Acciones diplomáticas de los países que apoyan la democracia es lo que plantea para Venezuela la general Laura J Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en momentos en que se ha agravado la crisis política en la nación sudamericana por la salida al exilio del excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

La encargada del Comando Sur, una unidad militar de Estados Unidos para asuntos de seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe, aseguró que lo que está pasando en Venezuela “tiene un impacto muy severo en la región” debido al flujo masivo de personas que han abandonado el país para “evitar una crisis humanitaria”.

Ante una pregunta de la Voz de América sobre qué tan preparado está Estados Unidos para la eventualidad de que el presidente Nicolás Maduro siga en el poder por seis años más tras proclamarse ganador de las elecciones sin revelar las actas de votación, la general Richardson aseguró: “Seguiremos trabajando, todos nosotros, como parte del equipo pro-democracia en todo el mundo en favor de una solución política y diplomática para Venezuela”.

La oficial estadounidense habló con la prensa durante un homenaje organizado por la embajada de Colombia en Washington en la que destacó el trabajo conjunto histórico entre Estados Unidos y Colombia en asuntos de seguridad, defensa y liderazgo regional.

La general Richardson dijo que consideraba a Colombia como parte del “equipo democracia” en lo que concierne a Venezuela. La cancillería de Colombia, por su parte, ha insistido en un “diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política” en Venezuela, pero no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, como lo hizo Estados Unidos.

Este jueves la Unión Europea fue más allá y reconoció a González como el presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”.

El reconocimiento de la Unión Europea fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela que en un documento calificó la postura de la Unión Europea como una "grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional asumió el viernes la autoría de un ataque con explosivos contra una unidad militar al este de Colombia en el que murieron tres militares y 26 resultaron heridos, lo que derivó en que el gobierno suspendiera indefinidamente las negociaciones de paz.

El ELN indicó que el fuerte militar “fue atacado con artillería propia” y justificó que se trató de un accionar “legítimo” porque, aseguró, algunos militares tenían presuntas alianzas con paramilitares.

El ataque fue perpetrado el martes en un poblado rural de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. Según el ejército, los explosivos fueron lanzados a los militares desde un vehículo de carga.

El comunicado fue difundido por la delegación de paz del ELN y firmado por el frente que opera en Arauca, donde fue perpetrado el ataque. En el documento el frente asegura que cumplió “orientaciones” de la máxima instancia de la guerrilla sobre una mesa de paz congelada y en crisis desde marzo.

El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, tiene presencia en más de 200 municipios del país, con especial influencia en la frontera con Venezuela, según las autoridades. Tiene una estructura de bloques y responde a un comando central.

El ataque en Arauca sumió en su más honda crisis a la mesa de diálogo que se instaló con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro en noviembre de 2022, luego de que las negociaciones permanecieran suspendidas por más de tres años con el anterior gobierno colombiano a causa de otro ataque con explosivos en Bogotá que causó la muerte de 22 personas e hirió a decenas.

Para Petro, el ataque es prácticamente una “acción que cierra un proceso de paz con sangre”, según dijo el martes dando un ultimátum a la guerrilla.

Sin embargo, un día después la delegación de paz del gobierno informó la suspensión indefinida de los diálogos y no su cierre, advirtiendo que la viabilidad del proceso quedó “severamente lesionada” por el ataque y “su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.

El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.

“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.

En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.

“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.

El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.

“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.

“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.

En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.

Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.

Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.

El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.

Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.

Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.

El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.

El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.

Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.

El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.

Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.

Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.

El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.

Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.

La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.

El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.

Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.

Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.

Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.

El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.

"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.

Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.

La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.

Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.

Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.

El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.

Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.

De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.