¿Es cierto que la nueva ley migratoria cubana autorizan a todos los disidentes a viajar libremente?
No es cierto. La nueva ley migratoria cubana mantiene en su texto explícitas prohibiciones de viaje a personas que el gobierno cubano estime peligroso dejarlas salir del país por razones de seguridad nacional y razones de defensa.
A pesar de haber simplificado el trámite migratorio de salida, las autoridades cubanas mantienen el control de quien entra o sale del país, mediante la entrega del pasaporte cubano. La nueva ley le otorga el derecho de decidir a quien entregar el pasaporte y a quien no, lo que no es otra cosa que un instrumento de control absoluto sobre quién viaja y quién no.
Es cierto que la política represiva migratoria estatal contra la disidencia y los opositores cubanos se ha relajado en parte con la nueva ley. Connotados opositores están siendo autorizados a viajar por primera vez en muchos años.
La bloguera Yoani Sánchez fue informada por la oficina de inmigración a donde acudió el pasado lunes 14 de enero, que se le reconoce su derecho a viajar y se le aceptó su solicitud de pasaporte.
Yoani había recibido múltiples negativas con anterioridad, sin que ningún funcionario le diera una explicación al respecto. El cambio de trato hacia Yoani demuestra una nueva política pero no un acto generalizado o una norma escrita.
El opositor cubano Guillermo Fariñas también ha recibido la aceptación oficial a su solicitud de pasaporte, además de la visita de dos funcionarios de inmigración para ratificarle su derecho a viajar. Si en definitivas le entregan su pasaporte Fariñas podrá viajar por primera vez en muchos años.
Igualmente sucede con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler quien parece que será autorizada para viajar a Ciudad de Panamá para acudir a un evento sobre derechos humanos.
Son modificaciones en la política migratoria pero no normas establecidas o la anulación de las restricciones establecidas históricamente por la autoridad migratoria durante más de 50 años.
La ley mantiene el derecho unilateral del gobierno cubano para determinar cuando una persona se convierte en un peligro para la seguridad del país y le reconoce la potestad además para restringir los derechos de esta persona a viajar libremente a otro país.
Los otros cambios de conducta son solo jugadas políticas.
No es cierto. La nueva ley migratoria cubana mantiene en su texto explícitas prohibiciones de viaje a personas que el gobierno cubano estime peligroso dejarlas salir del país por razones de seguridad nacional y razones de defensa.
A pesar de haber simplificado el trámite migratorio de salida, las autoridades cubanas mantienen el control de quien entra o sale del país, mediante la entrega del pasaporte cubano. La nueva ley le otorga el derecho de decidir a quien entregar el pasaporte y a quien no, lo que no es otra cosa que un instrumento de control absoluto sobre quién viaja y quién no.
Es cierto que la política represiva migratoria estatal contra la disidencia y los opositores cubanos se ha relajado en parte con la nueva ley. Connotados opositores están siendo autorizados a viajar por primera vez en muchos años.
La bloguera Yoani Sánchez fue informada por la oficina de inmigración a donde acudió el pasado lunes 14 de enero, que se le reconoce su derecho a viajar y se le aceptó su solicitud de pasaporte.
Yoani había recibido múltiples negativas con anterioridad, sin que ningún funcionario le diera una explicación al respecto. El cambio de trato hacia Yoani demuestra una nueva política pero no un acto generalizado o una norma escrita.
El opositor cubano Guillermo Fariñas también ha recibido la aceptación oficial a su solicitud de pasaporte, además de la visita de dos funcionarios de inmigración para ratificarle su derecho a viajar. Si en definitivas le entregan su pasaporte Fariñas podrá viajar por primera vez en muchos años.
Igualmente sucede con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler quien parece que será autorizada para viajar a Ciudad de Panamá para acudir a un evento sobre derechos humanos.
Son modificaciones en la política migratoria pero no normas establecidas o la anulación de las restricciones establecidas históricamente por la autoridad migratoria durante más de 50 años.
La ley mantiene el derecho unilateral del gobierno cubano para determinar cuando una persona se convierte en un peligro para la seguridad del país y le reconoce la potestad además para restringir los derechos de esta persona a viajar libremente a otro país.
Los otros cambios de conducta son solo jugadas políticas.