicia, que a su vez, representa directamente los intereses del gobierno.
El apego a la ley en Cuba no responde a los códigos y legislaciones vigentes, sino a los intereses cambiantes del gobierno, por lo que no hay un patrón o uniformidad en la conducta y los fallos de las diferentes instituciones y tribunales, que pueden cambiar constantemente, en dependencia de lo que le interese al gobierno en esos momentos.
Es cierto también que el nivel de subordinación es diferente para las distintas instituciones jurídicas. Algunas, como la fiscalía y los tribunales, tienen un nexo con el órgano de control mucho más directo e injerencista, que otras como los bufetes de abogados y las notarías. Esta lejanía relativa del órgano represor les permite a los juristas actuar con una limitada independencia y representar los intereses de sus clientes por encima de la voluntad estatal.
Pero nunca podrán ejercer su labor como defensores o litigantes privados de manera independiente.
Se trata de una violación del derecho universal a la defensa, un acto represivo e injusto que debe cesar.
De cualquier forma es loable la actividad de los abogados cubanos, que pese a todas las restricciones y controles ejercen con dignidad su papel de defensores de los intereses privados.