Cientos de jóvenes, muchos encapuchados, marcharon en los alrededores del aeropuerto de Ciudad de México, al iniciar una jornada de protestas por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes, un crimen brutal que desencadenó la peor crisis del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Un grupo bloqueó durante una hora la vía hacia la terminal aérea, pero policías antimotines les impidieron llegar al aeropuerto sin que hasta el momento se registren incidentes. "Me encapucho porque si no, me desaparecen", se leía en una pancarta que llevaban los manifestantes, vestidos de negro.
Varios pasajeros arrastraron sus maletas por la calle bloqueada, pero luego fueron recogidos por patrullas de la policía federal para no perder sus vuelos, que hasta ahora no han sido cancelados.
Contingentes de policías custodiaban edificios estatales y muchos negocios estaban protegidos con vallas en el centro de la capital.
Al final de esta tarde se harán tres marchas que confluirán en la emblemática plaza del Zócalo, a la llegada de las caravanas de padres de los desaparecidos que recorrieron en estos días el país clamando porque sus hijos aparezcan con vida.
"Vamos a pedir apoyo en esta jornada, hacer presión para que nos devuelvan a nuestros hijos vivos. Seguimos adelante, hasta el final, hasta que aparezcan. La situación es grave, hay muchos desaparecidos en todo el país", declaró a AFP Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes, en una de las caravanas camino a la capital.
La crisis estalló a raíz de que 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa (Guerrero, sur) desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad Iguala, en ese mismo estado, tras ser atacados por policías corruptos y narcotraficantes por orden del alcalde local, vinculado con el cártel Guerreros Unidos.
"Con Ayotzinapa nos dimos cuenta que todos podemos desaparecer y antes que eso pase queremos demostrar lo unidos que estamos", declaró a AFP una joven de 25 años, con el rostro cubierto, cerca del aeropuerto.
Según las investigaciones oficiales, los policías entregaron a los estudiantes a sicarios del cártel, que los ejecutaron y quemaron en un basurero de Cocula, vecino a Iguala, y lanzaron sus restos a un río. Los padres no creen esa versión y aseguran que están secuestrados, al tiempo que exigen al Gobierno que siga la búsqueda.
La jornada fue convocada en el simbólico día de la conmemoración de la Revolución Mexicana de 1910, en ciudades de al menos la mitad de estados del país, varias de Estados Unidos, así como de países de Europa, América del Sur y Centroamérica.
La megamarcha llevó al Gobierno a cancelar el desfile militar y civil que se realiza cada año en la capital por la efeméride, al igual que en otras ciudades del país.
En el centro de la tormenta por el caso de los 43 desaparecidos y el escándalo por una lujosa mansión de su esposa, el mandatario ha advertido que actuará con mano firme si ocurren brotes de violencia, lo que hace temer medidas represivas.
El miércoles, Peña Nieto publicó sus cuentas patrimoniales y un día antes su esposa, Angélica Rivera, anunció que vendería la casa, tratando de aplacar la polémica por la mansión adquirida a través de una contratista gubernamental relacionada con el consorcio chino que ganó una millonaria licitación estatal, cancelada repentinamente por el Presidente.
Para los analistas, México vive una de las peores crisis en décadas. "Hay mucha indignación. Lo que estamos viviendo es la punta del iceberg que nos manifiesta que por abajo las cosas están podridas", declaró a AFP el analista Erubiel Tirado, de la Universidad Iberoamericana.
"Pasaron 50 días (de la desaparición) y estábamos aislados (los grupos de la sociedad civil). Ahora el propósito es unificar, llevar al país a la movilización y al cambio", declaró Omar García, estudiante de la escuela de maestros de Ayotzinapa.
En estos dos meses han tenido lugar protestas violentas, con bloqueos y quemas de edificios estatales, sobre todo en Guerrero. El pasado 8 de noviembre, un pequeño grupo incendió la puerta del Palacio Nacional, en Ciudad de México.
Los mexicanos han alzado la voz para condenar la desaparición de los estudiantes, pero también para expresar su hartazgo por la corrupción, la penetración del crimen organizado en las instituciones –crudamente desnudada con el caso de Iguala– y la violencia.
Más de 80.000 personas han sido asesinadas en México y otras 22.000 han desaparecido desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó el combate militar contra los cárteles en 2006. La gran mayoría de esos crímenes siguen impunes.
